El Estatuto de Autonomía de Andalucía contempla en su artículo 220 un instrumento de cooperación entre la Junta y el Estado dirigido a “deliberar, hacer propuestas y, si procede, adoptar acuerdos” en torno a “cuestiones de interés común”. Se trata de la llamada Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado. Y aunque el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), recrimina al Ejecutivo central una falta de “diálogo” y de predisposición a “negociar” la propuesta de ley que Bruselas señala como potencial amenaza para Doñana, de momento, rechaza invocarla.
Eso es lo que se desprende de la intervención del también consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar este martes. Preguntado por elDiario.es Andalucía si contempla recurrir al órgano de diálogo bilateral reconocido en el Estatuto (y que ya ha sido invocado por el actual presidente andaluz con anterioridad en otros asuntos), Fernández-Pacheco ha querido matizar que dicha fórmula “se utiliza para dirimir invasiones de competencias por parte del estado en la comunidad autónoma, no para abordar asuntos que son de administración ordinaria”.
A continuación, ha formulado él mismo una pregunta cargada de retórica para manifestar incredulidad: “¿A alguien le entra la que las dos administraciones que tienen competencia en Doñana no se puedan sentar a hablar de Doñana? ¿A alguien le entra en la cabeza que el gobierno de la Junta de Andalucía tenga que recurrir a su Estatuto de Autonomía para poder sentarse a hablar con el Gobierno de España [acerca del Parque Nacional]?”. En paralelo, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, concluía el Consejo de Ministros exigiendo de nuevo al Gobierno de Juan Manuel Moreno que retire su propuesta como requisito previo a establecer cualquier diálogo. “Tan pronto tengamos un marco legal y compatible con el derecho europeo podremos hablar de lo que se quiera, pero no vamos a negociar ilegalidades”, ha sentenciado la ministra.
Al respecto, el responsable del departamento de Medio Ambiente en Andalucía ha vuelto a insistir en que la Junta “no está cometiendo ninguna ilegalidad”, por cuanto no hay “ningún texto aprobado” hasta el momento. Con este apunte, Fernández-Pacheco remarca la idea de que la iniciativa impulsada por PP y VOX aún se encuentra en tramitación parlamentaria y puede ser objeto de enmiendas que, según ha dicho, su formación política “negociará” e “incorporará” siempre que sean positivas. Pero lo que no ha señalado el portavoz andaluz es que la oposición de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante- anunció este lunes que no van a presentar enmiendas parciales, con vistas a impugnar así el procedimiento elegido por los populares para sacar adelante el proyecto de regularizar regadíos en la Corona Norte de Doñana.
Con todo, Fernández-Pacheco ha incidido en la vía del diálogo, instando al Ministerio de Transición Ecológica a cambiar los “insultos” por “alternativas” que vengan a solucionar el problema que afecta a las familias que viven de la agricultura en el entorno del que está considerado el mayor humedal de Europa. “Si les preocupasen estaríamos hablando desde el mes de noviembre, pero lo que les preocupa y mucho es el 28 de mayo, por eso no quieren hablar”, ha criticado seguidamente, apuntando a intereses electorales y afeando que el Gobierno central no se haya sentado a negociar con la Junta antes de que se registrara la propuesta a principios de marzo, aun cuando su consejería lleva reclamando un encuentro “desde noviembre”, en palabras de Fernández-Pacheco.
Lo cierto es que Gobierno y Junta han mantenido dos reuniones al más alto nivel sobre este asunto: la primera el 28 de diciembre (en la que el secretario de Estado de Medio Ambiente y el consejero del ramo acordaron crear una comisión bilateral mixta para tratar juntos todo lo que afectara al Parque Nacional, pero desde entonces no se ha convocado), y la segunda, el pasado 27 de febrero. En esta última ocasión, con la proposición de ley de PP y VOX ya redactada, el número dos del Ministerio pidió a la Junta que no registrara la iniciativa, pero finalmente los grupos proponentes que tienen mayoría absoluta en la Cámara autonómica lo hicieron.
Esta ronda de reproches e intenciones se ha producido después de que la Junta haya aprobado su tercer decreto de sequía dotado de 163 millones de euros. Apelando a este montante, el portavoz andaluz ha querido evidenciar que el Gobierno de Juan Manuel Moreno “no se desentiende” de un problema tan “crítico” como es la escasez hídrica, a la que sitúa “a la cabeza” de sus “prioridades”. En este sentido, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha informado de las medidas recogidas en dicho decreto, destacando que 43 millones de los 163 acordados irán destinados a ayudas a agricultores y ganaderos, por ser los grandes damnificados de la “sequía estructural” que “asola” a la comunidad andaluza.
En el marco de este tercer decreto, se contemplan medidas como la declaración y ejecución de nuevas obras hidráulicas de interés “que apuestan por el aprovechamiento de las aguas regeneradas”, la prórroga a 2023 de la exención del canon de regulación y tarifa del uso del agua, diez millones de euros en ayudas para renta y liquidez de los más afectados por la sequía y la solicitud de la activación del fondo de crisis de la PAC, entre otras.
Asimismo, Crespo ha avanzado el contenido del Plan Hidrológico y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (en cuya cuenca ha avanzado que se van a iniciar estudios para “minimizar activos mineros” que pueden afectar los niveles de potabilidad del agua en la zona), así como también, del Guadalate y el Barbate. Al hilo, la titular andaluza de Agricultura ha enfatizado que “el agua no es un tema político, sino un bien comunitario”.
Por encima de todo, el portavoz de la Junta ha querido aprovechar su intervención para lanzar un mensaje de “sosiego y tranquilidad” a la Comisión Europea, después de que su comisario de Medio Ambiente, Virginijus SinkeviÄius, se mostrara “profundamente preocupado” ante una normativa que de aprobarse en los términos actuales “podría degradar el humedal protegido de Doñana, uno de los más grandes de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000”, tal y como señaló el propio gobierno comunitario en un comunicado, horas después del encuentro con Fernández-Pacheco en Bruselas.
Ahora, el consejero andaluz insiste en que la propuesta impulsada por su formación política junto a VOX “no amnistía a ningún infractor y lo que se hace es reforzar los compromisos medioambientales de la Junta”. En este sentido, ha garantizado que con Juan Manuel Moreno al frente de Andalucía “Doñana está protegida” y “el acuífero no se toca”. “Queremos consenso, dialogo y búsqueda de soluciones”, ha añadido Fernández-Pacheco para reiterar que su Gobierno está abierto a “negociar” y a modificar una proposición de ley que, reconoce, “no es perfecta”.
“La voluntad de diálogo se demuestra hablando, no amenazando”, ha recalcado el titular andaluz de Medio Ambiente antes de lanzar el guante al Ejecutivo de Pedro Sánchez: “Día, sitio y hora, ahí estaremos para hablar en positivo de Doñana y para solucionar el problema de las personas que viven en su entorno”. Pero, por lo pronto, la vicepresidenta tercera no ha hecho sino reafirmar la condición fijada por su Gobierno para que se celebre un encuentro: que se retire la proposición de ley de regadíos que tramita el Parlamento andaluz. Solo entonces, los responsables del Estado estarán “encantados” de poder trabajar con la Junta de Andalucía sobre el entorno de Doñana. “Estamos esperando”, ha apuntalado Ribera.
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