La Junta de Andalucía abre el camino a la investigación judicial de los crímenes del franquismo tras comunicar evidencias de asesinatos colectivos halladas en fosas comunes de Cañete la Real (Málaga), Víznar y Òrgiva (Granada). Insta a los jueces a que asuman estas causas e inicien el protocolo de exhumaciones. Se apoya para ello “en los protocolos y la jurisprudencia internacional, como el Tribunal de Nuremberg, el de Derechos Humanos o Naciones Unidas”. Como es la primera vez que se toma esta iniciativa, los juzgados en que los que recaigan los procesos se encuentran ante una “oportunidad histórica”.
Los trabajos arqueológicos muestran restos óseos y de armas de fuego, con cuerpos arrojados en habitáculos fúnebres ilegales y una disposición aleatoria. En las comunicaciones –Juzgado de Guardia de Granada y Partido Judicial de Antequera– esto son pruebas de la consumación de episodios violentos. “Cuando hay evidencias de crímenes cometidos por un poder público no pueden prescribir, son crímenes contra la humanidad”, subraya el director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo. Hasta ahora, sólo familias de represaliados y asociaciones memorialistas interpusieron denuncias.
“Es una iniciativa de gran trascendencia”, refiere Carlos Slepoy, abogado de la Querella Argentina contra la dictadura franquista. “Sólo resta que haya jueces que en cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y los tratados suscritos por España, abran el camino de la investigación judicial ante esta oportunidad histórica”, subraya. Si lo hacen, puntualiza, otros “seguirán su ejemplo y se pondrá fin a la impunidad del franquismo”. El letrado sostiene que “todas las instituciones tienen la obligación no sólo de apoyar a las víctimas y sus familiares, sino de asumir como propio e intransferible el cultivo de la memoria histórica”.
Las diligencias de investigación tras denuncia por desapariciones forzadas o detenciones ilegales han de centrarse en la localización e identificación de restos humanos y su exhumación. Este formulismo, aún no aplicado en España, requiere de la colaboración multidisciplinar y la actuación coordinada de las “fuerzas judiciales (juez, fiscal y policía judicial) junto a antropólogos y médicos forenses”, explica la magistrada en Barcelona, miembro de Jueces por la Democracia y autora del Modelo para el protocolo de exhumaciones, Amaya Olivas.
Contra la impunidad
La preservación del material óseo, con la cadena de custodia, permite que llegue “en las mejores condiciones al laboratorio criminal para las pruebas de ADN” que se confrontan con las realizadas a familiares de la víctima. Andalucía ha puesto en marcha con su denuncia “la legislación procesal criminal española” ante la aparición de “restos de víctimas de dictaduras y genocidios”, incide.
“¿Mi opinión? Por supuesto celebro esta iniciativa de la Junta de Andalucía”, confiesa el historiador Paul Preston, autor de obras como El holocausto español. El hispanista percibe, no obstante, una traba: “Desde luego, hasta que no se derribe la Ley de Amnistía no podrá progresar la iniciativa, fue precisamente por esto que fracasó la de (Baltasar) Garzón”, apartado finalmente de la carrera judicial por ordenar escuchas en la trama Gürtel. Cuenta Carlos Slepoy que en los procesos de transición de una dictadura a una democracia “suelen” pactarse mecanismos de “olvido e impunidad” y, como consecuencia, “perviven estructuras y funcionarios del régimen anterior”. Una situación “reversible” mediante “un potente movimiento social” e instituciones “sensibles a sus reclamos”.
En España, la judicatura acude a una “supuesta prescripción” de los delitos que impide investigar, localizar las fosas y exhumar los restos. La Junta de Andalucía, no obstante, incide en que la competencia sobre estas denuncias corresponde a los juzgados de instrucción, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.