No a los conciertos con centros de enseñanza que segreguen por sexo. No a las pruebas de evaluación externas de los colegios e institutos. No a que los centros escolares puedan seleccionar al 20% de su alumnado según capacidades. No a la eliminación de materias como educación para la ciudadanía. Y en definitiva, recurso en el Tribunal Constitucional. La Junta de Andalucía ya tiene un calendario de insumisión claro contra la nueva ley de educación (LOMCE), la séptima de la democracia, y que en el plano legal se plasmará con el anunciado recurso en el Tribunal Constitucional. La presidenta Susana Díaz ha explicado este jueves en el pleno del Parlamento de Andalucía que el recurso se basará en que la norma “invade el artículo 21 del Estatuto de Autonomía sobre el derecho de acceder en condiciones de igualdad” a la educación. Ha recordado que “es la primera ley de educación que se hace en este país con el apoyo de un solo partido”, por lo que le ha augurado una vida muy breve.
Paralelamente, ha anunciado otras medidas para hacerle frente a la norma, como que la Junta de Andalucía pretende que sea el profesorado el que diseñe y califique las pruebas de evaluación en los centros de educación que reciben fondos públicos. “Pero los resultados no se harán públicos para evitar los rankings de colegios”, ha dicho. Se trata de una medida que defiende la autonomía de colegios e institutos. Pero, sobre todo, va directamente contra la filosofía que impregna el texto del ministro José Ignacio Wert, para quien estas mediciones eran “irrenuciables” con el objetivo de elevar la “tensión” entre los centros escolares mediante unas pruebas de evaluación “uniformes, estandarizadas, externas y nacionales”, cuyos resultados se darían a conocer para que los padres elijan el centro de enseñanza que mejor consideren para sus hijos. La Junta de Andalucía, en cambio, pretende que estas pruebas de evaluación sean internas y no públicas.
Otra medida de la Junta de Andalucía dentro de su frente a la LOMCE será que para compensar el currículo básico se incluirán materias aparcadas por dicha ley, como es la educación para la ciudadanía. La presidenta ha prometido, además, que Andalucía reforzará esta enseñanza con “la educación cívica y por los derechos humanos”. Y para todo ello, “se va a exigir consenso en los contenidos con los centros de educación”, de nuevo haciendo un guiño al papel del profesorado.
Respondía así a la pregunta del portavoz de IU, José Antonio Castro, quien ha recordado que su formación plantea “la desobediencia en todos y cada uno de los centros de enseñanza de Andalucía a la LOMCE”. Sobre las críticas vertidas por el PP-A sobre esta postura con la LOMCE, ha sido tajante: “Nos la trae al pairo que nos llamen radicales desde la bancada de la derecha”.
“Se echa por tierra la evaluación continua”
La Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación de Andalucía (ADIDE) se ha pronunciado en contra de este contenido de la LOMCE porque entiende que “ataca y echa por tierra uno de los principios del trabajo de los docentes en el aula como es la evaluación continua del aprendizaje de los alumnos”. Sostiene que, al introducir las pruebas finalistas, “se está lanzando el mensaje al profesorado de que lo realmente válido son los exámenes puntuales, relegando y dejando en un plano residual la valoración del trabajo diario del alumnado”.
Cabe recordar también que en 2012, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, propuso una plataforma en internet para ofrecer información sobre todos los colegios e institutos pagados con fondos públicos “para facilitar el ejercicio de la libertad de elección por parte de las familias”. Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco rechazaron la medida, que ahora vuelve a tener cabida con la LOMCE. Por eso la Junta de Andalucía apostará por las pruebas de evaluación internas y no públicas.
Por otro lado, Susana Díaz ha ratificado el compromiso de que “Andalucía no va a sostener con fondos públicos los colegios que segreguen por sexo a niños de niñas”, una eterna lucha de la comunidad autónoma contra una fórmula que sin embargo queda amparada por la LOMCE, que blinda esta posibilidad. Esta resolución llega después de varios pronunciamientos del Tribunal Supremo respaldando a la Junta de Andalucía en su decisión de suspender los conciertos con los centros de enseñanza que no fueran mixtos. Tampoco se cederá suelo para centros de enseñanza concertada mientras haya plazas disponibles en los públicos.
El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha insistido en que la Junta de Andalucía no está de acuerdo en que el centro de enseñanza pueda elegir hasta el 20% del alumnado por criterio de notas o expediente académico, como prevé la ley, “porque el principio de igualdad se rompe”. Sobre las pruebas de evaluación externa, ha manifestado que “ningún organismo internacional recomienda que se rompa el itinerario educativo y la LOMCE obliga a irse a la formación profesional básica a los que no aprueben”, un hecho que pretende, a su juicio, “buscar mano de obra barata no cualificada y no debemos permitir esto”.
“Esta ley hay que tumbarla”
Desde el sindicato CCOO-A, el secretario general de la federación de Enseñanza, José Blanco, ha celebrado que se vaya a interponer un recurso en el Tribunal Constitucional. “Entendemos que esta ley ha nacido muerta, y no será la séptima, sino la octava, porque el siguiente que gobierne la va a derogar, y no nos parece que la educación esté sometida a estos vaivenes”, ha dicho. En la misma línea, ha criticado que “a los recortes económicos sufridos por la educación, se sumen ahora recortes ideológicos como los que propugna la LOMCE”.
En su opinión, “no hay que limitarse a buscar alternativas para hacer frente a esta ley”, sino que hay que tumbarla, porque va contra “un principio básico como es la igualdad, abogando por una educación elitista, donde sólo tengan cabida o los que tienen dinero o los que son genios”.
En los mismos términos se expresa Mercedes Juárez, de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa), para quien la LOMCE en sus actuales términos “llevará a que la escuela pública sea algo residual”. Por ello, expresa su deseo de que desde la autonomía “se haga todo lo posible para corregir los contenidos que menoscaban el derecho a una educación en igualdad de condiciones”.