La Junta de Andalucía reconoce en el territorio 185 zonas desfavorecidas identificadas (ZDI) donde reside un total de 1.381.400 personas, prácticamente uno de cada ocho andaluces. De éstas, se han seleccionado 93, donde en conjunto viven 870.035 personas, para la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, que prevé destinar 169 millones de euros hasta 2020 en proyectos para su transformación.
La selección se ha hecho en función de unos parámetros que permiten determinar que presentan un mayor riesgo de padecer problemas graves de pobreza y/o exclusión social, según recoge el borrador de la estrategia. Se localizan en 62 municipios de Andalucía, en su mayoría de Cádiz, Granada y Jaén. De este modo, las escogidas son la mitad de ese total de ZDI referidas. La provincia que alcanza una mayor población residente en este tipo de barrios en términos absolutos es Cádiz con 181.025 personas (20,81%), seguida de Sevilla con 140.675 (16,17%) y Almería con 124.060 (14,26%). En el extremo contrario, Córdoba, con 55.265 personas que viven en ZDI (6,35%).
Se trata de barrios que concentran casi el 25% de la vivienda en edificios en estado ruinoso, malo o deficiente de Andalucía, y además, en ellos reside más del 15% de la población sin estudios o analfabeta (y en cambio solo el 6% de la universitaria). Padecen una tasa de desempleo cuatro puntos por encima de la media regional y registran más del 20% del total de población inmigrante de Andalucía y personas perceptoras del ya desaparecido ingreso mínimo de solidaridad.
La intervención de la Junta de Andalucía en estas áreas comenzó a mediados de la década de los ochenta del siglo XX, y en el mismo documento se reconoce que después de tantos años “no se han obtenido resultados suficientemente satisfactorios mediante el incremento de esfuerzos en políticas sociales de educación, salud y otras”. De hecho, “la ruptura de la organización social causa una escasa respuesta de la comunidad a la acción de las políticas”, según reza el texto. Igualmente, los expertos subrayan que “la ruptura de las redes de confianza y el deterioro de la dinámica relacional actúa como factor de desactivación de las políticas”.
En el documento, sujeto a modificaciones con las aportaciones que se hagan en el periodo de exposición pública, la Junta de Andalucía también admite que, pese a que la actuación mantenida en estas barriadas ha contribuido a paliar la grave situación, “su capacidad de intervención no se corresponde con la magnitud y dificultad de la problemática a la que se enfrenta”. En la misma línea, apunta: “Las actuaciones no logran aplicar una coordinación efectiva, pese a los esfuerzos desplegados por numerosos agentes públicos y privados”. Igual que destaca que “las actuaciones que no han contado con continuidad en el tiempo son muy poco eficaces”.
Se trata de una estrategia está impulsada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, participada por distintos departamentos de la Junta de Andalucía y que deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Para su gobernanza, contará con la Comisión Autonómica de Zonas Desfavorecidas, en el que estarán representadas las consejerías que participarán en las medidas diseñadas, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las ONG que actúan en las mismas.
Desde la Junta de Andalucía defienden que esta estrategia, junto a la recientemente puesta en marcha renta mínima de inserción (RMI), “van a ser importantes instrumentos para mejorar las condiciones de vida de una parte de la ciudadanía en los próximos años”.
Con fondos europeos
Los recursos de esta estrategia procederán de de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y del Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020, en concreto a un programa que lleva por título Mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados. Las previsiones alcanzan hasta 2020, por tanto, si bien se podrán ejecutar actuaciones hasta 2022 inclusive.
Los objetivos de esta estrategia son, en líneas generales, el desarrollo económico, las políticas de cohesión social, la innovación y el desarrollo en la intervención social comunitaria y el trabajo en red colaborativo. Para ello, se fija que cada uno de esos 62 municipios elaborará un plan. Estará vigente un mínimo de cuatro años y será formulado conforme a los principios, ejes, objetivos, medidas e indicadores establecidos en la estrategia.
Cabe recordar que tras unas primeras intervenciones en estos barrios, en 1989 se aprobó el Plan de Barriadas de Actuación Preferente. No obstante, la norma en vigor que regula las subvenciones para las llamadas Zonas con Necesidades de Transformación social (ZNTS) por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales data de 2016.
En paralelo, desde 1991 se convocan cada año subvenciones para el desarrollo de proyectos de intervención. Según los datos aportados por la Junta de Andalucía, desde 2000 se han destinado 132,3 millones de euros a subvenciones a corporaciones locales y ONG para proyectos en las mismas. En la última convocatoria para proyectos en estos entornos, en 2017, se concedieron subvenciones para un total de 208 por un importe de 4,2 millones de euros. De éstos, 34 son liderados por corporaciones locales y el resto por ONG.