Andalucía esconde el cierre de 500 aulas en colegios públicos este curso con la apertura de nuevas clases de FP

El Gobierno de Juan Manuel Moreno formalizó la semana pasada el cierre de casi 500 aulas en colegios públicos para este curso, casi 2.000 en los últimos cinco años. El pasado 7 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, la Consejería de Desarrollo Educativo publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una orden del 30 de noviembre con la nueva estructura de los colegios públicos de la comunidad para el presente curso escolar.

La norma incluye modificaciones en la oferta educativa de escuelas de Infantil, Primaria y Educación Especial, en concreto, la eliminación de 927 unidades en centros públicos de las ocho provincias y la creación de otras 441 aulas, detalladas a lo largo de 170 páginas. El saldo final es negativo: 486 clases menos que el curso pasado.

Cuatro días después de publicarse esta orden en el BOJA, el departamento de Patricia del Pozo envío a los medios un comunicado explicando que el sistema educativo público andaluz registra “un incremento neto” de 1.053 unidades respecto a 2018, último año del Gobierno socialista, subrayando, además, que en los últimos cinco años la población escolar ha perdido 90.000 estudiantes por el desplome de la natalidad.

La nota de la consejería contabiliza 41 aulas más que el curso pasado, sumando las unidades de todas las etapas educativas -Infantil, Primaria, Bachillerato, FP y Educación Especial: “En total son 55.202 aulas este curso, frente a las 55.161 del curso pasado”. La diferencia entre el cierre de casi 500 aulas en colegios públicos que recoge la orden publicada en el BOJA y el “incremento neto” del que habla el comunicado de la consejería tiene una explicación:

El Gobierno de Juan Manuel Moreno está ensanchando el sistema educativo andaluz con la apertura de nuevos ciclos de FP para corregir el desequilibrio histórico que existía entre oferta y demanda: cada año unos 30.000 alumnos se quedaban sin plaza en esta etapa. Pero, a la vez, suprime sistemáticamente unidades en los cursos inferiores, alegando que en los últimos cinco años el alumnado no ha dejado de menguar como consecuencia de la baja natalidad (este curso, 15.000 estudiantes menos en Infantil y Primaria; y 3.500 menos en la ESO).

Este argumento, recurrente también por parte de la anterior administración socialista, tiene que ver con la falta de presupuesto y la gestión de recursos. Los sindicatos de la enseñanza -y con especial énfasis Ustea- llevan años reprochando a la Junta que no aproveche el ciclo de baja natalidad para mantener las mismas aulas y, así, lograr una bajada de la ratio en el número de alumnos por maestro, que está fijada por ley en 25 por clase en las etapas inferiores (30 en Secundaria y 35 en Bachillerato y FP).

La ratio escolar es uno de los baremos que mejor mide la calidad en la enseñanza, a juicio de los principales estudios de educación comparada, porque permite al docente una atención más personalizada del alumno si en lugar de 25 tiene 15 niños por aula. El departamento de Educación considera que eso no es rentable -ni factible en algunas ciudades- y opta por una política de cierre de aulas acompasada al descenso de matriculaciones. Los profesores que antes impartían clases en un colegio que pierde unidades son trasladados y recolocados en otros centros.

Menos aulas públicas, más concertadas

Ustea ha denunciado este lunes que la progresiva eliminación de unidades en la escuela pública forma parte de una apuesta política por la escuela privada concertada. La autorización de conciertos en Andalucía se rige por otra normativa, que no va acompasada a la planificación anual que hace la Junta de los colegios públicos.

Las entidades privadas -más del 80% son escuelas católicas- obtienen financiación del Gobierno andaluz para un periodo de seis años. A los seis años, el centro puede solicitar a la consejería su renovación o incluso una ampliación de unidades, si acredita más demanda que oferta. Es menos habitual que un centro privado renuncie al concierto o pida suprimir un aula. El departamento de Del Pozo no ofrece datos de cuántas unidades se han eliminado en Andalucía en los últimos cinco años mientras se suprimían casi 2.000 aulas de la pública. El sindicato USO habla de nueve unidades menos en un lustro.

Desde 2019, primer año del Gobierno de Moreno, la red de colegios públicos de Andalucía ha perdido exactamente 1.943 unidades, según consta en las órdenes de estructura de escuelas de Infantil, Primaria y Educación Especial publicadas en el BOJA. La Consejería de Desarrollo Educativo tiene la obligación de publicar anualmente una orden con las modificaciones de estructura de los colegios públicos. Suele hacerlo a finales de octubre o principios de noviembre, cuando el curso escolar ya está rodando y la planificación anual es definitiva. Este año, sin embargo, se ha publicado en mitad de un puente festivo en diciembre.

El comunicado que difundió el departamento de Patricia del Pozo días después trataba de hacer una reinterpretación de los datos oficiales publicados en BOJA por ellos mismos. De hecho, el nombre del archivo que contenía la nota hacía referencia explícita a la orden que modifica la estructura de casi mil colegios -“NP Aulas curso 23-24 BOJA”-, aunque el texto ni siquiera la mencionaba en su interior.

La nota de prensa metía en el mismo saco las aulas de todas las etapas educativas, sumándolas para ofrecer la cifra total de aulas en el sistema escolar andaluz, enmascarando así la supresión de unidades en Infantil y Primaria con la apertura de nuevos ciclos de FP que no existían hace cinco años. El sistema escolar andaluz es más grande por arriba -etapas postobligatorias- y más pequeño por abajo.

Este periódico ha solicitado insistentemente el desglose de unidades por etapas, pero la consejería ha rehusado proporcionar esos datos hasta hoy. Sólo conocemos el desglose de aulas en Infantil, Primaria y Educación Especial, porque el Gobierno andaluz tiene la obligación de publicarlos en BOJA cada año. Si este curso han cerrado 486 unidades en esos cursos inferiores, y la Junta sostiene que no ha eliminado unidades en Secundaria y que hay “un incremento neto de 41 aulas” en el cómputo total de todas las etapas, ese incremento neto se explica, sobre todo, por el crecimiento exponencial de la FP, que maquilla los recortes de aulas en Infantil y Primaria.

El Gobierno de Moreno se ha comprometido en su programa electoral a crear 20.000 nuevas plazas de FP en esta legislatura. En la misma nota, la consejería explica que “Andalucía ha conseguido disminuir en 16,2 puntos el porcentaje de alumnado que se quedaba sin plaza en la FP en sólo cinco cursos escolares: la tasa de cobertura de solicitudes ha pasado del 65% al 81,2%, con la creación de 47.000 nuevas plazas, 7.000 de ellas en el presente curso”.

La consejería no habla de recortes, sino de “reordenar los recursos” que quita de unas etapas para destinarlos a otras (Educación Especial, FP y “mantener unidades con pocos alumnos en Infantil y Primaria y el mismo número de aulas en la ESO”. El Gobierno andaluz también suele usar el concepto “ratio escolar media”, que obtiene de sumar el alumnado de colegios con aulas por encima de la ratio legal (principalmente en las grandes urbes) con el alumnado de escuelas rurales, donde incluso niños de distintos niveles educativo comparten aula. Con esta regla de tres, la Junta defiende que la “ratio media” en Infantil es de 19,1 niños por aula, 20,2 en Primaria y 26,8 en Secundaria.

El cierre de aulas públicas este curso ha afectado de forma desigual a las ocho provincias. En Sevilla se han suprimido 179, en Cádiz 101; Córdoba y Málaga cuentan con 52 menos; Huelva pierde 40; Jaén 25; Almería 21 y Granada 16.