La comunidad educativa andaluza -1,6 millones de alumnos y 102.000 profesores- se encuentra bloqueada en medio de un debate de competencias entre el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía a la espera de ver quién asume la responsabilidad de reabrir los más de 7.000 colegios de la comunidad y en qué condiciones. Las administraciones muestran un evidente vértigo a la hora de tomar decisiones que pongan en riesgo la salud pública y, entretanto, miles de familias y docentes se revuelven en la incertidumbre.
Finalmente, el departamento de Isabel Celaá ha lanzado un documento con las indicaciones consensuadas con el Ministerio de Sanidad para el inicio del próximo curso escolar, y en paralelo, la consejería de Javier Imbroda ha compartido con los sindicatos docentes un borrador con instrucciones sobre la vuelta al cole. ¿Son compatibles? Relativamente. El Ministerio propuso que en la etapa Infantil y hasta el 4º de Primaria las clases sean “idealmente” de 15 alumnos, pero abre la mano a un máximo de 20 “ya que es un grupo de convivencia estable”. Las comunidades han rechazado este jueves ese protocolo, que definía aspectos muy concretos (y muy costosos), y en su lugar se ha consensuado un plan más genérico y menos ambicioso.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno espera ver cuánto dinero recibirá del fondo del Gobierno anti covid para educación (2.000 millones para todas las comunidades), y ya ha avanzado que contratará a profesores de refuerzo (sin precisar cuántos ni a qué centros serán enviados). Pero también ha dejado claro que la propuesta inicial de Celaá es “imposible”, no sólo por el sobregasto que implicaría desdoblar todas las aulas andaluzas [150 millones al mes para fichar a 55.000 docentes, según un estudio de CCOO], sino porque las infraestructuras educativas en las grandes ciudades de la región ya están sobreexplotadas y no existe el espacio disponible que sugiere el Ministerio para separar un grupo de 28 alumnos en dos aulas de 14 niños.
En Andalucía hay más de 30.000 unidades con 25 o más estudiantes, según datos de la Consejería de Educación. “Los ajustes que nos proponen requieren unos recursos infinitos y en muchos casos ilimitados”, dice Imbroda. “La ministra Celaá fue consejera de Educación en Euskadi y puede pensar que aquí los grupos son tan reducidos como allí”, dice un alto cargo de la consejería. Es la misma queja que han formulado otros presidentes autonómicos, tanto del PSOE como del PP, sobre todo los de comunidades más grandes. La población escolar de Andalucía, incluyendo las universidades, ronda los dos millones de alumnos, prácticamente los mismos habitantes que hay censados en todo Euskadi.
El protocolo del Ministerio también rebajaba la distancia mínima de seguridad entre alumnos de dos metros a 1,5 metros, y para los cursos superiores no ha puesto un tope máximo de estudiantes por clase. Celaá propone que todos vuelvan presencialmente a clase en septiembre, “si es posible”, y si no se puede garantizar la distancia de seguridad, que lo haga “el máximo número posible”. Las instrucciones de la Consejería de Educación exploran la posibilidad de combinar clases presenciales y a distancia el próximo curso, pero con una redacción un tanto ambigua que ha provocado muchas dudas entre el profesorado. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, pide a las escuelas que entre junio y julio -como es habitual- planifiquen el próximo curso con dos modelos distintos, uno con enseñanza presencial y otro on line.
El artículo 1.c de estas instrucciones dice así: “Los criterios organizativos y pedagógicos para realizar, en su caso, el posible reajuste de las cargas horarias para adaptarlas a la situación de no presencialidad, atendiendo a un currículo globalizado, de manera que se coordine la intervención docente en el marco de modelos de educación a distancia. De esta forma, el centro en el ámbito de su autonomía pedagógica y organizativa ha de disponer de dos marcos de organización horaria adecuados a si la enseñanza es presencial y el necesario ajuste de la intervención docente durante la enseñanza on line”.
La redacción alambicada de este párrafo da para muchas interpretaciones, según una docena de profesores consultados por este periódico. Algunos creen que la Junta les pide un “plan b” a la enseñanza presencial, por si hubiera un rebrote de contagios en el centro escolar que les obligue a enviar a casa a sus alumnos de nuevo. Otros, en cambio, creen que tendrán que articular los “dos marcos de organización horaria” de manera “simultánea”, uno para un grupo reducido de alumnos presenciales y otro para otro grupo que seguirá la lección desde casa a través de soportes telemáticos. Para cualquiera de ambas lecturas, los sindicatos han protestado a Imbroda porque “con el pretexto de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, nos piden duplicar la pedagogía y duplicar la organización, pero en ningún momento duplican los recursos”.
Fuentes de la Consejería de Educación han explicado a este periódico que en ningún caso se contempla “un modelo de rotaciones” de alumnos en las escuelas -combinando clases presenciales y a distancia- como se ha planteado en la Universidad, “y menos en la educación Primaria y Secundaria obligatoria”. “Sólo se pide que el profesorado tenga en cuenta que puede volver a producirse una situación como la de ahora, de suspensión de la actividad docente presencial, de manera que planifique la intervención docente para el curso 20/21 como siempre, por un lado, y por otro, prevea que en su centro o en su localidad se puede acordar la suspensión, y que tiene que estar preparada esa intervención docente para la no presencialidad”.
Consultados los sindicatos, coinciden en que preparar un curso escolar presencial y otro a distancia no es “lo de siempre, como apunta la consejería”. CCOO, UGT, ANPE, CSIF y Ustea advierten de que el último trimestre de este curso -suspendidas las clases presenciales desde marzo- ha demostrado “la falta de recursos y preparación tanto de la Administración como de los centros para afrontar la educación a distancia”, y afean al departamento de Imbroda que quiera repetir en septiembre una fórmula “que en la mayoría de los casos no ha funcionado”.
También apuntan que planificar un curso presencial y otro a distancia “con los mismos recursos de personal y herramientas telemáticas supone doblar esfuerzos”. “Ni la mayoría de profesores ni la mayoría de centros ni muchas familias están preparados para adaptarse a una enseñanza on line desde casa”, aseguran fuentes sindicales. El parón del curso escolar a mediados de marzo, tras la declaración del estado de alarma, obligó a las escuelas a improvisar mecanismos acelerados de educación a distancia, valiéndose de teléfonos inteligentes, tablets y ordenadores. Pero el Ministerio reconoció que el 10% del alumnado se quedó descolgado, porque sus familias no tienen acceso a internet; un 17% en el caso de Andalucía.
Las instrucciones de la Consejería de Educación son orientativas para adaptar el curso en marcha a cualquier contingencia sanitaria, pero no contemplan qué hacer en caso de un contagio entre alumnos o profesores. Imbroda sí ha explicado que, si se diera esta situación, “se actuará sobre el centro educativo afectado, se aislará y se someterá a cuarentena”. La Junta de Andalucía se ha adherido al protocolo de mínimos con 14 puntos propuesto por la ministra Celaá, muy genérico, pero que también obliga a las comunidades a adoptar ciertos compromisos. Por ejemplo, reactivar los servicios educativos complementarios, como el aula matinal, el comedor escolar, las actividades extraescolares y el transporte escolar. Todos estos servicios fueron suspendidos junto con el curso presencial, y las empresas que los ofrecían tuvieron que acogerse a un ERTE.