La Junta de Andalucía ha denegado –con el curso ya empezado– la comisión de servicio intercomunitaria que habían solicitado 18 docentes para trasladarse a la Comunitat Valenciana este año académico 2024/2025 por motivos de conciliación familiar. La Consejería de Desarrollo Educativo ha revocado su traslado cuando éste ya se había producido y los 18 docentes impartían clases en las escuelas que el Gobierno valenciano les asignó a principios de septiembre.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno (PP) comunicó esta decisión al de Carlos Mazón (también del PP) la segunda semana de septiembre, cuando los profesores ya se habían incorporado al centro de destino que les habían asignado en julio. La denegación del traslado rompe las plantillas y la planificación escolar de esos 18 colegios valencianos, y se produce en un momento crítico para Andalucía, que estos días ha registrado más de 3.000 bajas de profesores “sobrevenidas” al inicio del curso escolar.
Los casos de la Comunitat Valenciana se suman a los 30 de la región de Murcia sobre los que informó este periódico, pero cuentan con el “agravante” de que los funcionarios de carrera valencianos se encuentran en una situación “de carácter excepcional por motivos familiares de peso”, como explican desde el sindicato USTEA, que está atendiendo a varios docentes con “crisis de ansiedad por el cambio tan brusco que les supone en su vida de un día para otro”.
Las comisiones de servicio intercomunitarias –las que se producen entre comunidades autónomas– requieren de la autorización de ambas administraciones, la de destino y la que aporta ese funcionariado (Andalucía en este caso). Representantes de USTEA aseguran que el rechazo de este curso no tiene precedentes, pues “tradicionalmente Andalucía siempre ha aceptado todas las peticiones” de la Comunitat Valenciana, que solo concede comisiones de servicio “por causas sociales” (esto es, de carácter humanitario, solicitadas por razones de conciliación de la vida familiar y laboral, enfermedad propia o de familiar, según explican los sindicatos).
También es inusual, indican fuentes sindicales, que la administración andaluza haya trasladado su negativa en septiembre, con el profesorado incorporado desde el día 2 y el curso en marcha. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía se limitan a señalar que las 18 solicitudes denegadas en la Comunitat Valenciana “no cumplían los requisitos”, sin concretar cuáles son. Este periódico ha contactado varias veces con la Consejería de Educación valenciana sin haber obtenido respuesta hasta el momento.
Entre los docentes afectados, se encuentra una profesora a la que ya se le había autorizado la comisión de servicio los últimos dos cursos por tener a su cargo en la Comunitat Valenciana a “un familiar de primer grado dependiente” (su padre enfermo). Este año volvió a solicitarlo por tercera vez y después de presentar toda la documentación requerida (informes médicos, seguros sociales, libro de familia) y de completar “los mismo trámites” que en las dos ocasiones anteriores, la administración valenciana volvió a autorizarle el traslado y a asignarle centro a finales de julio.
Sin embargo, “sin previo aviso” y diez días después de instalarse en el centro que se le había asignado en su comunidad de origen, el departamento de Educación valenciano le comunicó que Andalucía había denegado el permiso y tenía que regresar “de inmediato” a su centro de referencia en Sevilla, donde tiene la plaza. “Es una pesadilla, nadie me explica por qué me han retirado el permiso y no puedo poner una reclamación ni exponer mi caso”, denuncia en conversación con la edición andaluza de elDiario.es.
Más allá de su situación personal –reconoce que aún no sabe cómo va a afrontar el cuidado de su padre si tiene que volver a la capital andaluza–, esta profesora lamenta la situación de “desamparo” en la que se quedan los alumnos con autismo del aula específica en la que llevaba siendo tutora desde hacía dos cursos.
Otro de los docentes afectados recibió el visto bueno de la Comunitat Valenciana por “cuidado de menores de 1 a 4 años” también en julio, el día 26, según consta en la resolución a la que ha tenido acceso este diario. Al igual que su compañera, dice sentirse “anímicamente destrozado”. “De un día para otro te cambian la vida... con la alegría que teníamos de poder trabajar en casa este año y poder conciliar”, confiesa, antes de criticar que “el sistema está muy mal planteado por las fechas, los tiempos y la manera de hacerse”. “Si se resuelve antes, estos contratiempos no me afectan igual porque me planifico en julio”, reprocha a la administración andaluza.
Este profesor valenciano con plaza en Almería coincide con el resto de afectados en que “no han valorado individualmente los casos”, pues de otro modo no se explican que la Junta de Andalucía haya revocado el traslado de estos funcionarios de carrera “con graves problemas de conciliación familiar”, como apostillan las organizaciones sindicales.
Al hilo, explican que existen diferentes modalidades de comisiones de servicio: las de carácter docente (vinculadas al desarrollo de programas educativos específicos) y las de carácter humanitario (que se solicitan cuando existen “razones de conciliación de la vida familiar y laboral, enfermedad propia o de familiar, conflicto en el centro o adaptación del puesto”), de acuerdo con el sindicato ANPE. En la Comunitat Valenciana, señalan las organizaciones sindicales, solo se conceden comisiones de servicio “por causas sociales”, de manera que esos 18 casos se enmarcan en las de carácter humanitario.
“Es la primera vez que nos encontramos con una situación así”, apuntan desde los sindicatos, que recriminan a la administración andaluza su “falta de planificación”. Andalucía ha reclamado la vuelta de esos 48 funcionarios de carrera (sumando la cifra que da la Junta en el caso de la Región de Murcia y de la Comunitat Valenciana) cuando, en paralelo, arrancaba el curso escolar con una convocatoria extrarorindarita de plazas para cubrir la falta de más de 3.000 docentes.
En cualquier caso, la Consejería de Desarrollo Educativo achaca ese rechazo a una cuestión de “no cumplir los requisitos” y añade que las solicitudes se registraron “en los últimos días de agosto”. Los funcionarios de carrera afectados solicitaron la comisión de servicio a la Generalitat Valenciana al menos un mes antes de final de curso y recibieron el nombramiento en los centros de la Comunitat a finales de julio. Cabe recordar que por entonces Andalucía atravesaba una crisis de Gobierno que derivó en un cambio de la responsable del departamento de Desarrollo Educativo.
En el caso de Murcia (también gobernada por los populares), la Consejería de Educación afeó al Gobierno andaluz que comunicase su rechazo “de manera tardía y no en los plazos habituales”. Al no conocer su postura contraria al traslado “previamente por escrito”, la administración murciana les asignó desde julio puesto dentro de los procesos de adjudicación de la Región.
Desde el departamento de Educación murciano afirman que “la Consejería se ha volcado justificando las necesidades humanitarias o pedagógicas de cada caso particular para que esos docentes ejerzan en la Región, realizando gestiones con la Junta de Andalucía” y logrando que “una situación que afectaba inicialmente a 130 docentes, finalmente afecte a 30”. La mayoría de esa treintena de afectados son funcionarios de carrera de origen murciano que consiguieron su plaza durante el proceso de estabilización que habilitó la Junta de Andalucía en 2023, y que han solicitado por primera vez la comisión de servicio con carácter docente con la intención de acercarse a su comunidad natal.
Sin embargo, desde la intersindical murciana STERM denuncian que la Consejería de Educación de la Región ha “vulnerado” los derechos laborales de esos 30 docentes, por haber “borrado sus nombramientos y los días que han estado en sus centros no constan en sus hojas de servicio” tras conocer la decisión de la Junta de Andalucía.
Por el contrario, aplauden el procedimiento escogido por otra comunidad damnificada como es la valenciana, al tratar de “frenar la oferta de vacantes de las personas afectadas”, sacando esas plazas ahora desiertas como sustituciones en lugar de como vacantes de plantilla, según han podido saber las organizaciones sindicales. Eso supone conceder “un periodo de gracia” a los 18 docentes afectados, de manera que “les guardan su plaza” por si lograran que la administración andaluza reconsidere su posición contraria a que permanezcan fuera de la comunidad educativa a la que pertenecen.
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