Andalucía quiere seguir derivando pacientes a clínicas privadas de otras comunidades vecinas en pleno auge de las listas de espera. Con más de un millón de pacientes esperando a ver a su especialista o a ser operados, según cifras del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el Gobierno andaluz opta porque los pacientes puedan ser derivados a centros concertados de Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, al ser las comunidades autónomas limítrofes. Así aparece recogido en la orden de tarificación, que se publicó hace un año y que está en proceso de modificación.
En concreto, la Junta de Andalucía señala en la orden que “cuando por motivos de equidad y accesibilidad no fuera aconsejable o no pudieran realizarse conciertos con centros sanitarios situados en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, se hará con clínicas de otras comunidades. Es decir, el SAS podrá derivar a usuarios a otros centros privados si los de la región no cubren esas necesidades. Un hecho que para el sindicato CCOO y los partidos PSOE y Por Andalucía, que han alegado contra ese punto de la norma, implica que el Gobierno andaluz no invierta todo lo necesario en su propia sanidad pública.
Fuentes de CCOO muestran su preocupación porque la Junta incluya este epígrafe en la orden y no lo haya retirado, como sí lo ha hecho con otros puntos que también han sido polémicos. José-Pelayo Galindo, portavoz del sindicato en el área sanitaria, explica que “la Ley de Contratos del Sector Público, al ser una norma básica, ya permite al Gobierno derivar pacientes a otras comunidades autónomas en caso de necesidad, por lo que no hacía falta que apareciese en la orden” y que el hecho de que aparezca puede mostrar “la intención de hacerlo”.
Por su parte, PSOE y Por Andalucía, que también han alegado en contra, entienden que la estrategia del Gobierno de Moreno Bonilla no tendría que pasar por derivar pacientes a centros privados y menos de otras comunidades autónomas, sino que debería centrarse en “invertir” y “reforzar” la sanidad pública. No obstante, como este punto no fue incluido en el Pacto Social y Económico para el impulso de Andalucía que el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, selló con CCOO, UGT y los empresarios andaluces, no se ha eliminado de la orden, a pesar de que la misma se encuentra en pleno proceso para ser modificada.
El pasado 1 de febrero acabó el periodo para presentar alegaciones a una orden que hace un año llenó titulares. Entonces, esta norma introducía por primera vez la posibilidad de derivar pacientes de los centros de salud públicos a la privada y de que el SAS pagase a las clínicas concertadas por usar sus medios en caso de necesidad en la atención primaria. Algo que generó el rechazo frontal de los sindicatos y de los partidos políticos de la oposición, lo que llevó a la Consejería de Salud a eliminar toda mención a la privatización de la atención en los centros de salud.
Ahora, en pleno descontrol por el aumento de las listas de espera, el Gobierno andaluz busca atajos, según los agentes sociales, para rebajar las cifras. Mientras la consejera de Salud, Catalina García, argumenta que, pese al “esfuerzo” en inversión, las listas de espera han aumentado en los últimos años porque hay menos personal y la pandemia de la Covid-19 frenó miles de operaciones quirúrgicas, lo que ha generado un tapón asistencial, los planes de choque que se han presentado no han logrado frenar el problema. De hecho, PSOE y Por Andalucía han pedido a García que “cambie de receta” si es “evidente” que la actual no está funcionando para rebajar la demora.
En esa receta es donde entra esta solución que no convence a CCOO, PSOE y Por Andalucía. Una solución que pasa por enviar a pacientes a clínicas de tres comunidades autónomas que tienen listas de espera menores que la andaluza. Según datos del Ministerio de Sanidad, para consultas externas la tasa de pacientes en espera por cada 1.000 habitantes es de 81,68 en el caso de Extremadura, 31,99 en el de Castilla-La Mancha y de 74,74 en el caso de Murcia. Lejos de los 101,57 de Andalucía, que le sitúan como la peor comunidad en esa estadística tras Cantabria. En cuanto a la espera quirúrgica, mientras en Andalucía es de 7,56 por cada 1.000 habitantes, en Extremadura es de 7,08, en Castilla-La Mancha es de 6,96 y Murcia de 8,60.
Los datos evidencian que la hoja de ruta de la Junta de Andalucía para aligerar las listas consiste en llegar a acuerdos para derivar pacientes con la sanidad privada, tal y como lo confirman los propios agentes sociales. Sin embargo, el acuerdo marco con el que se pretende regular estas derivaciones no acaba de avanzar -“no se hace de un día para otro”, dicen en la Consejería de Salud- y su tramitación puede alargarse, al menos, hasta primavera. Lo que, según fuentes sectoriales, adelanta que habrá otro incremento “importante” en las listas de espera.
Por otro lado, la orden de tarificación sigue su proceso para ser modificada y la Junta de Andalucía trabaja para incluir las alegaciones que se han presentado. En Salud confirman que se modificará y eliminará todo lo que se negoció con los sindicatos en el pacto social, pero no responden sobre el resto de cuestiones. Algunas como el hecho de que se puedan contratar médicos para el SAS que no tengan su título homologado o que los centros privados no tengan que cumplir con el decreto de garantías de plazos que tiene la sanidad pública para atender a los usuarios en caso de que sean derivados.
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