Tanto el PSOE como el PP llevan en su programa electoral “la extensión de la gratuidad en la etapa Infantil de 0 a 3 años”. Pero la gratuidad en el modelo educativo del Gobierno socialista de Pedro Sánchez no es homologable a la gratuidad que defiende el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno (PP). Es la misma palabra, pero se conjuga de manera muy distinta.
El primero quiere depositar el dinero para la gratuidad en las escuelas –que deben ser de titularidad pública 100%– y el segundo, destinarlo a las familias: bonificando hasta el 100% del precio público de la plaza, pero mayoritariamente en escuelas privadas conveniadas por la Junta (dos tercios del total). En ambos casos es gratis para las familias, pero con matices: el primero es gratis para todos, el segundo es gratis o está subvencionado parcialmente en función de la renta, pero no para todos.
La Junta de Andalucía ha considerado que estos modelos son incompatibles y por eso acaba de renunciar a 123 millones de euros de fondos europeos que el Ministerio de Educación ha destinado a extender la gratuidad de 0 a 3 años: la condición ineludible era invertir ese dinero en crear escuelas públicas, ampliar las que ya existen o iniciar un proceso de reconversión de las guarderías privadas andaluzas, que representan el 66,4% del sector en esta comunidad.
El Ministerio ha distribuido entre las comunidades 670 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para universalizar progresivamente la gratuidad de 0 a 3 años. A Andalucía le correspondía la partida más abultada -123 millones- con los que debía crear 12.069 plazas de titularidad pública y gratuita en tres años (hasta el 15 de septiembre de 2024), a un ritmo de 4.023 por curso. Esto habría supuesto un aumento del 10% de las plazas en guarderías. Hacerlas 100% públicas “habría desestabilizado todo el sistema andaluz, porque entrarían en competición directa con las escuelas concertadas por la Junta”. “La convivencia no era posible”, aseguran en la Consejería de Educación, que dirige Javier Imbroda.
Andalucía es la cuarta comunidad autónoma con mayor porcentaje de niños escolarizados de 0 a 3 años (48%), por detrás de Galicia, Madrid y País Vasco. La renuncia a esos 123 millones, que suponen casi la mitad del presupuesto andaluz anual para la etapa 0 a 3 años (340 millones), se ha convertido en una herramienta política de la oposición de izquierdas al Gobierno de Moreno, justo la semana en la que el Parlamento le ha tumbado los Presupuestos más abultados de la historia autonómica: 43.800 millones de euros. La Junta lleva meses instalada en la confrontación con el Gobierno de Sánchez, exigiéndole más financiación para Andalucía: hasta 2.300 millones de euros es la última cifra que cuantifica el “agravio” a esta región, aunque la Consejería de Hacienda calcula ya “el déficit acumulado en torno a 10.000 millones de euros por distintos conceptos”.
La polémica sobre la renuncia de los fondos para escuelas infantiles se conoció el sábado, cuando la ministra de Educación, Pilar Alegría, acusó a la Junta de rechazar ese dinero por “razones ideológicas” durante un acto de partido en Jaén junto al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. Desde su departamento insisten en preguntarse “por qué el modelo andaluz es incompatible con la propuesta del Gobierno central”. ¿Por qué no aceptar el dinero, crear plazas públicas y gratis, y que sigan concertando escuelas privadas? ¿Por qué Andalucía, esta vez, es la excepción en toda España? Los ocho presidentes de las comunidades más despobladas -barones del PP y del PSOE- firmaron el martes un documento sobre financiación autonómica que incluía un apartado sobre escuelas infantiles de 0 a 3, y del que se eliminaron del borrador inicial dos palabras clave que resumen la guerra por la implantación del modelo de gratuidad en España: “público” y “equitativo”.
En realidad el choque entre el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía viene de más atrás, de marzo de 2021, cuando el departamento de Alegría comunica a las comunidades, en una conferencia sectorial, su intención de usar 4.000 millones de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para impulsar la escolarización del primer ciclo de Infantil, cumpliendo con el requisito de Bruselas de fomentar la equidad. Desde la primera reunión se puso de manifiesto que los modelos chocaban y eran irreconciliables. Desde la Junta se habló incluso con el PSOE andaluz, autor y promotor del modelo implantado hace años en Andalucía durante sus 37 años de gobierno, para que interfiriese ante la ministra del ramo.
Andalucía fue la única comunidad que rechazó los fondos europeos. Incluso otras regiones gobernadas por el PP, como Madrid, Galicia o Murcia -con una consejera de Educación de Vox- y con sistemas de gratuidad Infantil similares al andaluz han aceptado las condiciones del Ministerio, y se han abierto a compatibilizar nuevas escuelas públicas con las privadas conveniadas que ya tenían. En una carta remitida al Ministerio, a la que ha tenido acceso este periódico, la viceconsejera andaluza de Educación, María del Carmen Castillo, reconoce que “no comparte el criterio” y “no participará” del proyecto. “No podemos compartir el diseño que este Ministerio ha realizado del Programa de Impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niños de 1 y 2 años ni, en consecuencia, participar en él, mientras se mantengan los criterios actuales que no responden a las necesidades y a la realidad del primer ciclo de educación Infantil en Andalucía”, reza el documento.
Andalucía tiene 8,5 millones de habitantes y una población escolar que supera la de las ocho regiones más despobladas de España juntas. La red de escuelas infantiles de 0 a 3 años cuenta con 2.143 centros, de los cuales la mayoría -1.423- son de titularidad privada, conveniados por el Gobierno autonómico; y 770 escuelas públicas: 170 de titularidad de la Junta y 550 de otras administraciones (ayuntamientos, mancomunidades de municipios...). Tanto en los centros de titularidad pública como los privados, la plaza y el comedor “no son gratuitas”, pero su precio está subvencionado.
Ambas redes están adheridas al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Infantil de la Junta, que paga el servicio a empresas privadas a cambio de fijar un precio público por la plaza, y bonifica hasta el 100% del coste a las familias más vulnerables, las que se encuentren en circunstancias de dificultad social y cuya renta per capita sea inferior al 0,5 del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples): 7.519,59 euros al mes en el curso 2021/22.
En este curso escolar, el 50% de los matriculados en guarderías andaluzas -casi 45.000 niños- tiene gratuidad total y un 96% recibe algún tipo de bonificación, que oscila entre el 10 y el 90% del precio público, según el nivel de renta familiar. Andalucía oferta este curso 123.590 plazas de 0 a 3 años y tiene 89.488 matriculados. La tasa de escolarización en el primer ciclo de Infantil ronda el 48%, de modo que hay un 52% “que no llega a matricularse”, porque tiene que pagar el total del precio público -320,71 euros al mes con comedor-. O bien, pagar la diferencia entre la subvención concedida por la Junta y dicho precio, “resultando en muchos casos cuantías de un importe significativo para cualquier economía familiar”, reconoce la viceconsejera en su carta a la ministra. “Esta situación”, añade en la misiva, “está suponiendo un freno importante a la escolarización en esta etapa”.
El Ministerio de Educación sostiene que el efecto más pernicioso de no aceptar dinero para crear plazas públicas gratuitas es “ensanchar la brecha social entre barrios ricos y pobres”, y aporta este dato: en España, en los barrios de renta media alta, la tasa de escolarización en escuelas de 0 a 3 años alcanza el 64%, mientras que en zonas de especial vulnerabilidad socioeconómica es del 26%, 28 puntos menos de diferencia. La Junta no proporciona estos datos en el mapa escolar andaluz para comprobar si existe esa brecha social. Sin embargo, un informe de Save the Children alertaba recientemente de las diferencias de acceso de las familias a las escuelas infantiles, de desigualdades entre provincias andaluzas y entre barrios de una misma ciudad.
El informe recalca que la mayor parte de centros privados conveniados con la Junta se concentra en zonas donde el negocio es rentable, es decir, en las zonas de las grandes ciudades con rentas altas, especialmente en Sevilla, Málaga y Córdoba. Esta radiografía trasluce un desfase entre oferta y demanda. “El modelo de oferta privada basado en una lógica de mercado no resulta suficiente para responder a la demanda ni a las necesidades sociales”, reza el documento.
Con los últimos datos publicados –curso 2019-2020–, el informe sostiene que en Andalucía hubo 44.500 vacantes en el primer ciclo de Infantil, pero a la vez, hubo 3.510 niños que se quedaron sin plaza y en la lista de espera. Save the Children concluye que la combinación de estos datos demuestra la “ineficiencia” del modelo, puesto que algunas guarderías no facilitan la conciliación familiar por encontrarse lejos del domicilio o del trabajo. Hay quien lo necesita pero no puede pagarlo y hay quien lo necesita, puede pagarlo, pero no tiene plaza por exceso de demanda en su barrio, que es de renta media alta.
La Consejería de Educación asegura que sí quiere esos 123 millones de fondos europeos, pero “para mejorar las bonificaciones que se conceden a las familias, ayudando a mantener un modelo que funciona desde hace muchos años en Andalucía”. Según los cálculos de la Junta de Andalucía, con ese dinero la gratuidad total del servicio de guardería llegaría al 90% de las familias con recursos medios que ahora percibe algún grado de bonificación.
El programa del Ministerio de Educación para el impulso de la escolarización del 0 a 3 años, apoyado en la cooperación territorial de las comunidades, plantea “crear 65.382 plazas de titularidad pública antes del 15 de septiembre de 2024”, y añade, “prioritariamente para niños de 1 y 2 años. Lo que se busca, a golpe de talón europeo, es implantar progresivamente la gratuidad en el primer ciclo de Infantil, una etapa voluntaria y gratuita, como hace dos décadas se hizo con el segundo ciclo de Infantil, sólo que esta vez hay una apuesta manifiesta por una red 100% pública, y no sustentada en conciertos con la privada.
El departamento de Imbroda (Ciudadanos) argumenta su rechazo al modelo del Gobierno de Sánchez en que “la reconversión o adaptación del sistema andaluz de escuelas infantiles sería mucho más compleja que en otras comunidades”, que sí han aceptado el dinero, “dado que el volumen del sector en esta región es mucho más abultado”. Los fondos europeos (123 millones) sólo llegarían durante los tres años de ejecución del programa. A partir del tercer año, el Gobierno andaluz tendría que consolidar ese gasto en sus Presupuestos, “con un volumen estimado de 50 millones de euros al año si se matriculan todos los niños previstos”, explican fuentes próximas al consejero.
Además recalcan dos argumentos más. Uno: “Andalucía no tiene un problema de falta de plazas, porque actualmente hay 32.103 plazas vacantes, un 27,59% del total”. “No tenemos demanda y no tenemos natalidad. Este curso hay 45.000 niños menos escolarizados en Infantil, Primaria y Secundaria”, explica la Consejería. Y dos: “Crear nuevas escuelas de titularidad pública pondría en riesgo los 15.000 puestos de trabajo en las escuelas conveniadas por la Junta”. Las principales patronales del sector, como ACES, Coordinadora de Escuelas Infantiles y Escuelas Infantiles Unidas, que engloban tanto a franquicias y empresas como a pequeñas cooperativas de madres de alumnos, respaldan el criterio del Gobierno andaluz, conscientes de que la implantación de un sistema público 100% de guarderías terminaría por cerrarles el negocio.
Los fondos europeos son para crear infraestructuras públicas nuevas o adaptar los centros privados, pero el factor humano también es un “quebradero de cabeza”. La consejería advierte de que adaptar un colegio para dar cabida a alumnos de 1 y 2 años implica “asfixiar a la guardería que estaba adscrita a ese colegio, que terminaría cerrando”. Además esos 15.000 trabajadores de guarderías, la mayoría conveniadas, son personal laboral que pasarían a depender de Función Pública si se transforma el modelo de gratuidad. “Si queremos crear un sistema de escuelas infantiles dependiente de la Administración educativa, hay que cambiar de arriba abajo todo el modelo”, se lamenta.
Al equipo de Imbroda no le ha sentado nada bien que la ministra de Educación cargue contra ellos en un acto del PSOE, porque conserva muchos mensajes cruzados con el Ministerio donde se comprueba que había un interés por llegar a un acuerdo, y no perder esos 123 millones de euros. La viceconsejera de Educación, con un perfil mucho más preparado y técnico que Imbroda, estuvo “a punto de convencer” al equipo de la ministra de que le diese el dinero, si le garantizaba que en el plazo de un año lograba extender la gratuidad total a 4.000 alumnos de Infantil, vía bonificaciones, cumpliendo con el objetivo que había marcado el Ministerio, pero manteniendo el modelo andaluz [en Andalucía el plazo de matriculación en guarderías está abierto todo el año]. Según la Consejería, la ministra no lo vio con malos ojos, pero rehusó la propuesta cuando la viceconsejera le pidió el compromiso “por escrito”.
Este asunto está lleno de matices: no es sólo el habitual enfrentamiento entre dos gobiernos de signo político distinto, porque el modelo de gratuidad en el primer ciclo de Infantil que mantiene el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos es heredado de la etapa socialista. Fue el PSOE andaluz quien lo diseñó, lo amplió y lo perpetuó hasta el mismo año en que perdió el poder (2018). Y, sin embargo, hace unos días era el nuevo secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien denunciaba el sistema “privatizador” del Ejecutivo de Moreno, durante un acto de partido junto a la ministra de Educación.
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