El brote de listeriosis originado en Andalucía a causa de la venta de un producto de carne mechada contaminado por la bacteria listeria monocytogenes ha provocado la primera gran crisis del Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos surgido de la elecciones del pasado 2 de diciembre. La tardanza en lanzar la alerta y la deficiente comunicación con sucesivas rectificaciones apunta a la Consejería de Salud y Familias, dirigida por Jesús Aguirre (PP).
Este mismo lunes el director del centro de coordinación de alertas sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, puso voz a las críticas y admitió que los plazos en la gestión del brote “podrían haber sido más cortos”. Durante una entrevista en la Cadena Ser, Simón, un técnico muy reputado en este campo, no ha querido entrar en guerras con otras administraciones, pero defendió que la detección del problema podría haberse acelerado y alguna de las tomas de decisión podría haberse acelerado también. “No sé si 24 horas o tres días. No es fácil decirlo. Estos brotes no son fáciles de detectar”, apuntó Simón.
El viaje de ocio a Galicia protagonizado por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en plena vorágine de nuevos datos relacionados con la empresa responsable de la intoxicación, no ha hecho sino aumentar las incertidumbres sobre la diligencia del Ejecutivo andaluz a la hora de abordar la alerta alimentaria que, de momento, se ha cobrado una muerte, otra en investigación, 196 afectados en Andalucía, tras confirmarse tres nuevos casos de infección en Sevilla y casi un centenar de casos probables o sospechosos en otras ocho comunidades autónomas.
Mientras tanto, el número de pacientes ingresados en los hospitales públicos y privados con sospecha de infección o con infección confirmada se ha reducido un 20% en 24 horas. Así, el número de personas hospitalizadas este lunes por la noche era de 86 cuando el día anterior se elevaba a 108.
Por su parte, la cuestión, además de cruzar las fronteras nacionales (un inglés que consumió carne mechada en Sevilla), tiene a la vista una investigación penal que acaba de abrir la Fiscalía Superior de Andalucía.
Pero la autocrítica no ha llegado al seno de la Junta: el consejero Aguirre consideró este lunes, a las puertas del Ministerio de Sanidad, que la actuación del Gobierno andaluz ha sido desde el principio “totalmente transparente” e “impecable”.
El portavoz de la Junta en esta segunda parte del mes de agosto, el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos), ha insistido en las últimas horas en que el Gobierno andaluz activó “todos los mecanismos sanitarios” y ha ofrecido “toda la información cada día”, en relación a las ruedas de prensa y los partes distribuidos por la Consejería de Salud y Familias. Eso sí, tampoco ha ocultado algún que otro mensaje dirigido a la gestión del Ayuntamiento de Sevilla, que gobierna el PSOE. “Hay noticias de que parece ser que la empresa no había sido inspeccionada por la inspección sanitaria, que le correspondería a la ciudad de Sevilla, desde hace más de dos años”, ha apuntado Marín.
El PSOE andaluz y Adelante Andalucía han pedido la comparecencia urgente del consejero Aguirre para que ofrezca explicaciones oportunas de cómo se ha gestionado el brote. En términos similares se ha pronunciado incluso Vox, 'socio' de PP y Ciudadanos en el Parlamento.
A nivel nacional, PP y Ciudadanos han solicitado a su vez que la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, dé cuenta de las actuaciones del Ministerio para controlar el brote de intoxicación alimentaria. La misma reclamación ha firmado Unidas Podemos y ERC. La Diputación Permanente del Congreso lo debatirá y votará este martes.
Las primeras informaciones acerca de un posible retraso en la activación de la alerta alimentaria ya generó las primeras acusaciones políticas mutuas hace una semana. Los resultados de los primeros análisis “se dieron incluso antes de lo que se debiera”, han defendido el Laboratorio Municipal de Sevilla, encargado de los mismos. Pese a que el PP andaluz fue muy contudente en los primeros compases de la crisis sanitaria, tildando de “único responsable” al Ayuntamiento hispalense, los mensajes de la última semana se han suavizado y se han centrado en que la Junta está analizando toda la información, recabando datos para lograr que un caso de este tipo no se vuelva a repetir y para detectar si se ha producido algún error.
Cuestión de tiempos: foco, brote y alerta
“Un brote no llega de golpe. La intervención es muy tardía para un sistema de notificación que se presume ágil”, explicó a este periódico un epidemiólogo experto en el protocolo andaluz que recogen que debe declararse la alerta ante la aparición de un caso y que el brote obliga a comenzar una investigación epidemiológica. Lo cierto es que las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía conocían desde primeros de julio que se estaba produciendo un incremento de los casos de listeriosis. Encargó el primer muestreo de listeriosis 38 días antes de decretar la alerta sanitaria y, como la propia administración reconoció en un informe, “desde la segunda quincena de julio se había detectado un incremento, en relación a los casos esperados en base a los datos de años anteriores, de casos de listeriosis en Andalucía”. La alerta finalmente se activó el 15 de agosto.
Por otro lado, la informaciones relacionadas con el caso no han cesado. La aparición hace unos días de la listeria en un producto de marca blanca, detectado gracias a que un cliente de la empresa Magrudis dio el aviso, provocó que la Junta denunciara ante la Fiscalía a la empresa comercial Martínez León para que investigue si comercializó la misma carne con otro envase diferente, algo negado por esta empresa pese a que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición confirmó que estaba mal etiquetada.
La cuestión es que la autocrítica ha brillado por su ausencia en la Junta. Al día siguiente de activarse dicha alerta, el consejero Aguirre destacó la “mágnífica labor” de la empresa Magrudis, que hoy está en el disparadero, por facilitar a la Consejería los datos sobre las ventas del producto. “Se han brindado de una forma muy positiva”, afirmó. En una entrevista en ABC de Sevilla llegó a decir que Magrudis había tenido “mala suerte”. Mientras, las sospechas de listeriosis han llenado los centros de salud andaluces (de 29 posibles casos en 2018 a 1.300 este verano), aunque la Junta estima que el número de casos irá remitiendo.
Las “vacaciones” de Moreno Bonilla
Una foto ha sido el penúltimo episodio de esta crisis alimentaria y sanitaria que le ha estallado al Gobierno de PP y Ciudadanos. Dirigentes socialistas andaluces criticaron contundentemente el hecho recogido el sábado por El Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña: el presidente de la Junta y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, compartían mesa en un restaurante de Moaña, en Vigo, con sus respectivas parejas.
El PSOE andaluz ha acusado a Moreno Bonilla de “dar la espalda a Andalucía” al irse “de vacaciones a Galicia” mientras que la comunidad sufre el brote de listeriosis, han denunciado en las últimas horas Francisco Conejo, Rosa Aguilar o José Fiscal. Tuvo que ser el propio Feijóo el que saliera en defensa de su homólogo andaluz, señalando que Moreno estaba “en comunicación permanente” con los técnicos de la Junta. También han respondido a las acusaciones desde el PP andaluz: “Es muy triste ver cómo públicamente ha sido capaz de demostrar que le importa más un puñado de votos que la salud de las personas y eso lo han hecho cargos del PSOE”, ha dicho su secretaria general Loles López.