El Parlamento andaluz ha aprobado los Presupuestos Autonómicos de 2020 con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, los tres grupos que sustentan al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Las izquierdas -PSOE y Adelante Andalucía- han rechazado el diseño de las cuentas del próximo año, que ascienden a 38.549 millones de euros, 5,4% más que el actual. La Junta defiende que se ha alcanzado un récord en el gasto social y la oposición replica que el grueso de la financiación extra para sanidad, educación y políticas sociales viene del aumento de las transmisiones del Estado a Andalucía.
El Presupuesto lleva incorporadas 70 enmiendas de todos los grupos, incluida la oposición: cuatro de las 307 que presentó Adelante Andalucía, y tres técnicas del PSOE, que fueron incluidas durante la tramitación previa. La sanidad, el mayor quebradero de cabeza de la Junta, absorbe la mayor parte del gasto público: más de 11.000 millones de euros; seguido de educación y políticas sociales. Cerca de 12.000 millones de euros lo acapara el capítulo de personal: la Administración andaluza es la mayor empresa de la comunidad, con más de 260.000 funcionarios.
La aprobación de la ley de Presupuestos es el momento político más importante del año, porque traduce en cifras todo lo que el Gobierno andaluz se ha comprometido a hacer en el próximo ejercicio. También ofrece un termómetro claro de la estabilidad de un Ejecutivo de coalición, sostenido por un tercer partido desde fuera, que da síntomas claros de armonía interna. “Andalucía es una de las administraciones más estable de España”, dice Moreno, que ha querido subrayar la importancia de sacar unas cuentas adelante con un Gobierno en minoría y “poniendo de acuerdo” a grupos de derechas e izquierdas en muchos aspectos.
La alianza de PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía está anestesiada contra las turbulencias políticas externas -el forcejeo de sus líderes nacionales por dominar el voto de derechas- y también contra los envites de sus rivales parlamentarios. Al aprobar las cuentas del año que viene, el Ejecutivo andaluz disfrutará de oxígeno en la gobernabilidad hasta finales de 2021, en caso de prorrogarse los de 2020 por falta de acuerdo entre los socios.
También el margen de influencia de Vox será progresivamente menor. La extrema derecha puede seguir apretando a la Junta, y la Junta seguirá dependiendo de los votos de sus 12 diputados para sacar adelante cualquier ley o iniciativa en el Parlamento. Lo subrayó el diputado Rodrigo Alonso desde la tribuna, al advertir al presidente de que si dilata el cumplimiento de los acuerdos suscritos con Vox, si cae en la tentación de “hacer cábalas” y “prorrogar las cuentas de 2020” para deshacerse del peso de la influencia de su partido, su “hostilidad democrática será más incómoda y más grande”. “Tener a Vox un año de forma hostil en defensa del interés general por algo que ustedes no cumplan es sumamente incómodo”, dijo.
El primer año de mandato ha sido prácticamente nulo desde el punto de vista legislativo: no se ha aprobado ninguna ley nueva, ni derogado ninguna ley anterior, y los decretos ley que ha avalado la Cámara eran de segundo orden, con excepción de la renovación de la dirección de la RTVA y demás órganos de extracción parlamentaria, que tuvo el apoyo unánime de todos. En 2020, Vox podrá ralentizar la acción de Gobierno, pero no bloquearla ni amagar con tumbar las cuentas, como hizo el pasado verano.
El partido de Santiago Abascal impuso al Ejecutivo de Moreno condiciones extras a su apoyo parlamentario en 2019 y 2020: un plan para auditar el sector público y “desmantelar” progresivamente los entes instrumentales, donde trabajan 26.045 empleados públicos; fomentar el estudio de la caza y los toros en los colegios; crear un teléfono de atención a víctimas de “violencia intrafamiliar”, término que Vox usa para hablar de violencia de género; las ayudas a mujeres embarazadas para evitar que aborten; la mayor fiscalización de las subvenciones a colectivos memorialistas (Vox impugna la Ley de Memoria) o suscribir un convenio con el Ministerio de Interior para compartir información sobre inmigración irregular.
El PSOE y Adelante Andalucía han focalizado el debate presupuestario en estas medidas para tildar las cuentas de “regresivas” e “ideológicas”. La coalición Podemos-IU insiste, además, que son “continuistas”, que prorrogan el modelo económico y fiscal que iniciaron los socialistas en el mandato anterior de la mano de sus socios en el partido naranja. La Junta ha aceptado cuatro enmiendas parciales de Adelante
PP y Ciudadanos transigieron para garantizarse la aprobación de las cuentas, pero si se repiten las presiones en la negociación del próximo ejercicio presupuestario -que arrancará el próximo verano-, los socios tendrán el recurso de plantarse, prorrogar el Presupuesto que se aprueba hoy y aguantar hasta final de 2021. Para entonces a la legislatura le quedará un año, margen habitual para una ruptura pactada en los Gobiernos de coalición. Todo esto son hipótesis basadas en estrategias políticas precipitadas porque, hoy por hoy, las tres derechas caminan al unísono y Moreno y Juan Marín, vicepresidente de la Junta y líder regional de Cs, aseguran que agotarán la legislatura.
El discurso del bloque de derechas en el debate presupuestario es compacto, el de las izquierdas no. La coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) es tan crítica con el modelo económico de PP y Ciudadanos como lo fue con el del PSOE. Su denuncia entronca con las conclusiones del reciente informe del Observatorio Económico de Andalucía, que concluye que el modelo fiscal del primer Gobierno de Moreno no difiere mucho del del último gabinete de Susana Díaz, que introdujo las primeras bajadas al impuesto de sucesiones y donaciones para contentar a sus entonces aliados de Ciudadanos.
Las cuentas andaluzas de 2020 son las segundas que firma el Ejecutivo bipartito de derechas en cinco meses, pero son las primeras íntegramente diseñadas por PP y Cs. No contienen dos de las grandes promesas electorales de Moreno: la bajada masiva de impuestos, lema de campaña que ha mutado en un ajuste gradual de las tasas, y la creación de 600.000 puestos de trabajo. La desaceleración económica y las amenazas externas como el Brexit, la guerra arancelaria de Estados Unidos contra los productos agroalimentarios y aeronáuticos de Andalucía, o el riesgo de recesión de Alemania han obligado a la Junta a enfriar sus expectativas.
También lo ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que acaba de pedir a Andalucía que retrase o aparque las rebajas fiscales previstas para no hacer peligrar el control del déficit (diferencia de ingresos y gastos). La Consejería de Economía ha sido prudente en sus previsiones: vaticinó un cierre del año con 60.000 empleos nuevos y ahora está seguro de que alcanzarán los 83.000.
PP, Ciudadanos y Vox mantienen un alto grado de coincidencia en el diseño de las grandes cifras del Presupuesto de 2020. La negociación previa para allanar las cuentas del año que viene se centró en otro tipo de reclamaciones de la extrema derecha, menores desde el punto de vista de gasto -Hacienda calcula el impacto de las medidas en 15 millones-, pero de gran resonancia política y mediática: negación de las políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista; mayor control de la población inmigrante sin papeles, con especial incidencia en menores extranjeros no acompañados; revisión de los contenidos educativos, incluyendo toros y caza, y nueva planificación escolar para primar la escolarización en la concertada; replantearse la política de subvenciones... Con todo, la formación de extrema derecha defiende que su “impronta” está en los números del Gobierno andaluz.
El documento político que firmaron las tres fuerzas habla de un aumento del gasto para seguridad en centros de menores extranjeros no acompañados, que Vox vincula con el repunte de la delincuencia (el dato oficial es del 0,54%), pero las cuentas no recogen ese compromiso de gasto. Hay 150.000 euros para centros de acogida para menores tutelados por la Junta, de los que una mínima parte son niños migrantes.
El artífice principal de estas cuentas, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha cerrado el debate con un discurso mucho más conciliador que el que ofreció tras aprobarse el Presupuesto de 2019. Aquella vez fue duro contra el PSOE, y ahora, sin embargo, ha sido efusivo al agradecer las aportaciones de la oposición. El vicepresidente de la Junta y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, también ha valorado que “Andalucía cree certidumbre en un contexto nacional e internacional difícil”. Marín ha sido más crítico con los socialistas que Moreno, ha pedido a Susana Díaz que siga el ejemplo que le señala a él hace un año y que haga del PSOE “un partido útil” y que “abandone la confrontación en la que está instalado porque aún no ha encajado la derrota electoral del 2 de diciembre”.
Esta vez, al contrario que hace un año, ha sido la líder de la oposición, Susana Díaz, quien ha valorado las cuentas al cierre del debate. Díaz sostiene que los números del Gobierno andaluz “no resuelven los principales problemas de los ciudadanos, una sanidad que está en llamas y una educación que nota ya los recortes”. La dirigente socialista denuncia que hay 100.000 parados más que hace un año, que las cuentas para 2020 son irreales porque se han diseñado según “un contexto económico internacional que no es el que se van a encontrar”, y denuncia que la política fiscal de la Junta “beneficiará los 300 más ricos, a costa de hacer pagar más impuestos al resto”.