El Gobierno andaluz ha vuelto a encajar un aluvión de críticas tras el comunicado difundido el lunes por la Comisión Europea en el que le advierte de que la proposición de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana puede “deteriorar” aún más el acuífero del Parque Nacional. El consejero y portavoz, Ramón Fernández-Pacheco ha insinuado hoy en Canal Sur Radio que la Comisión ha podido recibir “presiones”, en alusión al Gobierno de España. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha respondido a esas palabras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: “Es preocupante que escuchemos a representantes públicos decir cosas como esta sobre las instituciones europeas, y después del aviso de los científicos, seguir diciendo que no entienden, que les manipulan, como si no supieran nada... ayer lo escucharon expresamente. O el consejero no entiende cómo funcionan las instituciones europeas o bien es un comentario tan frívolo que no está legitimado para ejercer las funciones de su cargo”.
El consejero también se había quejado de que el Gobierno no quiere sentarse a dialogar con la Junta. Ribera ha sido categórica: “Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo, podemos hablar de lo que se quiera pero no vamos a negociar ilegalidades”.
La nota difundida por Bruselas horas después de la reunión entre el comisario europeo de Medio Ambiente y el consejero andaluz del ramo decía que la Comisión está “profundamente preocupada por que la legislación andaluza, si se aprueba como se ha propuesto, podría degradar el humedal protegido de Doñana, uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000”, y añadía: “La proposición de ley crea un marco legal favorable para reconocer los derechos del uso de agua de lluvia y de agua en superficie que añadiría una excesiva presión al ya sobreexplotado acuífero”, abunda el comunicado.
El Ejecutivo central y todos los grupos de izquierdas en la oposición exigen la retirada del proyecto, pero la Junta ha hecho una lectura menos severa del encuentro entre Fernández-Pacheco, y el comisario Virginijus SinkeviÄius. Fernández-Pacheco ha matizado que la censura de Bruselas a la ley de regadíos que aparece en el comunicado formaba parte de la “intervención inicial” que hizo el comisario en su encuentro, antes de escuchar sus explicaciones y antes de recibir de su mano un documento con cinco folios donde expone, con detalle, el alcance de la iniciativa de PP y Vox que está tramitando el Parlamento andaluz por la vía de urgencia. El Gobierno de Juan Manuel Moreno descarta “retirar” la ley tras el varapalo de Bruselas.
El portavoz se muestra “satisfecho” de haber podido trasladar su versión de primera mano, porque considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha “intoxicado” con “bulos” la lectura crítica que ha hecho la Comisión Europea de la iniciativa andaluza. Fernández-Pacheco admite el toque de atención de Bruselas a la Junta -“me dijo que la proposición no iba por el camino que la UE quería”-, pero también desliza que pudo haber presiones para lanzar esa nota de advertencia cinco horas después de su reunión con el comisario.
“¿No le sorprendió que sacaran una nota unas horas después... bastantes horas después?”, le ha preguntado el periodista Jesús Vigorra, de Canal Sur Radio, al consejero en una entrevista este martes por la mañana. “Sí, pues supongo que alguien les presionaría [a la Comisión Europea] para que lo hiciera”, responde Fernández-Pacheco. “¿Pudo haber una presión desde el Gobierno de España para que saliera esa nota?”, repregunta el periodista. “Yo no lo sé”, dice el consejero.
La proposición de ley de PP y Vox regula la recalificación de parcelas a unos 30 kilómetros de Doñana, suelos que ahora son de secano y que la ley convertirá en terrenos de cultivo regable. La norma otorga “derechos de agua”, pero no el agua, porque la Junta no tiene competencias en la materia, y ésta depende de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, adscrito al Gobierno de España.
La ley también condiciona ese uso de agua, a futuro, a que se construyan unas obras hidráulicas pendientes que proporcionen agua en superficie (un túnel, una presa y un trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras que no están empezadas). El Ministerio de Transición Ecológica ha respondido, por activa y por pasiva, que no habrá nuevos permisos de riego, “porque en la actual coyuntura de sequía, ya no hay agua ni para los cultivos de fresa que ahora riegan legalmente”; y porque ese trasvase pendiente, regulado por una ley de 2018, apunta a un agua superficial (20 hectómetros cúbicos) que ya está comprometida para parcelas con permisos, no para nuevas.
Moreno ha admitido que esta proposición de ley, impulsada por los partidos que sujetan su Gobierno de mayoría absoluta, le está “dejando jirones”. La misma iniciativa fue llevada al Parlamento al final de la pasada legislatura, pero decayó con el adelanto electoral de junio de 2022. Ahora es distinto, porque se ha registrado un texto muy similar al inicio de un mandato de cuatro años con un PP de mayoría absoluta, sin las ataduras con Vox de la pasada legislatura. Eso, sin embargo, no ha evitado que los populares registraran su ley un mes después de que el grupo ultraderechista registrase de nuevo la proposición anterior.
El presidente andaluz se ha mostrado dispuesto a modificar lo que Bruselas le diga para hacer la ley viable, pero ese camino es incierto: los proponentes de la ley son PP y Vox, que han consensuado el texto registrado. La oposición de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante- exigen su retirada y no van a presentar enmiendas parciales, para no validar el procedimiento elegido para sacar adelante este proyecto. Acusan a Moreno de parapetarse tras el Parlamento andaluz -tras los grupos proponentes-, para evitar una futura denuncia de la oposición por “prevaricación, por aprobar una ley desde su Gobierno a sabiendas de que es ilegal”, dicen.
La Junta defiende el procedimiento elegido, porque sostiene que es “más garantista”, porque permite al resto de grupos presentar sus ideas para mejorarla, y porque todos los agentes sociales afectados -agricultores, regantes, alcaldes, autoridades europeas, nacionales, andaluzas y del condado de Huelva- serán convocados por el Parlamento para dar su opinión. Este proceso ya tuvo lugar con la primera proposición de ley, que no difiere en lo mollar del texto que ahora se debate.
Fernández-Pacheco ha vuelto a cargar contra la ministra Teresa Ribera, que minutos después de su reunión con el comisario europeo convocó a la prensa para exigir que “la proposición de ley vuelva a la papelera”. Ribera, además, amenazó a la Junta con repercutirle las multas millonarias con las que Bruselas ha amenazado a España si esta medida es aprobada “en los términos actuales”. El comunicado de la Comisión Europea también da un tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que reprocha que las medidas articuladas para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia Europea, de 24 de junio de 2021, “no son suficientes”.
El consejero andaluz ha puesto el acento en ese reproche, y afea a la ministra que no se haya sentado a negociar con ellos desde que se desató la crisis política en torno a Doñana. “No quieren hablar con Andalucía, han roto los puentes de colaboración”, se queja. Gobierno y Junta han tenido dos reuniones al más alto nivel sobre este asunto, la primera el 28 de diciembre entre el secretario de Estado de Medio Ambiente y el consejero del ramo; y otra el 27 de febrero.
En la primera acordaron crear una comisión bilateral mixta para tratar juntos todo lo que afectara al Parque Nacional, pero desde entonces no se ha convocado. En la segunda, ya con la proposición de ley redactada, el número dos del Ministerio pidió a la Junta que no registrara la iniciativa, pero finalmente PP y Vox lo hicieron.
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