Diez años después del inicio de la denominada crisis, uno de cada tres personas residentes en Andalucía está en riesgo de pobreza o exclusión social. En concreto, el 37,3% de la población (más de 3,1 millones) se encuentra en esa situación en el año 2017. Pese a que en los últimos dos años la tasa se ha reducido seis puntos porcentuales, las estadísticas y los indicadores de este fenómeno siguen ofreciendo “datos sangrantes”, según han presentado en rueda de prensa en Sevilla representantes de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía (EAPN-A) en el marco del 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Tanto en lo que respecta a la media nacional como a su valor en el último periodo anterior a la crisis, la realidad de la pobreza en Andalucía ofrece una foto de la desigualdad “crítica” en la comunidad autónoma. Entre los datos más destacados del Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía 2018 están que un 33% de las pensiones en Andalucía se sitúan por debajo del umbral de la pobreza, que las mujeres cobran 3.583 euros menos al año que los hombres o que tres de cada diez trabajadores de Andalucía no superan los 327 euros al mes.
Es la crónica de una crisis crónica, la pobreza que no cesa, según los portavoces de EAPN-A. Una pobreza que no solo se refleja en no poder llega a fin de mes sino en otros factores como el abandono escolar, la violencia de género, la pobreza energética o el fraude fiscal. “Cuesta salir de esos círculos de la exclusión. No hay más que darse una vuelta por alguno de los barrios de Andalucía para ver que detrás de cada número hay un rostro”, ha señalado Susana González, vocal de la red que engloba a 53 entidades sociales de la comunidad autónoma.
Para la realización del análisis de seguimiento, EAPN cuenta con un indicador armonizado que mide la pobreza y la exclusión social en todo el ámbito europeo: el índice AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion).Un instrumento que permite comparar datos estadísticos de distintos países, así como acercarse al fenómeno de la pobreza y la exclusión social de manera precisa, pues no tiene en cuenta solo los niveles de renta, sino también otros factores como los ya mencionados, y que se complementa con otros datos procedentes de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y otros organismos oficiales.
En ese sentido, en Andalucía la tasa AROPE es 10,7 puntos porcentuales superior a la media del conjunto nacional y es la tercera más elevada de todas las regiones, sólo inferior a Extremadura y Canarias. La tasa se mantiene 5,7 puntos porcentuales por encima de la que registraba en el año 2008, lo que supone un incremento del 18 % en el conjunto del período.
Es decir, a día de hoy, cuando se habla de recuperación económica, sigue existiendo en Andalucía un 6% más de población en riesgo de pobreza que en 2008, cuando se inició la crisis. “Hoy hay más de medio millón más de andaluces y andaluzas en riesgo de pobreza que 10 años atrás”, han destacado desde EAPN-A.
Por otra parte, en Andalucía, algo más de 500.000 personas reciben una pensión cuyo importe es inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Eso significa que el 32,9 % de todas las pensiones tienen un importe inferior al umbral de pobreza.
Privación material severa
Asimismo, en el año 2017, el 5,2 % de la población de Andalucía vive en condiciones de Privación Material Severa, es decir, no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo. En los tres últimos años se ha producido en la región una disminución intensa de esta tasa que la llevó, no sólo a su práctica equiparación con la tasa media nacional, sino a un valor inferior al que registraba en 2008. En términos absolutos unas 438.000 personas, 157.000 menos que el año pasado, viven en condiciones de Privación Material Severa en la región, sin que se aprecien prácticamente diferencias por sexo.
Entre las novedades de esta edición del informe, precisamente, se encuentra el apartado de género, cuya máxima manifestación de desequilibrio es la violencia de género. Andalucía, en este punto, es la comunidad con más denuncias de violencia de género (34.543, una subida del 21,7% respecto al año anterior) y con más denuncias presentadas (35.398, una subida del 18%).
También se incluye un epígrafe dedicado a fiscalidad. En ese punto, pese al incremento del PIB, caa andaluz tiene una renta anual casi 2.000 euros inferior a la media nacional. El año pasado se cerró en Andalucía con 420 causas pendientes por delitos económicos contra la hacienda pública valorados en 720 millones.
En el informe se destaca también el incremento del 8% de los desahucios por alquileres hasta los 4.713 el año 2017. Juan Reyes ha explicado que el aumento del alquiler turístico está detrás de este aumento de lanzamientos y que fomenta en los propietarios de viviendas “una fuente de renta adicional”. “Si no se regula, este problema adquirirá mayor magnitud en el futuro”, ha añadido.