El 19% de las aguas que se devuelven al medio hídrico, según reconoce la Junta de Andalucía, no está debidamente depurada, así que la sanción por parte de la Unión Europea cada vez está más cerca. España tiene hasta 2015 para alcanzar los objetivos marcados por Europa, en los que se exige a todos los estados miembros cumplir con un estricto control en contaminación. “Y no vamos a llegar”, anuncia Antonio Amarrillo, responsable andaluz de Aguas de Ecologistas en Acción. ¿Los culpables? En principio los ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias en materia de saneamiento y depuración, pero que a la vez no cuentan, en muchas ocasiones, con capacidad económica para realizar esta labor.
En 2010, esta realidad y la presión de Europa llevó a la Junta a actuar de manera subsidiara cobrando un canon en los recibos para realizar las infraestructuras necesarias y comenzar 2015 con los deberes hechos. Todo ello apoyado por el Gobierno central, que también se comprometió a destinar parte de su presupuesto a esta materia. Sin embargo, cuatro años después, con 133 millones recaudados a través del impuesto de mejora de infraestructuras hidráulicas buena parte del agua que se vierte sigue contaminada.
“La cifra del 19% ya de por sí negativa, tiene muchas matizaciones y no siempre coincide con la realidad”, explican desde la Diputación de Granada. Los técnicos de este organismo han realizado un exhaustivo estudio en los pueblos de la provincia para comprobar el estado de su red hídrica y han descubierto “graves deficiencias en la inmensa mayoría de los municipios”. Tanto es así, aseveran, “que el 45% de los 168 pueblos granadinos no tienen depuradora y cerca de la mitad del 55% restante están en mal estado”. Granada es uno de los peores casos, dicen, “porque tiene además más de 500 núcleos de población muy pequeños por lo que los consistorios no pueden asumir el gasto que supone construir y mantener una depuradora”.
“Los ayuntamientos no pueden con todo, muchos de ellos destinan el 60% de lo recaudado al pago de nóminas, ¿cómo van a hacer frente al mantenimiento de unas depuradoras antiguas que funcionan con electricidad?”, se pregunta Amarrillo. En Sevilla, comenta, “el 36% de los pueblos o no tienen depuradora o no funcionan”. En la zona de la Campiña, asegura, “la única forma de depurar, por el alto costo que tiene, es con el almacenamiento en balsas y cuando toca un invierno de lluvia, pues todo se desborda y a los arroyos”.
Costa e interior
Costa e interiorLa situación es parecida en Huelva, donde aún no tiene datos porcentuales cerrados, según Iñaki Olano de Ecologistas en Acción. “Pero sí sabemos que en las zonas de costa estas infraestructuras son muy antiguas y funcionan mal como es el caso de Matalascañas o Isla Cristiana”, aquí las mareas, explica el experto, “hacen que los niveles de contaminación no salgan muy elevados porque hay corrientes fuertes, a diferencia del Mediterráneo que es más tranquilo”. Esto los salva en las clasificaciones de playas limpias. Sin embargo, en el interior, ya es otra cosa, “como en Palos de la Frontera, cuya depuradora no funcionaba el año pasado. Aquí todos los vertidos van las cabeceras de ríos y arroyos con un impacto medioambiental muy fuerte”.
Ninguna provincia se salva y hasta las zonas más turísticas como Níjar (Málaga) son ahora noticia por las denuncias ante la Fiscalía por supuestos vertidos continuados de aguas residuales “porque la depuradora de Lagunas de Genival está colapsada y tiene un inexistente mantenimiento”, explica Alexis Pineda de IU.
Con estas noticias y porcentajes, aunque la Consejería de Medio Ambiente tenga previsto en los próximos meses “licitar los proyectos pendientes más urgentes” y haber invertido hasta diciembre del año pasado 201 millones de euros en obras de depuración y tener comprometidos para este, conjuntamente con el Estado, 257 millones para el mismo fin, la realidad es que en Andalucía el 81% del agua que se devuelve está debidamente depurada.