El Consejo de Gobierno ha conocido este martes el informe que ha elaborado la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio y que ha remitido para que el Gobierno de España lo envíe a su vez a la Comisión Europea a la que ha pedido que medie frenar el daño que el proyecto gasístico previsto en el entorno del Parque Nacional de Doñana puede hacerle a esta reserva.
Básicamente, se pide que la Comisión Europea intervenga para exigir que el Gobierno de España haga una evaluación conjunta del proyecto. Para ello, el informe alude a la incompatibilidad del mismo con la protección de este espacio y sostiene que no se han aplicado los principios de cautela y prevención.
El consejero José Fiscal ha explicado que el informe se ha elaborado en el marco del procedimiento informativo abierto por la Comisión Europea y se ha remitido Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación como interlocutor válido con la misma. “El informe se completa con datos de la situación actual del proyecto, la intervención de la Junta de Andalucía y los recursos administrativos y judiciales en curso”, ha expuesto.
En la misma línea, José Fiscal ha comparado esto con el proyecto del Castor, finalmente desestimado por los riesgos sísmicos y con una indemnización “millonaria” por parte del Gobierno de la Nación a la empresa.
Cabe recordar que en el caso de Doñana, el proyecto de extracción y almacenamiento de gas se dividió en cuatro: Saladillo, Marisma Occidental, Marisma Oriental y Aznalcázar. Cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por el Gobierno de España que es el competente para ello.
La Junta de Andalucía, por su parte, emitió la denominada AAU (autorización ambiental unificada desfavorable en el caso de Marisma Oriental, por su afección negativa a Doñana, mientras que Aznalcázar y Marismas Occidental sí contaron con su beneplácito. Esta última contó con el respaldo del Consejo de Participación de Doñana.
Respecto a Saladillo, el proyecto cuenta con una autorización anterior a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En cualquier caso, la Junta de Andalucía exige la adecuación a los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016, que extreman la conservación y que prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.