Andalucía aguarda la reforma del traslado de menores migrantes con sus recursos “colapsados” y reclama su “singularidad”

La llegada de menores migrantes a las costas andaluzas obligó a la Junta en 2017 y 2018 a ampliar el sistema de acogimiento con plazas de emergencia. Ahora, el Gobierno andaluz espera que haya 'fumata blanca' a una nueva propuesta para el traslado de menores migrantes desde Canarias, pero con matices. El ministro de Política Territorial y el presidente de Canarias anunciaron este miércoles la convocatoria de una Conferencia Sectorial para consensuar con los gobiernos autonómicos la reforma de la Ley de Extranjería que permita reubicar a esos menores de edad en momentos de “emergencia” como el que vive el archipiélago.

Y, ¿como afronta esa propuesta la Junta de Andalucía? “Tenemos los recursos colapsados. Andalucía cuenta con 645 plazas para menores migrantes y esta cifra se ha superado, alcanzando 676”, cifran fuentes de la Consejería de Inclusión Social dirigida por la popular Loles López, desde donde añaden que se ha atendido en lo que va de año a 1.949 menores migrantes, esto es, casi 500 más que en el mismo periodo de 2023 y casi lo mismo que todo el año pasado (2.242). Para la Junta, el Gobierno central “improvisa y no soluciona ni a medio ni a largo plazo el problema estructural de la inmigración irregular que está llegando a Canarias”.

“El riesgo de colapso es real”, denuncian desde la Consejería, detallando que desde noviembre la Junta ha acogido a 410 menores llegados desde Canarias bajo el conducto del traslado de adultos y que ha supuesto un coste superior a los tres millones de euros. “Eso ha tensionado nuestros recursos”, sostiene la Junta, que apuesta por “coordinación, planificación y financiación”, teniendo en cuenta además que Andalucía mantiene un convenio con Ceuta para el contingente de menores procedentes de la ciudad autónoma y ha recibido un total de 90. La Consejería recuerda la “singularidad” de Andalucía como una de las puertas de entrada de la frontera sur, una “comunidad de riesgo” en este sentido junto a las ciudades autónomas (Melilla y Ceuta) y Canarias.

De momento, todos los grupos del Congreso, menos Vox, están dispuestos a apoyar el traslado de menores migrantes desde Canarias, si bien el PP se resiste hasta que no se pacte con las autonomías, y Junts ha asegurado que solo apoyará la reforma si se excluye a Catalunya. El Gobierno de España y el canario presentarán la propuesta en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tendrá lugar en las islas en las próximas semanas. El Partido Popular no se ha opuesto a apoyar el pacto, pero ha exigido conocer los detalles sobre la financiación que recibirán las comunidades para poder acoger a los jóvenes, algo en lo que hace hincapié la Consejería: “Es necesaria la financiación y tener en cuenta la situación de la que parte Andalucía”, dice la Junta.

En la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del 11 de junio en Madrid, la consejera Loles López lamentó que el acuerdo “unilateral” con Canarias para el reparto de menores migrantes era “reflejo de la descoordinación y las peleas internas que existen en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez como consecuencia del boicot permanente entre sus ministerios”.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó este miércoles que la modificación de la Ley para la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas es una “propuesta sensata” y “equilibrada”. En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Sira Rego ha explicado que el Gobierno está trabajando “en un diálogo activo con todas las fuerzas políticas parlamentarias” para lograr un consenso y que el acogimiento de niños y niñas migrantes no acompañados “se haga de una manera equilibrada”.

En este sentido, la ministra ha afirmado que el Ejecutivo plantea que “siga vigente el criterio que se utilizó en el año 2022, que gozó del consenso y el acuerdo de todas las comunidades autónomas” y cualquier cambio de ese criterio pase “por un mecanismo de coordinación a través de la Conferencia Sectorial de Infancia con las comunidades autónomas”.