Maruchi sostiene entre sus manos un legajo. Llora. Al fondo el rey Felipe VI sonríe con los brazos cruzados, desde la fría distancia de un retrato. En las páginas que Maruchi aprieta contra su pecho está la constatación científica de que en su pueblo los fascistas asesinaron y enterraron como perros a cientos de personas. Las mismas que el monarca ignora. Y las mismas que Andalucía rescata a contracorriente.
Porque Andalucía sigue abriendo fosas comunes. Y rescatando a víctimas del franquismo. La última prueba está en Utrera (Sevilla), donde los sondeos han dado resultado positivo con la localización de los huesos de una mujer y cinco hombres asesinados por los sicarios rebeldes tras el golpe de Estado de 1936. La localidad registra 424 víctimas del terror franquista. Una de ellas el abuelo de María Dolores Valle Núñez, conocida como Maruchi, nieta de José Valle González.
“Todos los demócratas tenemos cuentas pendientes con las víctimas del franquismo”, ha dicho el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Giráldez, en la presentación del informe favorable. Giráldez ha anunciado además la puesta en marcha de la última fase de exhumación. En el acto, ha estado acompañado del alcalde local, José María Villalobos, el equipo técnico, y familiares de víctimas organizados en la Asociación Memoria Histórica de Utrera.
Una fosa “desmontada”
Encontrar la fosa en el cementerio utrerano no ha sido tarea sencilla. Todo arrancó enmarañado. La idea de construir nuevos nichos hizo estallar el caso porque colectivos memorialistas dieron la voz de alarma: la tierra escogida quedaba justo encima de la fosa común. Tras varias fases, ahí están los restos óseos. Aunque la tumba está muy afectada.
“La fosa está desmontada casi en su totalidad”, indica la directora arqueológica del proyecto de excavación, Inmaculada Carrasco. “Las partes conservadas son mínimas”, apunta, aunque aportan “datos concluyentes” de que pertenecen a represaliados. “Seis cuerpos, cinco masculinos y uno femenino”, describe.
A pesar de la afección de la tumba colectiva, el equipo técnico no descarta que en el transcurso de los trabajos puedan aparecer más cuerpos. Quizás los tíos de Concepción Ordóñez Camacho: los hermanos José y Enrique Camacho Garrido. Concha, que así la llaman, busca a los vástagos ejecutados de su abuela “porque la conocí llorando y se murió con 94 años llorando a sus hijos”.
“El Volantes”, repite Concha. “A mí no me da miedo decirlo”, insiste, en referencia a uno de los verdugos, “el cabecilla de toda la banda” y que luego requisó “una calera –horno para calcinar la piedra caliza– que tenía uno de mis tíos”. Los hermanos Camacho acabaron en la cárcel. Y luego en la fosa. Paseados. Muertos a tiros. Como las 424 víctimas de Utrera.
Todos nuestros muertos
Concha y Maruchi heredaron la memoria familiar por línea materna. De sus madres y sus abuelas. Como muchas de las descendientes de quienes el fascismo quiso borrar de la historia. Y no como los reyes que nunca han roto una lanza por las víctimas del franquismo y presiden, estampados en sendos cuadros, el salón de plenos donde se presenta la memoria preliminar.
“Mi abuelo era jornalero y estaba en la CNT. Tenía poco más de 40 años”, cuenta Maruchi, también presidenta de la Asociación Memoria Histórica de Utrera que reúne a un puñado de familias de víctimas. A Juan fueron a buscarlo a su casa, en plena época del terror fundacional del franquismo. Pero no está. Salió del pueblo para ayudar a un familiar y cuando regresa, queda informado por su mujer. Juan va al cuartel de la Guardia Civil. “Porque nunca había hecho nada malo”, dice Maruchi. No regresó.
Su mujer, ante la ausencia, acude a la cárcel habilitada por los fascistas en el municipio. Pregunta por su marido. Y también la detienen. Ana María Soriano Vargas, también poco más de 40 años, queda presa durante meses. Ana sale en libertad. Juan, nunca. En una saca lo llevaron a las tapias y a tiros acabaron con su vida antes de arrojar su cuerpo a la fosa común del cementerio.
“¿Si aparecieran los dos? Ay…”, suspira Concha. “Yo lo que haría es meterlos con su madre”. En el nicho. Para cerrar el duelo. Para darles un entierro digno. “Yo lo que quiero es que aparezca mi abuelo”, repite Maruchi. Le cuesta retener las lágrimas. “Emoción contenida”, dice. “Pero si no aparece no importa, porque todos son nuestros, y los que salgan serán como si fuera mi abuelo”. Todos nuestros muertos.
Día para la historia de Utrera
“Silenciarlos”, que no se busque la fosa, que no se cuente, “es matarlos dos veces”, resume Maruchi. Por eso, y a pesar de las múltiples dificultades, la constancia de los familiares ha arrastrado un proceso complejo hasta un final positivo. “Sé que se está cumpliendo una ley, pero el camino no ha sido fácil y por eso queremos dar mil gracias a la Dirección General de Memoria Democrática”, sostiene.
La implicación y colaboración institucional ha sido otro pilar. “Estamos aquí gracias a los familiares”, ha señalado Javier Giráldez. “Porque han mantenido vivo el recuerdo y son víctimas de todos, porque lo son de esta democracia”. Por su parte, el alcalde, José María Villalobos, ha destacado que es “un día muy importante para Utrera ya que se ha hecho historia”.
“Hemos cumplido con nuestra promesa de preservar la memoria de nuestra ciudad y esto es gracias al trabajo de la Dirección General, del equipo de arqueólogas y al apoyo de las asociaciones memorialistas”, en palabras de Villalobos. El resultado es “una demostración de salud democrática” que sirve para “recuperar la verdad” como “un deber de la sociedad”.
Y el “rigor científico” del equipo formado por mujeres: las arqueólogas Inmaculada Carrasco y Carmen Romero y la antropóloga Inmaculada López. De dilatada experiencia en fosas del franquismo, las últimas intervenciones han sido en La Campana, Villaverde del Río o la localización y delimitación, y futura exhumación, de la de Pico Reja en el cementerio de Sevilla.
Cuando la Asociación Memoria Histórica de Utrera y la Asociación Foro Construyendo RedPública pusieron el grito en el cielo por los nichos previstos, el Ayuntamiento paralizó los trabajos hasta comprobar tal extremo. De ahí, en febrero de 2017 se llevaron a cabo labores de prospección con georradar que determinaron la existencia de posibles fosas de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista en el recinto cementerial.
Así, los trabajos en Utrera formaron parte de las 37 actuaciones aprobadas por la Junta de Andalucía el pasado año. La actuación, desarrollada en los dos primeros meses de 2018, ha dado resultado positivo después de una seria de sondeos.
El coste, 6.230,68 euros sufragados por la Administración autonómica, fue complementado por el Consistorio local con “aportación de maquinaria, operarios y herramientas, además de las gestiones previas conducentes a la autorización de la intervención”, como señalan en un comunicado. El último proceso exhumatorio, ya aprobado, tendrá un coste de 14.319,90 euros que sufraga, igualmente, la Junta.