Andalucía tiene 12 ciudades con más de 100.000 habitantes -incluidas las ocho capitales de provincia- y ninguna presenta una tasa de contagios superior a 500, que es la cota que ha acordado el Ministerio de Sanidad con las comunidades para endurecer las restricciones a la población y aprobar medidas de semiconfinamiento. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha votado en contra del acuerdo alcanzado el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, que salió adelante con el rechazo de todas las comunidades del PP, excepto Castilla y León.
Sin embargo, Andalucía no se va a situar en la desobediencia y la rebeldía ante una orden ministerial que es “de obligado cumplimiento”. Tampoco tiene previsto acudir a los tribunales, como ha anunciado ya el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso. Fuentes próximas al presidente andaluz sostienen que la situación epidemiológica de su comunidad “no es ni de cerca la misma que en Madrid”, y por tanto, las medidas que recoge la orden ministerial “de momento no nos afectan directamente”. “Por ahora, no tenemos ninguna ciudad de más de 100.000 habitantes que cumplan los tres criterios para el confinamiento que ha establecido el Ministerio, y esperamos no llegar a tenerlos”, subrayan estas fuentes.
La Junta de Andalucía se ha alineado con la estrategia de la dirección nacional del PP, con la mayoría de sus comunidades desmarcándose del acuerdo impulsado por el ministro Salvador Illa. El acuerdo es de obligado cumplimiento, según la Abogacía del Estado, puesto que salió aprobado por mayoría de los gobiernos autonómicos representados en el Consejo Interterritorial de Salud. Andalucía es consciente de ello, pero subraya que las regiones que votaron en contra “suman juntas más población que las que votaron a favor”, un argumento que usarán la semana que viene para volver a negociar con el Ministerio nuevos criterios científicos para condicionar la restricción de movilidad ciudadana. Será en el Consejo Interterritorial de Salud del próximo miércoles, donde volverán a insistir sobre sus alegaciones. “La situación de la pandemia en Andalucía no es tan apremiante como en la capital de España”, aseguran.
Sanidad ha fijado tres parámetros que pactó previamente con el Gobierno de Ayuso: uno, que la incidencia supere los 500 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; dos, que la positividad de las pruebas PCR rebase el 10%; y tres, que el 35% de las camas UCI de la comunidad estén ocupadas por pacientes infectados por el coronavirus. Andalucía, con una población de 8,5 millones; está por debajo de estos tres criterios: tiene 34 municipios con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes -pero la media regional es muy inferior-; una tasa de positivos en las PCR del 11,6% y una presión hospitalaria del 12% (la tendencia es al alza en esta segunda ola de la pandemia).
El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha explicado este jueves en el Parlamento andaluz que se rechazó la propuesta del Ministerio en el Consejo Interterritorial porque “eran tres criterios sesgados”. “Se nos presentaron tres ítems que eran un traje a la medida de Madrid”, afirmó. La posición de Andalucía ha generado contradicciones, porque compagina las necesidades sanitarias de una región con una incidencia de contagio muy inferior a la de la capital de España, con la estrategia política del PP nacional, que pasa por reforzar a Díaz Ayuso frente al Gobierno de Pedro Sánchez.
Moreno Bonilla pidió el domingo a Sánchez que “coordinase una respuesta homogénea” a la pandemia en todas las comunidades, basada en “criterios comunes”. Dichos criterios fueron pactados posteriormente entre Sanidad y el Ejecutivo madrileño para toda España, pero la Junta rechazó que las necesidades sanitarias de Madrid tuvieran que condicionar las medidas a adoptar en su territorio. Aguirre explicó que los datos de incidencia y presión hospitalaria en la capital no podían extrapolarse a Andalucía, avanzó que había más variables, y dijo que “cada cifra se entiende en su contexto propio”. “Madrid podrá pactar con el Ministerio de Sanidad lo que quiera para su comunidad, pero lo que no va a pactar son las condiciones para Andalucía en ciudades de más de 100.000 habitantes”, sentenció. Horas después tuvo lugar el Consejo Interterritorial de Salud en el que el Gobierno de Ayuso dio la espalda al acuerdo que un día antes había negociado con el Ministerio, alegando que hacía falta “más criterios homogéneos”, y Andalucía la secundó.
Razones políticas y científicas
La Junta sostiene que su rechazo no se debe a razones políticas ni a una estrategia conjunta de las comunidades del PP coordinada por la dirección de Pablo Casado, sino estrictamente a razones científicas. El comité de expertos en la comisión de alerta y en la comisión de salud pública -los mismos que orientaron al Gobierno andaluz en la crisis sanitaria de la listeriosis hace un año- recomendaron a la Junta que se ampliaran los criterios para el confinamiento. “No se pueden limitar a tres los indicadores y no tener en cuenta otros factores determinantes como la transmisión epidemiológica, la densidad de población los casos positivos en el ámbito sanitario o criterios clínicos”, explica la consejería.
En Andalucía no hay ciudades de más de 100.000 habitantes que cumplan los tres criterios del Ministerio, pero sí municipios mucho menos poblados con una incidencia de contagios superior a 500. Es el caso de Casariche, el primer pueblo andaluz confinado por la Junta, y otros 11 localidades que sufren ya restricciones extraordinarias idénticas a las que Sanidad recoge en la resolución publicada en el BOE, y que es “de obligado cumplimiento” para todas las comunidades. Aguirre defiende que los criterios de intervención sean los mismos para las ciudades grandes y pequeñas.
“El perro del hortelano”
Emiliano Pozuelo, diputado de Ciudadanos, ha avisado de que “Andalucía no puede formar parte del lamentable espectáculo de enfrentamiento entre Madrid y Sanidad”. “Me molestó que los medios digan que las comunidades del PP votaron en contra por criterios que no son científicos. Hay que disipar estas dudas respecto a Andalucía”, añadió. El portavoz socialista, Jesús María Ruiz, ha afeado al consejero que no haya reforzado la Atención Primaria con un 30% más de personal para evitar su saturación, “como le ha recomendado su grupo de expertos”.
La diputada de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, defiende que el tiempo medio de espera en los centros de salud está muy por encima del que admite Salud: 2,4 días para respuestas en Atención Primaria y 1,8 días para Enfermería. Nieto también ha denunciado que las comunidades del PP “votaron no en bloque”, y ha echado en cara a Aguirre que se haya comportado “como el perro del hortelano, pero con enfermos y muertos”, primero pidiendo criterios comunes y luego, cuando el Ministerio los acepta, ustedes los rechazan y piden más“. La portavoz de Vox María José Piñero se ha quejado de la tardanza para obtener los resultados de la PCR, ”una media de siete días“.
En este momento hay 1.043 pacientes con coronavirus hospitalizados en Andalucía, 154 en la UCI. Aguirre sostiene que el nivel de ocupación en las unidades de cuidados intensivos está al 9 ó 10%, y que hasta alcanzar los 3.000 hospitalizados “falta mucho para encender las alarmas”. El consejero sí ha admitido la saturación de los centros de salud, porque son las que se encargan ahora del rastreo de contagios -8.100 rastreadores, la mayoría personal de Atención Primaria-, la atención a residencias de mayores y de los colegios andaluces.