“Seguimos viviendo episodios cotidianos de LGTBIfobia (homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia) y debemos reconocer que la sociedad necesita superar prejuicios y estereotipos, anclados en el pasado, para seguir avanzando en derechos sociales”. Así concluye el texto de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista que acaban de aprobar por unanimidad todos los grupos parlamentarios andaluces, decididos a impulsar el desarrollo normativo necesario para la lucha contra la LGTBIfobia.
El Parlamento ha instado así al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a establecer “un régimen sancionador adecuado” y poder evaluar “la necesaria transformación de la sociedad en relación a la manera de actuar y comportarse en relación al colectivo LGTBI”. La proposición promueve además la creación del Consejo Andaluz de colectivos LGTBI, que velará por el cumplimiento y valorará la aplicación real, efectiva y transversal de las políticas autonómicas a favor de la igualdad en la diversidad sexual.
También apuesta por continuar el desarrollo de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, así como “promover el respeto a la diversidad familiar, sexual y de género a fin de garantizar la tolerancia y no discriminación para que cualquier persona y/o familia pueda desarrollar su vida de una manera igualitaria, libre y natural, incorporando en las campañas públicas la diversidad y la concienciación social, con especial incidencia en familias y personas jóvenes”.
Se promueve igualmente la visibilización LGTBI con acciones conjuntas con los colectivos a desarrollar especialmente los días 17 de mayo (Día Mundial contra la discriminación LGTBI) y 28 de junio (Día del Orgullo LGTBI). En ese sentido fuentes parlamentarias explican a eldiario.es/andalucia que se ha añadido a la Proposición no de Ley una enmienda de Podemos y Ciudadanos. El texto incluye dos puntos más como son “promover en toda la comunidad educativa y universitaria planes educativos para impulsar la igualdad en la diversidad sexual y la lucha contra la LGTBIfobia” y “elaborar y definir los protocolos de actuación para todos aquellos profesionales que estén implicados en la atención, información y asesoramiento al colectivo LGTBI, especialmente en los ámbitos sanitario, educativo y social, así como impulsar la coordinación entre todas las Administraciones contra las agresiones”.
“Que cuando se apruebe sea con toda la legitimidad”
Por su parte, fuentes socialistas han querido diferenciar el impulso de su propuesta de la anunciada recientemente por la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. “Cifuentes la hace ella sola y nosotros lo hacemos con los colectivos afectados, escuchándolos y apoyándolos con acciones concretas que van dirigidas a protegerlos así como a ser serios y elaborar leyes con ellos y con el Gobierno, de manera que cuando se apruebe sea con toda la legitimidad y con el despliegue de efectos desde el minuto uno. Mientras tanto se hace, el hecho de que se hable ya es una medida de concienciación de este problema”, apuntan en la línea ya expuesta por la consejera de Igualdad en una entrevista con este periódico, donde apostaba por el diálogo con los colectivos LGTBI.
El texto de la proposición no de ley, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, hace un recorrido general por las normativas aprobadas en España y Andalucía en los últimos años, con referencia en especial a la mencionada ley andaluza de transexualidad. En ese sentido indica que, además de los avances legales y sociales hacia el respeto a la diversidad sexual, “también se han producido retrocesos, muchas veces sutiles, como el que se ha producido a raíz de la Orden Ministerial de 31 de octubre de 2014 que excluía a mujeres solteras o lesbianas de las técnicas reproductivas”.
En ese aspecto explica que, “aunque la Orden no especifica exactamente la exclusión de este colectivo, sí que establece como requisitos para los tratamientos de reproducción humana asistida (RHA) la necesidad de mostrar un 'trastorno documentado de la capacidad reproductiva, constatado tras el correspondiente protocolo diagnóstico y no susceptible de tratamiento médico o tras la evidente ineficacia del mismo'”, “así como la 'ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos'”.
Cuando expiraba la pasada legislatura en Andalucía, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida (entonces socio de gobierno junto al PSOE-A en la Junta), junto al Área de Libertad de Expresión Afectivo Sexual (ALEAS Andalucía), daba un primer paso hacia una ley contra la homofobia como la que aprobaba el Parlament de Catalunya hace poco más de un año, el 6 de octubre de 2014. La finalidad planteada era desarrollar y garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) y evitar situaciones de discriminación y violencia para poder vivir la diversidad sexual y afectiva en plena libertad.