El anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, incluida en el pacto firmado entre el PSOE-A e IU, ha sido aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público y los desplazamientos no motorizados. Movilidad de las personas y también de las mercancías, porque se pretende fomentar el ferrocarril para ello en detrimento del camión. Con ello, Andalucía pretende acercarse a la media de la UE en estos parámetros, donde todavía está lejos. Por ejemplo, en las nueve áreas metropolitanas de Andalucía el 61% de los desplazamientos cotidianos se realiza en coche o en moto, frente a un 29% a pie, un 6,8% en transporte público y otro 1,4% en bicicleta. La media de la UE son del 49% en coche o moto, 26% en tranporte público, 20% a pie y 6% en bicicleta.
Esta ley será el marco y se apoyará en los planes de movilidad sostenible, que son los que recogen medidas concretas e inversiones, y se harán a cuatro niveles. Primero, el Plan Andaluz de Movilidad; en segundo lugar, los correspondientes a las áreas metropolitanas (territoriales); luego, los urbanos, obligatorios para todos los municipios de más de 20.000 habitantes y aquellos que, sin llegar a esta cifra, tengan problemas de movilidad; y, por último, los centros generadores de movilidad, donde se incluyen desde hospitales hasta centros de trabajo con más de 200 trabajadores, pasando por centro de enseñanza, auditorios, estadios... Los dos primeros niveles ya tienen muy avanzados sus correspondientes planes, a cargo de la Junta de Andalucía, y los otros dos tendrán un año desde la entrada en vigor de la norma.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha destacado que el anteproyecto también contempla el Observatorio Andaluz de la Movilidad Sostenible y la Logística, cuya creación ha sido aprobada igualmente este martes. “Este órgano colegiado consultivo, adscrito a la Consejería de Fomento y Vivienda, facilitará la participación social y generará conocimiento y soporte técnico para las políticas en la materia”, ha dicho. También ha destacado que el texto persigue “racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios de transporte adecuándolas a criterios objetivos de ahorro y eficiencia, debiendo supeditarse la inversión a su viabilidad a partir de los correspondientes indicadores de movilidad”, consciente de que “no siempre” se ha valorado bien la eficiencia de esta estas inversiones.
Paralelamente, se creará un Fondo Andaluz de Municipios Libres de Coches, con una aportación de la Junta de Andalucía que tendrá que concretarse, para sufragar proyectos que tiendan a liberar los espacios públicos de vehículos motorizados, por ejemplo con la creación de áreas logísticas de intercambio modal. Un dato que sostiene esta apuesta y que ha dado la consejera: el coche necesita 30 veces más espacio que un autobús para transportar el mismo número de personas.
Elena Cortés confía en que a finales de 2015 entre en vigor esta ley, “en la que estamos trabajando desde 2012”. Un tiempo en el que han tenido que quedarse por el camino algunas propuestas, como la pretensión de IU de incluir desgravaciones fiscales para los que usan la bicicleta para ir a trabajar. “Ésta es la ley que quería este gobierno”, ha replicado Elena Cortés cuando se le ha preguntado por estas renuncias en la negociación con sus socios.
Pese a ello, sí contempla medidas muy llamativas, además de ser Andalucía la primera comunidad autónoma en considerar la movilidad sostenible con rango de ley. He aquí sus prinicipales directrices:
INFRAESTRUCTURAS
Cuando se conciba una nueva infraestructura de transporte (una carretera o una vía ciclista o un tranvía o una plataforma segregada para el autobús, por ejemplo) se deberán considerar los costes externos, básicamente los sociales y medioambientales. Hasta ahora, los estudios informativos de los proyectos han incluido análisis de demanda y de viabilidad económica. Es decir, la ecuación costes/demanda. Pero se amplía el alcance con un estudio de otras variables, para lo que se desarrollará un reglamento, tales como la contaminación, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por parte del coche.
Los planes e instrumentos urbanísticos que supongan un significativo incremento de la movilidad deben acompañar un estudio de impacto de la misma. Evaluarán el incremento potencial de desplazamientos provocado por la nueva planificación, determinarán la capacidad de absorción de la mayor demanda por las infraestructuras existentes y plantearán medidas para absorberlo. La Junta de Andalucía emitirá un informe vinculante sobre dicho estudio en un plazo de tres meses.
Los promotores deberán obligatoriamente contribuir a sufragar los gastos por el incremento de los costes de las infraestructuras para la nueva movilidad generada, en los porcentajes que se establezcan reglamentariamente. Es decir, si un desarrollo urbanístico aislado implica la construcción de una nueva infraestructura, el promotor deberá contribuir a sufragarla.
TRANSPORTE PÚBLICO
Las plataformas reservadas serán un contenido obligatorio de los planes de movilidad de las áreas metropolitanas y los urbanos cuando la velocidad comercial del transporte público colectivo sea inferior a la del automóvil, en los términos que se establezca reglamentariamente.
Se garantizará la información sobre rutas y horarios, así como la adquisición a través de internet de los títulos de viaje para cualquier desplazamiento de media o larga distancia en autobús a partir de un año desde la aprobación de la ley.
Se garantizará la información sobre la ubicación de puntos de suministro de combustibles de bajo impacto.
La Junta de Andalucía tendrá un año desde la entrada en vigor de la ley para elaborar un plan de renovación progresiva de su parque móvil para cambiar sus vehículos por otros menos contaminantes.
BICICLETA
Los vehículos de transporte público colectivo contarán con espacio reservado para llevar bicicletas. En estos momentos apenas en posible en algunos trenes de cercanías.
Los edificios de uso residencial de nueva construcción deberán contemplar emplazamientos específicos, seguros y resguardados, para el doble de bicicletas que viviendas haya. Similar a la obligación para algunos casos de que las promociones de vivienda incluyan garaje.
Es la quinta ley de las 28 incliudas en el pacto que inicia su tramitación -hay dos aprobadas ya por el Parlamento de Andalucía y tantos anteproyectos ratificados- por lo que los socios se verán obligados a pisar el acelerador el último trimestre del año si quieren cumplir con el compromiso de este año de sacar adelante 14 y provocar lo que ambos han venido denominando “vendaval legislativo”.