El encarecimiento general de los precios afecta muy especialmente a sectores como el de la construcción y la agricultura, en los que el coste de los materiales se ha disparado y pone en peligro el equilibrio económico de muchas empresas. Esto, a su vez, se puede traducir en la paralización de obras públicas ya en marcha, y precisamente para evitar este frenazo en sus proyectos la Junta de Andalucía va a revisar los contratos para actualizar los precios y minimizar así el riesgo.
Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz lo que hace es complementar (“y mejorar”) la medida que en el mismo sentido ya ha aprobado el Ejecutivo central, como se encargó de subrayar el portavoz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP): “Vamos más allá y mejoramos el decreto del Gobierno de España, que es insuficiente para el sector porque deja muchas obras fuera de la excepcionalidad”. De esta manera, se amplía la cobertura, “para no poner en peligro la viabilidad de estos contratos, de las empresas y de miles de puestos de trabajo”.
Bendodo, que también sacó pecho con que el decreto se ha aprobado cinco días después de que lo anunciase el presidente andaluz en el Parlamento (“dicho y hecho”), cifraba en 71,5 millones de euros el coste inicial de la iniciativa, 59 en la Consejería de Fomento y 12,5 en la de Agricultura. La cantidad, se avisa, puede elevarse según la evolución de los índices de precios en 2022 y 2023 y una vez también que concluya la revisión que se está haciendo de los contratos de otros departamentos: Salud, Educación, Cultura y Turismo.
Hasta un 20% de sobrecoste
Los cálculos apuntan a que el alza de los precios oscila en una horquilla entre el 10 y el 20%, que es el tope máximo que impone el Estado para la revisión de los precios y, por tanto, no puede ir más allá esta compensación. El sobrecoste se pagará en la certificación final de la obra, lo que permitirá al Ejecutivo andaluz repartir el impacto económico a lo largo de los presupuestos de los próximos años.
El decreto andaluz permitirá que se beneficien obras en ejecución en 2021 y que ya hubieran terminado al entrar en vigor el decreto estatal y los trabajos que tengan una duración inferior a un año. También se aplicará a todo tipo de materiales (el Gobierno central compensa por bituminosos, siderúrgicos, aluminio y cobre), suprime las penalizaciones por retrasos provocados por la falta de materia prima y permite la sustitución de materiales siempre y cuando no se altere la calidad final del producto.
Estas compensaciones, a las que también podrán acogerse entidades locales y universidades, se aplicará asimismo en los casos de servicios de conservación de carreteras y edificios públicos. Y para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse, se establece que a partir de ahora todos los pliegos de los contratos futuros contemplen la fórmula de revisión de precios.
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