En el Gobierno de Andalucía conviven dos estrategias frente al coronavirus: una contra la crisis sanitaria, que ha provocado 1.336 muertes y más de 15.000 contagios; y otra contra la crisis económica, que ha dejado en suspenso la actividad de miles de empresas y trabajadores. Al iniciarse el plan de desescalada y cuando se empiezan a flexibilizar las normas de confinamiento, esas dos estrategias empiezan a bifurcarse. Así, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha anunciado este jueves en el Parlamento que existe “riesgo de un colapso sanitario por bajar la guardia en la desescalada”. Mientras el vicepresidente de la Junta y titular de Turismo, Juan Marín, aseguraba que “Andalucía está en una situación para poder pasar a fase 2 mañana mismo”.
Esta dicotomía entre la crisis sanitaria y la crisis económica ha estado latente desde el principio del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, pero se ha agudizado mucho más en los últimos días. El departamento de Salud, en constante comunicación con los profesionales sanitarios, virólogos y epidemiólogos, ha diseñado un protocolo basado en la “prudencia”, muy consciente de que “bajar la guardia puede provocar un rebrote del virus”. “No podemos saltarnos las medidas que adopta el Gobierno como mando único, ni podemos relajarnos porque esto nos llevaría aun problema serio de colapso”, ha reiterado Aguirre en la comisión parlamentaria de Salud.
El consejero ha comparecido este jueves ante los grupos políticos de la Cámara tras haber leído los resultados del reciente estudio de seroprevalencia que ha realizado el Ministerio de Sanidad, y que refleja que sólo un 2,7% de encuestados en Andalucía ha superado la infección de coronavirus y desarrollado anticuerpos. “El virus está con nosotros. El 97% de la población andaluza no tenemos anticuerpos, por lo que podemos ser perfectamente receptosres en caso probable de que haya un rebrote”, ha insistido Aguirre.
En cambio, los departamentos más políticos del Gobierno andaluz, como Presidencia, Hacienda o Turismo, reciben toda la presión de la patronal y de los pequeños y grandes empresarios, que alertan de otro colapso, el de la economía andaluza. Los informes que maneja la Junta dibujan un panorama desolador, con un desplome de hasta el 25% del PIB regional. Mientras Aguirre llamaba a la prudencia en una sala de comisiones del Parlamento, en un despacho contiguo el consejero de Economía, Rogelio Velasco, reconocía que los Presupuestos andaluces en vigor son papel mojado, y que la recuperación económica será dura y cuesta arriba.
Esta dualidad explica por qué unos miembros del Ejecutivo andaluz apremian al Ministerio de Sanidad para reabrir sus playas y autorizar la movilidad entre provincias, pero en los órganos de decisión -la comisión interterritorial de Salud, que reúne a los consejeros del ramo de todas las comunidades-, Aguirre no ha trasladado oficialmente ninguna de estas peticiones. “El sistema sanitario andaluz tiene que estar con una alerta específica de Covid-19 hasta que no tengamos vacuna”, insiste Aguirre, para subrayar que hasta dentro de un año no la vamos a tener.
Este foro entre Gobierno y autonomías vuelve a reunirse este viernes, con la solicitud formal de Andalucía para que Granada y Málaga pasen a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes. Estas dos provincias fueron las únicas que se quedaron ancladas en la fase 0, debido a que tres de sus distritos sanitarios presentaban una tasa de contagios muy superior al resto. La Junta propuso que avanzaran de fase las áreas menos contagiadas de ambas provincias, pero Sanidad les negó el pase, provocando la última confrontación entre Gobierno y Junta de Andalucía.
La situación hace avanzar y retroceder al Gobierno andaluz, según el momento. Hace unos días, Marín y el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, comparecieron para reclamar al Gobierno que adelantase la reapertura de las playas en Andalucía a la fase 2, esto es, el próximo 25 de mayo, en vez del 8 de junio, como estaba previsto. Se anunció horas antes de reunirse con los 61 alcaldes de municipios del litoral, que trasladaron un mensaje de advertencia a la Consejería de Turismo. Este jueves Marín ha rectificado su propuesta inicial, y vuelve a emplazar la reapertura de playas al 8 o al 10 de abril, como señala el cronograma de desescalada del Gobierno.
Con la autorización para volver a circular entre provincias ocurre algo similar. Bendodo expresó su malestar por que el Ministerio de Sanidad permita reabrir los hoteles, pero no la movilidad entre provincias. “¿Qué sentido tiene esto? Quién va a ir a un hotel dentro de su propia provincia?”, se pregunta. Éstas son inquietudes que el sector turístico -los hoteles, la hostelería- y la patronal trasladan a diario a los consejeros responsables, mientras las autoridades sanitarias y le comité de expertos virólogos de la Junta presiona al titular de Salud en sentido contrario.
Marín propone que el movimiento entre provincias de Andalucía se adelante al 25 de mayo, pero Aguirre no ha defendido aún esa posición ante el Ministerio. En la última comisión interterritorial de Salud, esa propuesta fue defendida por Aragón y la Comunidad Valenciana, pero no por Andalucía. “Levantar el veto para circular libremente entre provincias tiene cierto riesgo, porque puede expandir el contagio de una zona infectada a otra que no lo está si la movilidad es muy alta”, advierten fuentes de la consejería.
El consejero de Turismo sigue defendiendo que quiere para Andalucía “lo mismo que tiene Euskadi”, sin embargo, los vascos no disfrutan de libertad de movimientos entre provincias en este momento. Al contrario, el Gobierno, que tiene al PNV como socio preferente de legislatura, permitió a la Lehendakaritza regular la circulación de sus ciudadanos entre las provincias. Pero el Ejecutivo vasco terminó aprobando una orden más estricta aún que la que rige en otras comunidades, como Andalucía. De modo que los vascos no sólo no pueden salir de su provincia, sino que su ámbito de circulación de momento se circunscribe al municipio, salvo casos excepcionales.