Andalucía mete 7.000 euros al presupuesto anual para Memoria tras recortarle medio millón en seis años

El proyecto de ley de Presupuestos Andaluces para 2025, dotado con 48.836,2 millones de euros, incluye un ingrávido repunte del gasto destinado a Memoria Histórica y Democrática: 7.351 euros más que en el presente ejercicio. El crecimiento de esta partida es minúsculo, pero rompe una tendencia de recortes contínuos en los seis años que lleva gobernando Juan Manuel Moreno en Andalucía.

El gasto propio que la Junta destina a Memoria Histórica -fundamentalmente para exhumaciones de fosas de víctimas del franquismo- ascenderá el año que viene a 1.244.768 euros, algo por encima de los 1.237.417 euros consignados en el presupuesto andaluz de este año. Si se compara con el mismo programa de gasto en las cuentas de 2018, las últimas que diseñó el anterior Gobierno del PSOE, la inversión es casi medio millón de euros inferior, en concreto, 479.984 euros menos.

La Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática fue aprobada a finales de 2017 por el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra. El PP, que venía de votar en contra de la ley estatal promulgada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero diez años antes, se abstuvo en la norma andaluza. Era la primera vez que ocurría algo así en España, un grado de consenso político sobre este asunto jamás visto hasta entonces.

Sin embargo, el mismo PP liderado ya por Moreno, firmó sólo un año después un acuerdo de legislatura con Vox para formar el primer gobierno de derechas de Andalucía, en coalición con Ciudadanos. Ese acuerdo político con la ultraderecha incluía la derogación de la Ley de Memoria Democrática, aunque nunca llegó a materializarse.

El partido de Santiago Abascal llevó al Parlamento dos proposiciones de ley para fulminar aquella norma: la primera era un único artículo derogatorio, la segunda era similar, pero envuelta en una norma que aguaba el enfoque antifranquista bajo el título de “ley de concordia”.

Esta última se ha abierto paso ahora en comunidades donde el PP necesita del apoyo de Vox, como Murcia y la Comunidad Valenciana, pero en Andalucía, los de Moreno frenaron a Vox, incluso estando en minoría. El PP andaluz incluyó en su programa la idea de desarrollar esa ley de concordia, bajo la condición de que sumase más consenso que la anterior Ley de Memoria, algo que aún no ha sucedido.

Durante los tres primeros años de gobierno en minoría de PP y Ciudadanos, sustentados por Vox, se materializó el mayor recorte al presupuesto de Memoria Democrática. En 2018, aún bajo tutela socialista, la partida ascendía a 1.724.752 euros. En 2019, primer presupuesto diseñado por los populares, el gasto para políticas memorialistas cayó de golpe 120.000 euros. Los dos siguientes presupuestos -2020 y 2021- ahondaron en ese recorte, primero hasta los 1.605.354 euros; luego hasta los 1.587.354 euros, en ambos casos fue necesario el respaldo de Vox para que salieran adelante.

La ultraderecha retiró el apoyo al Gobierno de Moreno, haciendo caer el proyecto presupuestario para 2022, el único en los seis años del PP en el poder que la partida destinada a Memoria Histórica repuntó levemente: 2.775 euros más que el ejercicio anterior.

Las cuentas que presentó este martes la consejera de Hacienda, Carolina España, vuelven a registrar un leve crecimiento en este programa, pero el gasto total ha quedado muy mermado desde 2018, año de referencia para el Gobierno de Moreno, con el que compara sistemáticamente en todas las partidas presupuestarias.

La políticas memorialistas han oscilado entre distintas consejerías del Gobierno, también lo hicieron bajo el mando socialista. La expresidenta Susana Díaz comparte con Moreno el no haberse personado jamás en los trabajos de exhumación de una fosa franquista en Andalucía, una comunidad con unas cifras oficiales impactantes: 900 fosas comunes y 49.737 víctimas, asesinados y torturados por el franquismo. A esto, se suman 1.388 desaparecidos y otras 200 tumbas ilegales.

El pasado julio, tras más de un año y medio vencido, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento del primer balance de actuaciones del Plan Andaluz de Memoria Democrática 2018-2022, para cuyo desarrollo presumía de haber dispuesto 4.517.943,92 euros. Aquel plan, aprobado aún con el PSOE en la Junta en noviembre de 2018, venía pintado con una memoria económica justificativa de 9.492.000.

En un informe que acompaña al citado Plan, el Ejecutivo de Moreno confirma que un tercio de la represión golpista en toda España sucedió en suelo andaluz. Y que las zonas donde no hubo guerra civil –como Sevilla, Huelva, Cádiz y parte de Córdoba– acumulan más personas desaparecidas que el terrorismo de Estado en las dictaduras de Argentina y Chile juntas. Donde no hubo conflicto bélico, hubo represión, tortura y asesinato.

Justo este jueves, 31 de octubre, se conmemora en España por tercer año consecutivo el Día de Homenaje y Recuerdo a las víctimas del golpe militar de 1986, la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco. Se eligió esa fecha porque fue un 31 de octubre de 1978, cuando las Cortes en sesiones plenarias del Congreso y el Senado aprobaron la Constitución y cuando 29 años después, en 2007, el Pleno de la Cámara Baja aprobó la primera Ley de Memoria Histórica, antecesora de la norma vigente.