Las recientes elecciones celebradas en Venezuela han puesto en primer plano la situación de este país, un país que en 2010 tenía las reservas petroleras más grandes del mundo y era uno de los principales exportadores mundiales de petróleo.
A pesar de esa riqueza, el sistema público de salud está colapsado. Casi tres cuartas partes —el 72,4%— de los centros públicos de salud sufren escasez de medicamentos, equipos y personal, y el 88,9% de los servicios públicos de salud no funcionan. El personal sanitario que denuncia las deficiencias existentes y el bajo nivel salarial es objeto de actos de intimidación por parte de las autoridades.
El costo de la bolsa de la compra para alimentos para una familia de 5 miembros equivalía en octubre de 2023 a unos 494 dólares estadounidenses al mes, y el salario mínimo mensual era de 3,67 dólares, con lo que la mayoría de la población sufre una grave inseguridad alimentaria. Además, el 74,5% de las familias carecen de acceso regular a agua potable.
A esto se une, según Amnistía internacional, una grave crisis de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad responden con fuerza ilegítima a las protestas que reivindican derechos económicos y sociales. Quienes critican al gobierno del presidente Nicolás Maduro son objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. Hay impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que siguen cometiendo las fuerzas de seguridad.
La Corte Penal Internacional investiga crímenes de lesa humanidad, pese a los intentos del Gobierno de suspender el proceso. Siguen empeorando las condiciones penitenciarias, especialmente la falta de acceso al agua y a la alimentación. Los venezolanos huyen del país de forma creciente.
El Gobierno persigue a quienes pertenecen a la oposición política y estos corren peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos. Para ello no se duda en utilizar el sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.
deben liberalizarse los fondos venezolanos procedentes del comercio petrolero y que son necesarios para relanzar la economía ya que Venezuela es un país con múltiples riquezas naturales. Su situación actual no está justificada. El sufrimiento, económico y político, del pueblo venezolano debe terminar
Las organizaciones de derechos humanos ven con preocupación la penalización del aborto, las denuncias de esterilización forzada, el acceso limitado a anticonceptivos modernos y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y los índices altos de mortalidad materna debido a esas limitaciones.
Hay una alta incidencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas y las personas LGBTI continúan sufriendo discriminación.
Durante y después de las elecciones se han registrado una oleada de violaciones de derechos humanos. Tras las elecciones, la población se movilizó pacíficamente para expresar su descontento por las irregularidades electorales.
La falta de transparencia en que se ha dado la consulta electoral con la resistencia del Gobierno venezolano a publicar las actas ha provocado una importante demanda de la comunidad internacional, incluso de países que se consideran aliados de la llamada revolución bolivariana. Sería muy fácil eliminar las sospechas dando publicidad a las actas electorales. Pero ese paso no es el único necesario para solucionar el problema venezolano. Hay que reactivar la economía y realizar una política positiva de derechos humanos. Asimismo, deben liberalizarse los fondos venezolanos procedentes del comercio petrolero y que son necesarios para relanzar la economía ya que Venezuela es un país con múltiples riquezas naturales. Su situación actual no está justificada. El sufrimiento, económico y político, del pueblo venezolano debe terminar.
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