El pasado 3 de diciembre, Rosa Padilla y sus tres hijos (uno de ellos con diplejía espástica) fueron sacados de su casa y llevados a un hostal. La mujer, que llevaba meses sin pagar el alquiler, empaquetó lo que pudo y lo metió en una furgoneta. El resto se quedó en la casa, a la espera de que alguien lo llevara a un trastero. El suyo es otro caso de una modalidad de desahucio que crece en Andalucía. Los lanzamientos por el impago de alquiler han aumentado un 13,8% en Andalucía desde 2013 y ya superan a los que se producen por impago de la hipoteca, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Especialmente en Málaga: en 2018, 1.697 familias fueron desahuciadas en la provincia por no pagar el alquiler, el doble que en Sevilla (840).
“A las reuniones suele venir gente desesperada que recurre al sindicato en última instancia, con cartas de desahucio para mañana o pasado. Mucha gente mayor o en paro”, explica Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas en Málaga. Sin embargo, poco a poco se incorpora un nuevo perfil: gente joven, que se preocupa con cierta antelación del vencimiento de su contrato, pero no obtiene respuesta de sus caseros. Ese es su caso: “Me dijo que echarme no, pero que igual me suben la renta. Saben que pueden sacar más beneficio”.
El problema es “encontrar una vivienda”
En Málaga abundan las historias sobre la dificultad de alquilar una vivienda. Cualquiera que lo pretenda cuenta algo parecido: no existen pisos para alquilar, o duran minutos en los portales inmobiliarios. El Centro Histórico ha sufrido en los últimos años una progresiva mercantilización: las franquicias y las terrazas dominan la calle, los residentes son menos y proliferan las viviendas turísticas. En la ciudad hay 5.840, la mayoría en el centro, según el Registro de la Junta de Andalucía. Es un 14% más de las que había el pasado mes de mayo.
Con las promesas de dinero fácil del alquiler turístico, el residencial desaparece o se encarece, y la tendencia se traslada a los barrios. “Las inmobiliarias están comprando para invertir en pisos turísticos. Hay muchos medianos propietarios, que no son fondos de inversión ni grandes empresas, sino que tienen seis u ocho pisos”, comenta Machuca, que denuncia: “En Málaga ya no es ni siquiera un problema de precio, sino de encontrar vivienda”.
Hay que irse muy lejos del centro para encontrar pisos para vivir. Los Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga y Granada han comenzado a colaborar para luchar “contra los procesos de presión turística y gentrificación que nos expulsan de nuestros barrios”.
Es probable que la tendencia vaya a más. Según el informe de enero de coyuntura turística del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, 7.137.000 personas se alojaron de enero a noviembre en una vivienda turística en la provincia, un 7,2% más. La cifra ya supera en 1,5 millones a los viajeros hoteleros. Oyo Rooms, un gigante con capital indio y participado por Airbnb, acaba de desembarcar en España con muchos millones para invertir. En Málaga ha contratado a decenas de comerciales que peinan el mercado para captar nuevas viviendas turísticas.
Málaga, el doble de desahucios por alquiler que Sevilla
En este contexto, los precios no dejan de crecer. Idealista ofrece los siguientes datos: en noviembre, el precio medio de alquiler por metro cuadrado en Andalucía era de 8,5 euros, el 1,7% más que en octubre y el 6,4% más que en noviembre de 2018. En Málaga provincia, el precio medio era de 9,7 euros/metro cuadrado, y en la ciudad, de 10,4. En Sevilla provincia, el precio es 9,2 euros/metro cuadrado, y en la ciudad, 10,5.
Los precios de venta también suben, hasta 1.651 euros/metro cuadrado en Andalucía (+8,8% respecto a hace un año, la mayor subida de España, donde el alza es de 4,6%). Málaga es la provincia andaluza donde más sube el precio de comprar una casa: +8,5%.
El Observatorio del Alquiler del Ministerio de Fomento, que se realiza con datos de Idealista y Fotocasa y de los depósitos de fianzas, ofrece una fotografía parecida. Según el último informe, de septiembre de este año, Málaga es la provincia andaluza donde es más caro alquilar: 6,8 euros por metro cuadrado y mes, con un alza del 11% en 2018. Es la quinta provincia española donde más se ha encarecido el alquiler, tras Madrid, Baleares, Zaragoza y Valencia. Ha ocurrido sobre todo en los municipios turísticos, como Marbella (8,3), Fuengirola (7,4), Torremolinos (7,6) o la propia capital (7,1).
Mientras aumentaban los precios, los desahucios por impago de alquiler se disparaban. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, publicados en octubre, reflejan un problema creciente: de 4.475 lanzamientos en 2013 por no pagar la renta en Andalucía se ha pasado a 5093 en 2018, de los cuales un tercio ocurrieron en Málaga, que duplica a la siguiente provincia, Sevilla.
El aumento en Andalucía es del 13,8% en cinco años. Los desahucios por impago de alquiler ya superan a los motivados por impago de la hipoteca, y aunque se estabilizaron en el tercer trimestre de 2019, suponen el 65% del total de desahucios.
“El mercado puro y duro gestiona la vivienda”
A pesar de los datos, las administraciones tienden a adoptar medidas que no afrontan la raíz del problema. “El mercado puro y duro gestiona de mala manera la situación de la vivienda, no en beneficio de la gente, sino de otros factores”, critica Pablo Fernández, delegado APDHA-Sevilla y miembro del área de Marginación. APDHA denunció en octubre que, “con el auspicio de las autoridades regionales y municipales”, la turistificación ha agravado la situación.
“La vivienda es un derecho que debería estar garantizado para todas las personas. Las administraciones dan la espalda al cumplimiento de este derecho. Sin vivienda no se puede vivir”, añade Fernández, que alerta de que no se hace nada para acabar con la burbuja de precios. Coincide Machuca, que hace meses se reunió con el concejal de Urbanismo de Málaga: “No entienden que la permisividad con los pisos turísticos es parte del problema. Si ni siquiera se cumple el PGOU, la gente va a seguir poniendo pisos turísticos donde debería haber casas para vivir”.
Los ayuntamientos sí ofrecen ayudas al alquiler, pero apenas sirven como medidas paliativas. Málaga dispone desde 2015 de un plan que contempla el pago directo al propietario, pero muchas familias no encuentran quien les alquile. Hasta octubre de 2019, de 537 solicitantes del nuevo plan sólo habían encontrado arrendador 107. Una de cada cinco familias. Los propietarios prefieren el mercado libre, mucho más lucrativo. “El Ayuntamiento entiende que el problema no va con ellos porque es un problema de regulación de precios”, se queja Machuca.
Herramientas inadecuadas
Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y Director del Laboratorio Jurídico sobre desahucios, cree que la solución sólo puede venir de una “revolución legislativa”, y propone la incorporación de figuras jurídicas vigentes en países de nuestro entorno. Cita tres: la propiedad compartida, la propiedad temporal y la tenencia compartida. Fórmulas que permitirían, según él, poner en el mercado el enorme stock inmobiliario de viviendas vacías y un mayor flujo del crédito.
Rodríguez opina que la crisis inmobiliaria es jurídica. “El derecho que se estaba aplicando era arcaico y amparado en una ley hipotecaria desfasada, que se tuvo que amoldar a la realidad gracias a sentencias que aplicaban el derecho europeo”, recuerda. Por eso, advierte: “Nos equivocamos si queremos encontrar una solución con herramientas que no son adecuadas”. Sin embargo, Andalucía tiene las manos atadas para legislar sobre la función social de la vivienda. En 2018, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley antidesahucios andaluza por entender que invadía competencias estatales.
Rodríguez cree que las soluciones coyunturales taponan la hemorragia, pero pide alternativas estructurales que curen la herida. “El problema es que a la gente le da vértigo una reforma que ponga en entredicho la sacrosanta propiedad en España”, lamenta. Para él, todo empezaría a aclararse si se redefiniera la vivienda: no es la propiedad lo que importa, sino la posesión. Poseer una vivienda, habitarla, la convierte en “plataforma de derechos fundamentales”. En cambio, “una vivienda sin vida no es vivienda, sino un inmueble”.