Andalucía y los contratos a dedo con la sanidad privada fuera del marco legal de la pandemia: “el ruido y las nueces”

El Gobierno andaluz diseñó un procedimiento específico para acelerar la adjudicación de dinero público a empresas privadas, sin control ni fiscalización previa, sin publicidad ni concurrencia competitiva, para sortear un incuestionable problema a la ciudadanía.

En lenguaje estrictamente administrativo, esta frase -desnuda de contexto y sin nombres y apellidos-, asemeja el marco general del caso ERE con la polémica de los contratos a dedo con clínicas privadas destapada por eldiario.es/andalucía esta semana. El chasis de ambas historias es el mismo: un medio dudoso para alcanzar un fin loable.

En la primera historia eran las “criaturitas”, los parados y las empresas al borde del cierre durante una de las mayores crisis que vivió el tejido productivo andaluz; en la segunda, los “enfermos de cáncer”, decía esta semana un portavoz del PP-A, la “avalancha” de pacientes en lista de espera para ser operados, tras una pandemia mundial que ha dejado carcomido el sistema andaluz de salud pública.

Aquí terminan las semejanzas del telón de fondo. La trama de los ERE es un caso constatado de fraude y corrupción, un caso ya judicializado que se llevó por delante a todo un Gobierno socialista, con un ex presidente y una decena de altos cargos condenados a prisión. Varios tribunales determinaron que el procedimiento específico para la concesión de ayudas, sin control, no sólo fue un coladero para que algunos directivos de la Junta metieran la mano en las arcas públicas e hicieran chanchullos. Las sentencias también concluyen que el procedimiento en sí se ideó para burlar los controles, prevaricar y malversar. Fueron condenados “los cuatro golfos” y la cúpula del Gobierno andaluz del PSOE.

“La música de fondo suena igual, pero no tiene absolutamente nada que ver”, dicen en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta. Con la historia de los contratos a dedo a clínicas privadas, el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno se asoma a un escenario que provoca vértigo: durante dos años se relajaron los controles del gasto público para “salvar vidas”.

La coalición de izquierdas Por Andalucía ya ha trazado puentes entre ambas historias. En el PSOE andaluz de Juan Espadas barruntan, en privado, las similitudes con el inicio lejano de aquella pesadilla que terminó convirtiéndose en la macrocausa de los ERE. Los socialistas han agarrado con fuerza el asunto de los contratos de emergencia en la sanidad privada, pero nadie se atreve aún a explotar ese relato de paralelismos. Echárselo en cara al PP es jugar con fuego, ahora que la Fiscalía pide nuevos informes médicos para revisar la entrada en prisión del ex presidente José Antonio Griñán.

¿Estáis tranquilos? “Estamos tranquilos. Está todo visado por la Intervención General de la Junta y por la Cámara de Cuentas”, dicen en el entorno del presidente andaluz. “Es la típica polémica de campaña electoral. Mucho ruido y pocas nueces”, sentenció Moreno este viernes, cuando le preguntaron durante un acto oficial en Barcelona.

178 millones adjudicados con un decreto derogado

Entre enero de 2021 y junio de 2023, el Sistema Andaluz de Salud (SAS) ha estirado la contratación a dedo con clínicas privadas, amparándose en el marco legal habilitado por el Gobierno central en pandemia, derogado en mayo de 2021. La Junta prolongó el procedimiento excepcional de emergencia dos años, pero tardó 48 horas en fulminarlo y anunciar su cancelación justo después de que este periódico publicase que la mayor parte del dinero -178 millones de euros- se adjudicó con el marco legal caducado.

La gestión de la sanidad pública en el periodo de resaca la pandemia ha forzado al Gobierno de mayoría absoluta de Moreno a rectificar dos veces en una semana, zarandeado por la oposición, los sindicatos, los medios de comunicación y la opinión pública: la Junta tuvo que modificar la polémica orden que, por primera vez, abría la puerta a la concertación de la Atención Primaria y, a los pocos días, anunció la suspensión de los contratos a dedo con clínicas privadas el próximo junio, cuando expire la cuarta prórroga del presupuesto en dos años.

En medio, Moreno ha logrado una poderosa imagen de unidad y diálogo social con los sindicatos de clase, a dos meses de las elecciones municipales del 28 de mayo. Un acuerdo de concertación del que emanan compromisos verbales para “blindar la sanidad pública”, el talón de Aquiles de cualquier gobierno en esta fase pospandémica.

Las protestas sanitarias en la calle no han cesado, pero el relato de un pacto con los sindicatos es favorable al Ejecutivo andaluz en este momento. “Es incoherente que se manifiesten para exigir algo que ya han conseguido en la mesa de negociación”, reprendía esta semana el número dos del PP-A, Antonio Repullo.

Sin embargo, ha sido el terremoto de la contratación de emergencia lo que más ha sacudido al Gobierno de Moreno. La publicación de la primera noticia, en la noche del domingo, precipitó a las pocas horas una actualización del Portal de Transparencia para incluir decenas de adendas de ampliación de gasto a los contratos originales que no estaban publicadas hasta ese momento (están firmadas entre octubre de 2022 y enero de 2023). Con todo, siguen sin aparecer publicadas las dos últimas resoluciones de prórroga, que alargan el procedimiento de emergencia hasta el mes de junio y triplican el presupuesto inicial, de los 70 millones de partida hasta los 242,7 millones.

Por primera vez desde que arrancó la legislatura, el Gobierno de Moreno se muestra dubitativo en su respuesta y reconoce agujeros en su relato: el sistema es legal y está fiscalizado, pero lo cancelamos en cuando lo ha publicado la prensa. Fuentes del SAS reconocen que antes de que saltara la noticia había pendientes de aprobar nuevas resoluciones de prórroga con más ampliación de gasto, de aquí al 30 de junio como fecha tope. “Hasta entonces tenemos cobertura legal”, avisan.

Las dos últimas prórrogas aprobadas, por valor de 16 millones de euros, son contratos para la derivación de pruebas oncológicas. Las que estaban pendientes, pero aún no se han autorizado, iban “en la misma dirección”.

“Llevar cinturón y tirantes”

El ruido, como dice el presidente, es agudo. La oposición de izquierdas habla de “corrupción” y amaga con acudir a la Fiscalía. Pero hay datos que ofrecen tranquilidad al presidente Moreno: todos los pasos dados hasta la fecha están en conocimiento de la Intervención General de la Junta, con informes posteriores “a favor”, y del Ministerio de Hacienda; la Junta de Contratación del Estado no ha corregido ni lanzado advertencias al Ejecutivo andaluz; la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, donde fueron remitidos todos los contratos, no ha emitido ningún informe específico durante los dos años que llevan en vigor; y ninguna clínica ha denunciado “trato de favor” en las adjudicaciones a dedo de las empresas beneficiadas, porque los 79 contratos ocupan la práctica totalidad del sector sanitario privado de Andalucía (96 sociedades): “No hubo trato de favor, se invitó a todas a participar y hay constancia por mail”.

Pese a todo, sigue habiendo un punto ciego en el relato: las resoluciones de prórroga de los contratos firmadas por el SAS, y autorizadas por el Consejo de Gobierno, se remiten siempre al artículo 16 del Real Decreto ley 7/2020, que “refuerza” el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público. El primero quedó derogado el 9 de mayo de 2021. Un mes después, la Consejería de Hacienda subrayó esta circunstancia en una instrucción remitida al departamento de Salud, advirtiéndole de que la contratación de emergencia tenía que limitarse a casos “residuales”.

De modo que a la Junta le queda sólo el 120 de la Ley de Contratos Públicos como clavo ardiendo para justificar la legalidad de los contratos a dedo hasta la actualidad. ¿Por qué, tras derogarse el real decreto, el SAS siguió incluyéndolo en la exposición de motivos de las siguientes tres prórrogas de ampliación de gasto? ¿Por qué, tras derogarse el marco legal estatal y recibir la instrucción de Hacienda advirtiendo de que no podía seguir amparándose en él, el SAS siguió reproduciendo ese precepto legal caducado en sus resoluciones para prorrogar y ampliar el presupuesto?

“Por la misma razón que hay quien lleva pantalones y tirantes: por dotarnos de más seguridad, porque sabíamos que esto que está pasando, estas dudas, iban a llegar. Porque la pandemia era una circunstancia excepcional que exigía respuestas excepcionales”, explican a este periódico fuentes de la dirección del SAS.

La razón del artículo 16 del Real Decreto 7/2020 era identificar claramente la Covid-19 como la razón de ser de la contratación de emergencia, regulada en el 120 de la Ley de Contratos Públicos. La Consejería de Salud defiende que, sin el Real Decreto, también se podían realizar y prolongar las adjudicaciones sin publicidad ni concurrencia pública, porque las secuelas de la pandemia siguen latentes a día de hoy. “Lo puedes hacer sin el artículo 16, nosotros lo incluimos en las resoluciones porque reforzaba nuestra motivación”, insisten fuentes de la consejería.

¿Y por qué solicitar dos informes ad hoc al gabinete jurídico para avalar las ampliaciones de gasto? “Por lo mismo: los informes no hacen falta, no son preceptivos, porque se trata de contratos de emergencia, pero tampoco estorban”, concluyen.

Dos años sin opción de contratar con publicidad

En 2020, con dos estados de alarma, limitación a los movimientos de las personas y “la gente muriendo a chorros” en todo el mundo, sobraban las justificaciones. La Junta de Andalucía se dotó de una batería de medidas excepcionales, aprobadas por decretos ley de urgencia, y las fuerzas de oposición en el Parlamento validaron todas sin apenas chistar. En 2021, aparecen las vacunas, la pandemia empieza a remitir lentamente, las comunidades empiezan a replegar las medidas de contención. La Junta prescindió en octubre de 8.000 sanitarios de refuerzo contratados en el peor momento de la crisis con fondos del Estado.

En 2022 empiezan a desaparecer casi por completo las mascarillas, fluye el turismo, se abre paso la nueva normalidad... A esas alturas, reconocen en el Gobierno andaluz, era más difícil justificar ante la ciudadanía la prevalencia de ciertas medidas de emergencia, sobre todo una vez que el Ejecutivo central había derogado el marco legal estatal.

La contratación pública ordinaria exige unos plazos para activar prestaciones sanitarias -en torno a 100 días- que al SAS seguían pareciéndoles inasumibles. “Los plazos que se manejan en el mejor de los casos” para obtener los servicios contratados con las clínicas privadas, decía la segunda resolución de prórroga, “son de 100 días hasta la firma del contrato, por lo que es imposible el haber realizado por la vía ordinaria de urgencia” dicha contratación.

Dos años y medio después de aprobar el Acuerdo de Emergencia marco, la Junta siguió prescindiendo de la vía ordinaria de contratación porque se dilatarían demasiado los plazos para ofrecer la prestación sanitaria al ciudadano. La primera prórroga fue de seis meses -el gasto se amplió de 70 a 125,7 millones-; la segunda prórroga fue de otros seis meses -hasta las 226,7 millones-; las últimas prórrogas suman otros seis meses, y alcanzan el total actual reconocido por la Junta: 232,7 millones.

Los grupos de izquierdas preguntan a la consejera de Salud, Catalina García, si en ningún momento a lo largo de esos dos años, el SAS pudo preparar el cambio a la licitación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva.

Las operaciones y pruebas de diagnóstico habían estado suspendidas durante los peores meses de la pandemia, entre marzo de 2020 y octubre de 2021, el decreto de garantías de plazos para ser operado estuvo inactivo... Al reabrirlo todo, la sanidad pública encajó una “avalancha” de pacientes pendientes de tratar, y las costuras del sistema amenazaron con romperse. “Es imposible aplicar la contratación ordinaria”, dicen las resoluciones de prórroga de los contratos a dedo, ni siquiera por el procedimiento de urgencia, que reduce a la mitad los plazos para encargar un servicio a una empresa privada.

Dos informes jurídicos

Los informes jurídicos, uno de 2021 y otro de 2022, admiten que el marco legal estatal “no está vigente en el momento de la emisión de este informe”, pero argumentan a favor de la prórroga de la contratación a dedo asegurando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha levantado la declaración de la pandemia de coronavirus.

El viernes pasado, la OMS emitió un breve comunicado: “La Covid-19 está cerca de ser una amenaza similar a la de una gripe estacional”. Tres años después del inicio de la pandemia que ha dejado siete millones de muertes registradas en todo el planeta. “Pedimos a todos los países, de todos los niveles de ingresos, que inviertan en salud pública y, especialmente, en Atención Primaria”, advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.