EDUCACIÓN
La Consejería de Desarrollo Educativo del Gobierno andaluz remitió la semana pasada unas instrucciones a todos los centros escolares con las que autoriza a interrumpir la jornada lectiva a las 12 del medio día - o antes, de forma excepcional - y adelantar la salida de los alumnos para evitar las horas de más calor. Las instrucciones rozan el derecho (y la obligación) a la educación en Primaria y Secundaria, por eso la Consejería exige la autorización escrita de los padres o representantes legales de los alumnos y el acuerdo previo con la dirección de cada centro.
El protocolo frente a la ola de calor es el mismo desde 2017 -también se ha aplicado en otras comunidades, como Madrid o Extremadura-, aunque este año se ha adelantado a principios de mayo porque se viven temperaturas propias del verano. La flexibilización del horario lectivo en estos términos solo se podrá aplicar si la Agencia Estatal de Meteorología (AEMT) activa la alerta naranja o roja por exceso del calor.
En cualquier caso, las instrucciones este año han suscitado malestar en parte de las familias y el profesorado - quienes tildan las medidas de la Junta de “vergüenza” - porque en Andalucía está en vigor desde 2020 la Ley de Bioclimatización de centros escolares, aprobada en el Parlamento por unanimidad en junio de aquel año y, desde entonces, “no se ha desarrollado absolutamente nada”, como denuncia Teresa Pablo, portavoz de la plataforma Escuelas de Calor que lideró el movimiento social que impulsó la norma.
En efecto, esta normativa que obliga a las administraciones - Junta y ayuntamientos - a ejecutar obras en las escuelas para refrescar y ventilar las aulas y los espacios comunes ha tenido un escaso desarrollo. Entretanto, la Consejería de Educación ha trabajado en el Plan de Bioclimatización y Energías Renovables que contempla obras de climatización en 430 centros educativos ubicados en zonas de severidad climática, pero el 85% aún no se han ejecutado, de ahí que el departamento de Patricia del Pozo haya adelantado el protocolo para permitir que las familias saquen a sus hijos del colegio a las 12 del mediodía (o antes de forma excepcional).
De los 430 centros escolares con obras programadas de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas, solo se han ejecutado el 15%: 66 están finalizadas, 280 están en construcción, 62 contratadas y las 22 restantes en contratación o proyecto, según los datos aportados por la consejería. Del Pozo admitió el martes, tras el Consejo de Gobierno, que el adelanto de la ola de calor al mes de abril ha pillado a su departamento sin los deberes hechos, pero prevé que el plan de obras para climatizar las aulas dotado con 140 millones de euros procedentes de fondos europeos esté ejecutado antes de que termine este año.
La consejera ha defendido que interrumpir el horario escolar a las 12 y mandar a los alumnos a casa “no afectará la jornada lectiva”, si bien, a preguntas de los periodistas, no aclaró qué herramientas articularán los centros para garantizar la educación de los niños en sus hogares. Los alumnos que decidan permanecer en el aula hasta que concluya el horario lectivo fijado al inicio del curso seguirán recibiendo clases de sus docentes. Del Podo sostiene, sin embargo, que no se avanzará en el temario curricular y que el contenido de lo que impartan quienes sigan en el aula “no será evaluable”, para no afectar a quienes se vayan a casa.
Los sindicatos de profesores han testado la incertidumbre y el descontento de algunos centros, donde los equipos directivos se quejan de “la falta de concreción” de las instrucciones, y de que tendrán que “duplicar su jornada” para cubrir la enseñanza de los niños que se quedan y de los que se marchan a casa, porque Educación ha delegado la decisión final de escolarización obligatoria en los padres.
El escenario es complejo, más aún si se prolonga la alerta de calor: ¿cómo se interrumpe el programa lectivo un mes y medio antes de que termine el curso escolar? ¿Cómo afectará esto en el alumnado, sobre todo el del último año de Secundaria? ¿Qué ocurre si los padres de los alumnos que se quedan en la escuela exigen que se cumpla la jornada lectiva ordinaria para sus hijos? ¿Qué ocurre si los padres que se llevan a los niños a casa exigen que se articule una metodología de docencia a distancia para que sus hijos no pierdan el ritmo de aprendizaje?
También hay dudas legales al respecto: ¿Qué pasa si un alumno es hijo de una pareja divorciada, que comparte la patria potestad, el padre firma la autorización para sacarlo del colegio a las 12 y la madre le denuncia a él, al colegio y a la Administración educativa por un delito de absentismo escolar? El artículo 226 del Código Penal castiga a quien “dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar” con una pena de prisión de hasta seis meses o de multa de hasta 12 meses.
Hay jurisprudencia al respecto, con sentencias que condenan a los padres por vulnerar el derecho y la obligación legal de llevar a sus hijos a la escuela entre los 6 y los 16 años, aunque no con la autorización de la Consejería de Educación a través de unas instrucciones (no una orden o un decreto). CODAPA entiende que flexibilizar horarios de esta manera “ataca el derecho a la educación de nuestras hijas e hijos” y genera “una brecha entre las familias que puedan o no recoger a sus hijos a esa hora”.
Las instrucciones de la consejería estipulan que “la salida anticipada del alumnado menor de edad deberá ser siempre autorizada por sus representantes legales, que deberán personarse en el centro (o persona autorizada expresamente), registrando por escrito la hora exacta de la salida y firmando el preceptivo documento homologado por el centro”.
Precisamente, las organizaciones sindicales coinciden en señalar que adelantar la hora de salida “afecta a las familias” a la hora de conciliar, por cuanto “los tiempos escolares suelen estar acompasados” con la jornada laboral de los progenitores, como recuerda la responsable autonómica de Educación de CSIF, Elena García. De acuerdo con el responsable de Política Educativa de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Rodríguez, esta “controvertida” medida se ha planteado otros cursos, pero la diferencia es que entonces afectaba tan solo “a la última semana del curso” y no cuando todavía “quedan dos meses de clase”. Comunidades autónomas como Extremadura y Castilla-La Mancha ya redefinieron la actividad lectiva de sus centros ante la ola de calor en junio de 2022, y Madrid también ha aprobado un plan contra el calor que incluye adaptar el horario lectivo a las condiciones meteorológicas.
Semejante escenario a más de un mes de que arranque la temporada estival y dos de que concluya el curso escolar ha despertado la “indignación” de la comunidad educativa. Primero, porque las medidas de la Junta “no hacen más que repetir, año tras año, los mismos planes de emergencia que no dan resultado”, según denuncia la confederación de AMPA por la Escuela Pública de Andalucía (CODAPA). En segundo lugar, porque “trasladan la responsabilidad” a los equipos directivos, a los docentes y a las familias, como arguyen desde CCOO, CSIF y Ustea.
Y, en definitiva, porque “vulneran el derecho a la educación de calidad” que pretende blindar la Ley de Bioclimatización combatiendo el “estrés térmico” que padecen docentes y alumnos en las aulas, en palabras de la portavoz de Escuelas de Calor, quien insiste en que existe un decreto de salud laboral que estipula que el intervalo de temperaturas para desarrollar “trabajos sedentarios propios de oficinas o similares” oscilará entre 17 y 27 grados, “y eso se pasa de largo en las aulas de Andalucía”.
Por todo ello, los sindicatos y las asociaciones de padres y madres comparten una misma posición crítica respecto a las instrucciones anunciadas por el Ejecutivo andaluz, por considerarlas “parches” que “no vienen a solucionar el problema de fondo” que atraviesan las escuelas en plena crisis climática. “No hay medidas concretas y enmascara la inacción de la Junta en relación a la bioclimatización”, sostiene en este sentido Carmen Yuste, responsable de Acción Sindical de Ustea.
Al margen de los problemas de conciliación, CCOO Andalucía advierte también del riesgo de crear una “brecha social diferenciadora entre centros”. “Los que estén acondicionados bioclimáticamente, podrán seguir impartiendo sus clases y aquellos que no, tendrán que irse a sus casas”, lamenta Diego Rodríguez, quien pone el foco en la falta de “inversión” que le achaca a la Consejería.
En línea similar, desde CSIF recuerdan que las obras de climatización se están llevando a cabo en la comunidad “con cuentagotas”, a tenor del número de centros educativos que alberga Andalucía. “Se están adoptando medidas muy puntuales en unos pocos centros [430 contempla el plan de la Junta], cuando Andalucía tiene 7.000; eso no es aplicar la bioclimatización integral para convertir los centros en pulmones verdes y refugios climáticos” que contempla la Ley que se aprobó hace tres años, como recuerda ahora la profesora y sindicalista de Ustea.
A este respecto, desde la Consejería de Desarrollo Educativo defienden que desde 2019 se han ejecutado un total de 169 actuaciones para la implementación de medidas pasivas de climatización (creación de zonas de sombra, sustitución de ventanas y colocación de celosías, instalación de ventiladores, etc.) por valor de más de 17 millones de euros. Algo que sigue siendo “insuficiente” a ojos de la comunidad educativa, que atiende cómo después de tres ejercicios sigue sin acometerse el desarrollo reglamentario de una Ley que recoge numerosas “medidas bioclimáticas” para paliar los “episodios de desmayo y hemorragias nasales” que se suceden en los centros cuando se disparan las temperaturas, como está sucediendo ya, atendiendo a las denuncias que trasladan a este periódico los profesionales de la educación.
“En 18 meses tendría que haber dejado hecha la guía técnica que marcaba las condiciones de reforma de los centros, en seis años tendría que haber tenido hecha la evaluación y auditorías energéticas de las condiciones que tiene la red escolar andaluza. Ya han pasado tres y no ha hecho ni una sola auditoría ¿Cuántos siglos vamos a tener que esperar para que nuestros hijos e hijas y sus docentes estén en condiciones térmicas saludables?”, se pregunta Teresa Pablo. Para esta madre y activista en defensa de la Educación Pública, la falta de desarrollo del texto legal por parte del Gobierno de Moreno Bonilla se explica porque “en realidad no creen en ella”. “Requiere inversión, tomarse en serio la educación pública”, pero en su lugar, ponen en marcha un plan con el mismo nombre “para fingir que trabajan”, opina. “Los que nos gobiernan están en despachos bien climatizados y no salen a desayunar a un patio a pleno sol”, remata la portavoz de Escuelas de Calor.
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