Andalucía activa las subvenciones para Memoria Histórica y aprueba tres nuevos Lugares de Memoria
La Junta de Andalucía activa las subvenciones a la Memoria Histórica del ejercicio 2018. Las ayudas suman una cuantía total de 300.000 euros y están abiertas a asociaciones, ayuntamientos andaluces y universidades públicas de la región. Las actividades subvencionables serán proyectos de investigación, estudio y divulgación en materia de memoria democrática.
El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado además tres nuevos Lugares de Memoria Democrática. Se trata de la fosa común del cementerio de Puerto Real (Cádiz), ya exhumada y que era el testimonio vivo del terror franquista. Y dos emplazamientos en Baena (Córdoba), la sepultura ilegal del camposanto con víctimas de la violencia rebelde y el escenario clave de los asesinatos de más de 100 personas, la actual Plaza de la Constitución.
La convocatoria pública de subvenciones aumenta su presupuesto en un 200% con respecto al último año y dispone tres líneas dotadas con distintos créditos para los beneficiarios: 120.000 euros para entidades memorialistas que desarrollen su actividad principal en el ámbito territorial de Andalucía, 100.000 para municipios de la comunidad autónoma y 80.000 para universidades públicas andaluzas.
Cada propuesta estará dotada con un máximo de 6.000 euros, que serán 10.000 en el caso de los centros universitarios. La Junta viene convocando ininterrumpidamente desde 2006 estas subvenciones, destinadas principalmente a los colectivos memorialistas.
La novedad en este año es la inclusión de consistorios y universidades. “Esta decisión se debe a la creciente implicación que los ayuntamientos andaluces han mostrado con la Memoria, fundamentalmente a partir del desarrollo de intervenciones de tipo arqueológico y antropológico en víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, así como a la colaboración con diferentes equipos y grupos de investigación vinculados a la Universidad, cuyos trabajos suponen una mayor garantía de éxito en futuras intervenciones en fosas”, ha señalado en nota de prensa la Junta de Andalucía.
La aportación económica “para la cooperación con otras administraciones e
instituciones, así como con entidades memorialistas“ en el desarrollo de proyectos de investigación y divulgación forma parte de la ”estrategia de reparación a las víctimas desde la colaboración y la pedagogía“. Y constituye ”uno de los objetivos transversales del Gobierno andaluz“, y que se articulan a partir del I Plan andaluz de Memoria Democrática que regirá ”las políticas públicas de Memoria a desarrollar en los próximos cuatro años“, explica la administración autonómica.
La vía colaborativa de la Memoria
El proceso de subvenciones está activado desde la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. La administración autonómica ya rescató en 2015 las ayudas paralizadas desde 2013 en una maraña burocrática, que ascendían a 100.000 euros. Y aumentó los números un 10% un año después, manteniéndolos en 102.000 en 2017.
La apuesta por esta vía colaborativa va de la mano de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. A nivel nacional, varias regiones han implementado procesos similares en los últimos años en una situación que partía de la casi desaparición en 2013, cuando solo País Vasco y el Gobierno andaluz mantenían estas ayudas, como contó eldiario.es Andalucía. Un contexto agravado por el 'cero euros' y el boicot a la Memoria del anterior Gobierno nacional de Mariano Rajoy y que ahora tiene abierta otra senda con las claves memorialistas que puede desbloquear el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La región cuenta además con su primer programa a largo plazo, el Plan Andaluz de Memoria Democrática, con casi 9,5 millones de euros de presupuesto y que suma más de 5 millones para intervenir fosas comunes y recuperar los restos óseos de desaparecidos forzados en el periodo 2019-2022. El borrador del plan estuvo sometido a un proceso participativo abierto a víctimas del franquismo, asociaciones, expertos y administraciones implicadas.
El actual proceso de subvenciones a la Memoria Histórica ya está publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la junta de Andalucía (BOJA). La concesión de subvenciones se realiza en régimen de concurrencia competitiva y el plazo de presentación de solicitudes queda abierto el día 5 de septiembre de 2018 y llega hasta el 20 del mismo mes.
Las bases reguladoras completas, los modelos de petición y los formularios de alegaciones o presentación de documentos están disponibles en la página web de la administración regional, en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía y en los registros de la Delegaciones Territoriales del Gobierno andaluz.
Nuevos Lugares de Memoria
El Gobierno andaluz también ha declarado tres nuevos Lugares de Memoria Democrática. Los enclaves aprobados en Consejo de Gobierno, dos fosas de represaliados y una plaza donde se produjeron fusilamientos, amplían el inventario regional a 54 ubicaciones que reconocen “el carácter emblemático de los emplazamientos de la represión franquista en la Guerra Civil y la Dictadura hasta la consecución del Estatuto de Autonomía”, como informa la Junta.
La fosa común del cementerio de San Roque en Puerto Real “representa uno de los máximos exponentes del trabajo desarrollado por equipos técnicos andaluces a partir de la colaboración entre administraciones y entidades memorialistas” que en 2016 permitió la recuperación de 185 cuerpos. Después de las del cementerio de San Rafael de Málaga, es la segunda mayor exhumada en la comunidad con metodología científica.
Los dos lugares declarados en Baena fueron los escenarios claves de los crímenes cometidos desde el 28 de julio de 1936 por las fuerzas sublevadas al mando del coronel Eduardo Sáenz de Buruaga. En el primero de ellos, la actual Plaza de la Constitución, tuvieron lugar los asesinatos de más de un centenar de personas entre ese día y el 30 del mismo mes. Las ejecuciones posteriores, hasta un mínimo total documentado de 365 personas, se sucedieron incluso durante la postguerra en el cementerio de Nuestra Señora del Buen Suceso, donde se ubicaría un enterramiento colectivo ilegal.
