SANIDAD

Andalucía confía a la sanidad privada el reto de dejar a cero en 2024 la lista de pacientes fuera de plazo para operarse

El Gobierno andaluz se ha propuesto como reto dejar a cero en 2024 la lista de espera de pacientes fuera del plazo legal para operarse, que hoy ronda los 50.000 andaluces. Pero admite que necesitará normalizar las derivaciones a la sanidad privada, un modelo que cuestiona duramente toda la oposición de izquierdas.

“Nuestro compromiso es que en 2024 no existan andaluces fuera del decreto de garantías, pero para eso la medida es seguir con el autoconcierto [continuidad asistencial voluntaria de los médicos por las tardes], que va a tener más de 20 millones el año que viene y, por supuesto también, el concierto con clínicas externas para poder darle solución a todo lo que sale fuera de esos decretos de garantía”, ha asegurado este viernes la consejera andaluza de Salud, Catalina García.

Las fluctuaciones diarias de las listas de espera sanitarias en Andalucía dibujan una montaña rusa de la que el Gobierno de Juan Manuel Moreno no logra apearse. La Consejería de Salud publicó a final de noviembre los datos del corte oficial remitido días antes al Ministerio de Sanidad, correspondiente a junio de 2022.

Se publicaron con año y medio de retraso, y arrojaron unas cifras que la Junta asumió enseguida como “muy malas”: más de un millón de andaluces esperaba una intervención quirúrgica -45.000 desde hace más de un año- o una cita con el especialista. Destacaba el dato de pacientes que había rebasado el plazo máximo legal para operarse: 36.004 personas. El jueves, este periódico reveló el repunte acelerado de esta lista de espera entre junio y octubre, llegando a rozar los 56.000 pacientes, un 55,5% más.

El departamento de Catalina García explicó a esta redacción que el aumento se debía a dos factores: el parón asistencial de los meses de verano -julio y agosto- que hace que la lista de espera se dispare y no vuelva a estabilizarse hasta octubre. Y “la finalización en el primer semestre del año de los contratos de emergencia y los conciertos”, que fueron suspendidos en junio, tras publicar este periódico que el Sistema Andaluz de Salud (SAS) llevaba dos años prorrogando esa contratación a dedo -sin publicidad ni concurrencia competitiva- acogiéndose al real decreto habilitado por el Gobierno central en lo peor de la pandemia, y derogado en mayo de 2021.

Fuentes próximas a García confirman a eldiario.es que la lista de espera de pacientes fuera de plazo para ser operado ha disminuido “en miles” respecto al pico de 56.000 registrado en octubre, y que actualmente ronda los 50.000, un 38,8% más que en junio. Cuando se hacen públicos los datos de junio, el pasado mes de noviembre, la Consejería de Salud ya era consciente del repunte acelerado que habían experimentado esas cifras como consecuencia de los meses de verano y la cancelación brusca de los contratos de emergencia para derivar a pacientes a la privada.

La foto fija de las listas de espera ha reactivado la polémica en torno a la gestión sanitaria del Gobierno de Moreno, apenas 24 horas después de aprobarse los Presupuestos Andaluces para 2024 con el voto en solitario del PP y el rechazo de toda la oposición en bloque. Durante un acto público en Sevilla, la consejera ha sido preguntada por el repunte de pacientes en octubre y ésta ha reconocido que volverá a incrementarse en enero, como consecuencia del parón asistencial de la Navidad. “Desgraciadamente no podemos sustituir a los profesionales en vacaciones”, ha asegurado.

García está en el ojo del huracán de la política andaluza, objeto de duras críticas tanto desde los grupos de la oposición como de los sindicatos sanitarios. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido este viernes su cese, después de hacerse público que la lista de espera de pacientes fuera de plazo legal para operarse se ensanchó en más de 20.000 personas en cuanto el SAS tuvo que suspender la contratación extraordinaria con clínicas privadas sin el anclaje legal de la pandemia.

“Cuatro meses después, las listas no dejan de crecer de manera absolutamente alarmante, la única respuesta del Gobierno andaluz es seguir derivando pacientes a la privada”, ha denunciado Espadas, tras subrayar que ese “modelo de gestión no funciona”.

La consejera ha explicado que “las listas de espera están continuamente subiendo y bajando, eso es una realidad. En los meses de julio y agosto se paraliza… se quedan abiertos los quirófanos pero sólo para procesos oncológicos, urgencias, pero nada programado. Si viéramos los datos mensuales veríamos esas bajadas y subidas”.

García sostiene que en el mes de octubre, tras el pico más alto en la lista de espera, los médicos acogidos al autoconcierto “estaban reduciendo listas de espera”. “Aunque aumenta”, ha añadido. “Entran y salen de una manera continuada, y siempre vamos a tener esa bolsa de pacientes”, concluye, lanzando un vaticinio: “Si miramos las listas en enero, habrá subido otra vez, claro que sí. En diciembre, otra vez, los quirófanos quedan dedicados a urgencias y procesos oncológicos, porque desgraciadamente los profesionales se van de vacaciones y no los podemos sustituir”.

Desde su departamento, enmarcan los datos de pacientes en espera en la actualidad en “el elevado volumen de actividad de los hospitales andaluces, que alcanzarán 400.000 intervenciones quirúrgicas antes de finalizar el año”.

Contratación extraordinaria durante dos años

Entre enero y diciembre de 2021, el SAS adjudicó a dedo -sin publicidad ni concurrencia competitiva- 70 millones de euros a 79 clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia.

Ese marco normativo estatal, que permitió a las comunidades contratar a dedo con empresas sanitarias usando un procedimiento más ágil para contener la propagación del virus sin necesidad de pasar por todos los trámites de contratación en la Administración Pública en lo peor de la crisis, fue derogado en mayo de 2021.

Pero la Junta de Andalucía siguió licitando y ampliando sus contratos a dedo con clínicas privada hasta junio de 2023, aprobando sucesivas prórrogas que aludían explícitamente a ese decreto derogado. El SAS siguió aferrado al sistema de contratación de emergencia incluso después de recibir una orden de la Consejería de Hacienda para que dejara de hacerlo. El acuerdo de emergencia original para contratar a dedo con la sanidad privada se firmó por un año, con un presupuesto inicial de 70 millones hasta diciembre de 2021, pero fue prorrogado y ampliado hasta los 243 millones con fecha junio de 2023.

El 12 de marzo de 2023, este periódico publicó en exclusiva todo el sistema de contratación extraordinaria con la privada sin aparente amparo legal. 24 horas después, el portavoz del Gobierno andaluz anunció la cancelación de los contratos a dedo y la vuelta al sistema ordinario de contratación -con publicidad y concurrencia competitiva- a partir de junio de 2023, cuando expiraba el último procedimiento extraordinario bajo sospecha y duramente criticado por los grupos de la oposición.

Los pliegos de licitación de los contratos con clínicas privadas publicados en el perfil de contratación de la Junta revelaron que el SAS había sistematizado el procedimiento extraordinario habilitado durante la pandemia para reducir a más velocidad las listas de espera. Las derivaciones de pacientes a clínicas privadas no se limitaban a procedimientos de urgencia o para aquellos que estuvieran fuera del plazo legal, sino para todo tipo de intervenciones, incluso menores, como una operación de rodilla o unas cataratas.

Tras la publicación, Moreno reconoció que se siguió prorrogando el sistema excepcional de contratación para “desatascar” 1,58 millones de intervenciones sanitarias a pacientes en espera: 1,46 millones de pruebas diagnósticas y 117.367 operaciones, según datos del SAS.

En octubre, en pleno pico de pacientes en lista de espera fuera del plazo legal para operarse, la Consejería de Salud lanzó “un plan de choque” para sustituir los contratos de emergencia con clínicas privadas cancelados en junio. El SAS sacó a licitación dos acuerdos marco que fijan las condiciones para contratar con la sanidad privada la derivación de miles de pacientes en lista de espera para operarse en la pública -por valor de 533,3 millones- y para trasladar las pruebas diagnósticas pendientes, por un montante de 201,1 millones. En total, un presupuesto estimado de 734 millones de euros para un periodo máximo de cuatro años.

La consejera explicó que el objetivo de este “plan de choque” es vaciar las listas de espera en la sanidad pública y cumplir con los decretos de garantía de la Junta de Andalucía para ser atendidos en el plazo legal establecido.