Andalucía tiene un problema crónico de paro, diez puntos por encima de la media nacional. Hace justo un año se acabó el último Gobierno socialista, que llevaba 37 años en el poder. La tasa de desempleo era del 21,8%, la misma cifra que se cerró el pasado octubre, último mes del nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos. Entonces se registraron 834.300 parados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y ahora hay 787.114. La economía andaluza está estancada, y amenazas externas como el Brexit, la guerra arancelaria de Estados Unidos a los productos agroalimentarios y a la industria aeronáutica, o el riesgo de recesión de Alemania no auguran un escenario prometedor.
Pero el joven Ejecutivo de Juan Manuel Moreno respira optimismo, prevé cerrar el año con 83.000 empleos nuevos, invita a las empresas extranjeras a venirse a Andalucía, disfrutar del “paraíso fiscal” y de la “estabilidad política y económica” de su mandato, un reino de paz y seguridad para la inversión, frente a las “turbulencias” de Cataluña o del forcejeo del PSOE, Unidas Podemos y los independentistas catalanes para formar Gobierno en España. Este lunes se cumple un año desde las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, punto de inflexión para la historia autonómica de esta región, y el balance de los partidos remite a dos realidades paralelas:
La noche del 30 de noviembre de 2018, la candidata del PSOE a la presidencia del Gobierno andaluz, Susana Díaz, cerró su último acto de campaña con una inyección de optimismo que le lanzaba un público entregado. Estaban en el pabellón deportivo de Pino Montano en Sevilla, un barrio obrero donde ocho de cada diez vecinos siempre ha votado a los socialistas. El PSOE siempre elige este sitio en la capital andaluza cuando quiere proyectar al exterior una imagen musculosa de su militancia. Cuando se apagaron los focos y el pabellón se quedó vacío, el secretario de Organización del PSOE andaluz y responsable de la campaña, Juan Cornejo, se acercó al último grupo de periodistas que quedaba rematando sus crónicas.
-¿Cómo lo ves, Juan? ¿Ganaréis el domingo?
-Ha sido un acto precioso. Pino Montano siempre nos responde con garra y entusiasmo. Que ganamos, eso seguro. Y yo creo que el bloque de izquierdas suma.
“El bloque de izquierdas”. Nadie sabía hasta ese momento que las elecciones andaluzas del 2 de diciembre iba de bloques más que de partidos. “No importaba ganar, sino sumar”. Ningún sondeo predijo la irrupción de Vox con tanta fuerza como para forzar el primer cambio de ciclo en Andalucía en cuatro décadas. Susana Díaz había adelantado los comicios y encaró una campaña de baja intensidad: Era la primera vez que una candidata de izquierdas jugaba la baza de la desmovilización, confiaba en que la fractura de la derecha y la baja participación, le diera ventaja a la fuerza más votada y consiguiese más escaños con menos papeletas (esto ocurriría más adelante, en las últimas generales). A mitad de campaña recibió una encuesta que hizo saltar las alarmas: la irrupción de Vox iba a ser más fuerte de lo esperado. Díaz dio un volantazo y centró su estrategia en el miedo al advenimiento de la ultraderecha. Pero era tarde.
En la respuesta de Cornejo aquella noche del 2D ya se intuía una preocupación tardía por que los tres partidos de derechas alcanzasen juntos la mayoría absoluta y formaran el primer Gobierno andaluz conservador. 48 horas después las urnas confirmaron aquel presagio.
El 2 de diciembre fue una “gesta heroica” para los que perdieron las elecciones pero ganaron el poder, y una “pesadilla” para quienes ganaron los comicios pero perdieron el Gobierno después de 37 años. Hay muchas claves que explican el cambio “histórico” que se produjo aquel 2D, pero todas apuntan a un cierre de ciclo político tras cuatro décadas de dominio socialista.
En 2015, la indignación ciudadana azuzada por los años de crisis económica cristalizó en la irrupción de dos nuevos partidos -Podemos y Ciudadanos- que venían a firmar la muerte del bipartidismo en España. La nueva política no quería seguir hablando de izquierdas contra derechas o de rojos contra azules, venían con otra cultura política y con otro lenguaje: la centralidad, los de arriba contra los de abajo, el centralismo y la plurinacionalidad... Si uno se fija bien, en realidad era el mismo formato binario de la vieja política: ellos contra nosotros.
Sólo cuatro años después, el bipartidismo no había muerto, pero había mutado en un “bipartidismo imperfecto” en el que las izquierdas y las derechas, fragmentadas en dos y tres partidos distintos, se reagruparon en bloques. La explosión del 15M se había apagado, el desapego por la política se tradujo en un hundimiento de la participación: había menos votos a repartir entre más partidos, y estos ya sólo podían gobernar si formaban alianzas o coaliciones.
El 2D no inventó la política de bloques, pero estrenó la primera alianza en España de dos fuerzas conservadoras -PP y Ciudadanos- con un partido de extrema derecha: Vox. Luego se repetiría el formato en otras comunidades, como Madrid, Murcia y Castilla y León. Pero en Andalucía, aquella unión de PP, Cs y Vox tenía una razón de ser más allá de las afinidades políticas e ideológicas de sus líderes: era la única región donde siempre había gobernado la misma formación en democracia, la única donde nunca hubo alternancia de partidos en el Gobierno. El pegamento que unió a las tres derechas andaluzas fue y sigue siendo el PSOE, como rival a batir.
Ganar perdiendo, perder ganando
Si en el 2D hubieran importado más los partidos que los bloques, la vencedora de aquellos comicios habría sido Susana Díaz. La ex presidenta de la Junta esgrimió su victoria como fuerza más votada aquella noche electoral, y fue desalojada de San Telmo un mes después. El PSOE ganó (pero perdió) con los peores resultados de su historia: 1.009.243 votos (27,95). El PP perdió (pero ganó) también con su suelo electoral más bajo: 749.275 votos (20,75%). El bloque de izquierdas sumó el 44,13% del escrutinio -1.593.283 votos- y el bloque de derechas alcanzó el 49,99% (1.804.884 votos). Ciudadanos, socio del PSOE en el mandato anterior, fue recompensado en las urnas al virar su estrategia y presentarse ahora como el más aguerrido rival de los socialistas: 659.267 votos (18,27%).
El votante progresista dio la espalda al PSOE, y tampoco buscó otra alternativa de izquierdas. Sencillamente no fue a votar: 2,6 millones de abstencionistas (41,3%). Podemos e IU estrenaron una coalición liderada por Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo (Adelante Andalucía), pero juntos obtuvieron 279.898 votos menos que lo que habían logrado por separado en 2015. El desempate lo puso Vox (395.978 votos), que irrumpió en el Parlamento con 12 diputados y usó la llave de la gobernabilidad para abrir la puerta al primer Gobierno de PP y Ciudadanos.
Desde entonces, Susana Díaz traduce el 2D en una victoria de su partido, y Juanma Moreno habla de la victoria de su bloque. La socialista afronta el momento de mayor debilidad de su carrera política. La última sesión plenaria fue un monográfico de condena a su persona y a su partido, zarandeado por la condena del caso ERE contra los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El socialismo andaluz se ha quedado temporalmente sin referentes históricos y, según los veteranos del partido, Díaz “dedica más tiempo a reivindicar su figura personal que a defender las siglas del PSOE”.
Cada día pierde apoyos internos, en parte porque la pérdida del Gobierno ha dejado a muchos de sus adeptos sin trabajo. “Lo que le está pasando ahora al PSOE es que no hay BOJA”, resume un miembro de la ejecutiva andaluza. Como líder de la oposición, se encuentra “desdibujada”. La sesión de control al Gobierno de Moreno se vuelve contra ella. Cada 15 días ve cómo los portavoces de PP, Cs y Vox en el Parlamento se parapetan para proteger al presidente mientras demonizan la herencia socialista. Para colmo, encuentra la misma hostilidad en el otro partido de izquierdas de la Cámara. Adelante Andalucía tiene dos partidos, dos perfiles políticos y dos portavoces: una es Teresa Rodríguez o Ángela Aguilera (Podemos), más dura en sus críticas contra Díaz que contra Moreno; la otra es Inmaculada Nieto (IU), capaz de debatir sin estridencias con el presidente de la Junta y abrir líneas de negociación sin complejos con el PP.
Moreno, en cambio, ha hecho el camino inverso. Los suyos le habían empezado a medir el ataúd antes de que terminase el escrutinio, y ahora, sin embargo, se ha reinventado como uno de los barones regionales del PP con más predicamento en la ejecutiva de Pablo Casado. Quienes han estado junto a él en esta transición del infierno al cielo dicen que “Juanma lo ha pasado tan mal”, que es capaz de empatizar con la situación personal que atraviesa ahora Susana Díaz, “por eso nunca se cebará con ella tanto como ella le menospreciaba a él”. Las cuatro elecciones que vinieron después del 2D mantienen la debilidad de los partidos que gobiernan Andalucía -PP y Cs-, pero no han resquebrajado el bloque conservador.
Las derechas se entienden, han pactado con Vox dos presupuestos autonómicos garantizando la gobernabilidad, como mínimo, hasta finales de 2021. Una alternativa de izquierdas se antoja difícil, porque en ese bloque los puentes que tendrían que unir al PSOE con Adelante están rotos. Díaz ha reordenado a su equipo de confianza en el Parlamento, relegando al veterano portavoz, Mario Jiménez, y a figuras emergentes que meses antes había situado en primera línea, como la jiennense Ángeles Ferriz o la onubense María Márquez. En su lugar la ex presidenta ha colocado en la primera fila a varios ex consejeros de su Gobierno -José Fiscal, nuevo portavoz; Antonio Ramírez de Arellano; Rodrigo Sánchez Haro; Rosa Aguilar-.
Cuando los dirigentes de Adelante Andalucía miran hacia la bancada socialista lo que ven es “un Gobierno en el exilio”, los mismos responsables públicos con los que confrontaban meses antes, a quienes reprochaban su alianza con Ciudadanos y el “agujereamiento de la política fiscal”. La coalición de izquierdas enarbola la crítica más dura contra el PSOE tras la sentencia condenatoria de los ERE, han pedido la dimisión de Susana Díaz, e impulsado la reprobación de los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y la propia Díaz. Denuncian que sus errores son corresponsables de la irrupción de la extrema derecha y de la llegada de un Gobierno conservador y admiten, entre líneas, que “mientras el PSOE no acometa una profunda renovación de su equipo -y de su líder- será más difícil entenderse en el arco de la izquierda”.
Cero leyes en un año
Ni la economía ni las políticas del nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno han dado un giro brusco que hagan irreconocible a la Andalucía de hoy respecto a la de hace un año. El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) ha presentado esta semana un análisis del proyecto de Presupuestos de 2020, que concluye que apenas se diferencia de las políticas de los últimos ejecutivos socialistas.
En un año, la Junta no ha llevado al Parlamento ni una sola ley nueva para su aprobación, a excepción de los Presupuestos Autonómicos de 2019, y dos proyectos de ley: el que regula las Cámaras de Comercio y el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales. En este tiempo sólo se han aprobado tres decretos leyes: el de bajada de impuestos cedidos [sucesiones y donaciones, transmisión patrimonial...], el de reordenamiento de las viviendas irregulares y el de medidas contra las inundaciones. La oposición ha impulsado más iniciativas legislativas que el Gobierno (siete proposiciones de ley), que las tres derechas han tumbado. Una de ellas, la reforma de la dirección de la RTVA y el resto de órganos de extracción parlamentaria, contó con el acuerdo unánime de todos los grupos.
El Consejo de Gobierno ha presentado muchas propuestas, anuncios e informes (115 proposiciones no de ley en Pleno), pero nulo desarrollo legislativo. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, anunció que la Junta no presentaría plan normativo para este año, porque su intención era “eliminar leyes superfluas del anterior Ejecutivo socialista”. Pero tampoco se han derogado leyes en un año. La actividad parlamentaria ha servido más para el rifirrafe de partidos que para el entendimiento. La Junta ni siquiera ha reactivado la ley andaluza contra la obesidad infantil que tuvo el respaldo de todos los partidos en la legislatura pasada, pasó el debate de totalidad, y quedó a las puertas de su aprobación definitiva.
Los populares y los naranjas sacan pecho de la bajada de impuestos -más beneficiosa para las rentas superiores a 60.000 euros-, de la tarifa plana de 24 meses para los autónomos y de la tarifa súper reducida para mujeres y jóvenes del mundo rural. Los presupuestos han aumentado el gasto en salud y educación públicas, sin embargo, todos los sindicatos de la sanidad se están manifestando para protestar por la falta de personal y de recursos que impide ofrecer un servicio público de calidad. La Junta se agarra a la “herencia recibida”, pero admite que en la gestión sanitaria tienen un problema considerable, agravado por la crisis de la listeriosis, que dejó más de 200 afectados, tres muertos y siete abortos.
Para desviar el foco de las críticas, la Consejería de Salud ha denunciado dos supuestos fraudes de los socialistas: el maquillaje de las listas de espera y el de las vacunas de la gripe. Ninguno de los dos se ha denunciado en los tribunales. El primero, que contabiliza medio millón más de pacientes en espera no contabilizados por el anterior Ejecutivo, plantea dudas porque el gabinete actual ha ampliado la población diana que esperan operaciones y pruebas de diagnóstico. El recuento no es homologable al del resto de comunidades, ni cuadra con la contabilidad que realiza el Ministerio de Salud, de ahí que Andalucía compute más pacientes que antes. El segundo caso, el de las vacunas, tampoco ha sido denunciado en los juzgados, porque los propios técnicos han advertido que las cifras que aporta ahora la nueva Administración deja aparte a los vacunados en los distritos sanitarios, y que la diferencia explicaría ese desfase en el cómputo global.
En realidad, no importa. Este guirigay de números y esta guerra de cifras oficiales ha tenido entretenido al nuevo Ejecutivo durante meses, mientras en España se celebraban elecciones generales, municipales, autonómicas, europeas y otra vez generales, y las fuerzas de derechas e izquierdas calibraban si su poder avanzaba o retrocedía en Andalucía. En el caso de PSOE y PP, avanzan tímidamente. En el caso de Ciudadanos, se desploma. La coalición Podemos-IU ha retrocedido levemente, y Vox despliega una capacidad de influencia para acaparar el foco del debate que se ha traducido en un impresionante crecimiento en las urnas.
Todas las fuentes consultadas en el Ejecutivo admiten que el PP rentabiliza mejor la acción de Gobierno que Ciudadanos. La sobreexposición del portavoz Bendodo -que preocupa incluso al círculo íntimo del presidente Moreno- ha empujado en los últimos días al vicepresidente Juan Marín (Cs) a ocupar más espacio público. La formación naranja ha salido noqueada de las últimas generales. Prácticamente extinguida como partido de ámbito estatal, inicia ahora un proceso de reconversión orgánica, política y estratégica bajo el liderazgo heredado de Inés Arrimadas. Andalucía es donde los naranjas ostentan más espacio institucional, sin embargo, esta cuota de poder no tiene traducción en las estructuras de partido. Varias fuentes aseguran que Arrimadas “dejará espacio” a dirigentes andaluces, y suena ya el nombre de Marta Bosquet (presidenta del Parlamento) para la futura ejecutiva nacional.
El cambio más visible desde el 2D es que al PSOE le falta su principal arma de propaganda y comunicación para difundir el estado de las cosas, y que esa herramienta pertenece ahora al PP. Y que hace uso de ella con la misma devoción y asiduidad que sus antecesores en el poder. Bendodo dedica siete de cada diez minutos de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de cada martes a dinamitar con saña la herencia recibida del anterior Ejecutivo socialista. Se sirve de datos oficiales que contrastan o desmienten los otros datos oficiales, que son los que hasta ayer manejaba el equipo de Díaz.
Los periodistas se pierden cada semana en un laberinto de cifras cruzadas, a ratos contradictorias, que todavía están ordenando cuando la Junta ya las ha difundido a cuatro vientos por las redes sociales. Casi todas las historias de Bendodo contienen el mismo relato: el Gobierno del PSOE “mintió”, “escondió”, “camufló”, “maquilló” los datos oficiales que hablaban bien de sus políticas. La realidad, dice ahora el PP con otros datos, era poco menos que fraudulenta. Aunque por ahora ninguna de estas acusaciones o insinuaciones se ha presentado ante los tribunales.
Las negociaciones en Madrid entre PSOE, Unidas Podemos y ERC para formar Gobierno han estrechado la alianza de las tres derechas en Andalucía, que ven en el futuro gabinete de Pedro Sánchez un enemigo común. Esta estrategia de confrontación entre Andalucía y Madrid -muy explotada también por los socialistas cuando había un líder del PP en Moncloa- definirá gran parte de la legislatura.
Por ahora, los nuevos gobernantes mantienen la estructura de la Administración anterior, ultiman cambios de calado en el sector instrumental -a través de consultorías privadas- y permiten que su socio externo, Vox, introduzca un nuevo lenguaje en la administración andaluza: términos como violencia intrafamiliar, que usan como sustitutivo de violencia de género; discursos que criminalizan a los menores inmigrantes; políticas que replantean el aborto como un problema, no como un derecho... avanzan hacia otra forma de hacer política.
La izquierda tiene su indignación aparcada en un bordillo del Parlamento pero, su fractura interna y la honda herida de la condena de los ERE, permiten al Ejecutivo de PP y Cs soñar con un margen de gobernabilidad muy amplio. “La sentencia de los ERE nos va a dar que hablar para dos legislatura”, advierten.