La eutanasia es desde el 24 de junio un derecho en España pero necesita un organismo multidisciplinar formado por personal médico, de enfermería y jurídico encargado de hacer una verificación previa y posterior de cada caso que desarrolle la ley aprobada en marzo. Es la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda a morir, que cada comunidad autónoma debe constituir. Y Andalucía aún no ha hecho los deberes. En julio se inició el procedimiento pero, a día de hoy, aún no está publicado el decreto que, por un lado, debe desarrollar la ley estatal en ese sentido ni tampoco están nombradas las personas que compondrán ese nuevo 'comité de expertos' ante los casos de personas que no quieran seguir viviendo.
El proyecto de decreto en Andalucía, que prevé también un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia ante la eutanasia, ya superó el primer trámite de información pública, sin que hasta el momento hayan trascendido novedades al respecto ni se sepa en concreto fecha para que el decreto pase por Consejo de Gobierno, el cual dará el margen normativo para nombrar a las personas de la Comisión de Garantía, explican fuentes de la Consejería de Salud y Famlias. La aplicación de la ley tiene que ser con carácter normativo, puesto que la creación de un órgano administrativo requiere su aprobación mediante decreto en Consejo de Gobierno.
Las trece personas que integrarán la mencionada comisión, según anunció la Junta y cuyo nombramiento será aparte y posterior a la publicación del citado decreto, está igualmente pendiente de su publicación en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía), apuntan las mismas fuentes. En Andalucía no existe un registro de profesionales sanitarios objetores a la eutanasia ni tampoco hay un órgano administrativo con las características y funciones previstas en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de ahí que sea necesaria un decreto a nivel andaluz para desarrollar la ley de eutanasia.
El consejero Jesús Aguirre decía en el Parlamento en julio que se estaba “trabajando” en “el cumplimiento de los derechos de los pacientes y de los profesionales”. De forma similar se pronunció este martes en rueda de prensa. “La ley la estamos desarrollando”, ha incidido, presumiendo acto segudio de que Andalucía fue “la primera comunidad” en someter el proyecto a información publica, “en el mes de abril”. Lo cierto es que, pese a que el proyecto normativo se sometió a consulta pública previa en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta entre el 12 y el 30 de abril, el inicio del procedimiento no se produjo hasta julio, como ya se ha dicho. Según Aguirre, la cuestión sigue los “trámites oportunos, en los organos consultivos” (aquí puede verse toda la tramitación) y están “todos los protocolos en marcha”. Para el consejero, “es una ley de obligado cumplimiento” y así le están dando curso desde su departamento.
La demora en la aplicación de la ley en Andalucía, cuya tramitación se lleva a cabo en este caso “con carácter de urgencia”, “tiene mucho que ver con la ideología política”, opina Isabel Torres, representante en Andalucía de la asociación Derecho a Morir Dignamente, desde donde tratan de “presionar” para que la norma aprobada en marzo comience ya a desarrollarse. Según explica a elDiario.es Andalucía, “lo mismo está pasando en Madrid”. “Aquí estamos todavía esperando. No tienen mucha voluntad, porque está gobernando un partido de derechas que es el mismo que votó en contra de la ley”. De hecho, el Tribunal Constitucional estudiará el recurso del PP contra la ley de eutanasia. “Lo harán porque lo tienen que hacer, pero hay personas afectadas muy desesperadas. En agosto nos dijeron que eran vacaciones y ahora nos dicen que a primeros de octubre”, denuncia. La misma fecha se prevé en Madrid mientras que Extremadura parece encontrarse en similar tesitura. La mayoría de las comunidades esperaron a la entrada en vigor de la ley para constituir su Comisión de Garantía y Evaluación, aunque algunas como las Islas Baleares, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Euskadi o Navarra incluso se adelantaron.
“Hay gente que ha presentado ya su primera y su segunda solicitud, porque ya se puede desde finales de junio, y están recibiendo por parte de la administración andaluza el silencio absoluto. Silencio administrativo total. La normativa y los nombramientos podrían salir de seguido si quieren, pero nos indigna que haya personas que están muy mal, que recurren a nosotros, y la administración no les contestan tan siquiera. Solo sabemos de una persona a la que le han dicho que de momento es inviable porque no hay decreto”, comenta Torres, que detalla que aproximadamente una decena de personas “están bastante desesperadas”. “Tenía que haber salido el 25 de junio”, señala Torres, que en todo caso dice que “ha habido otras comunidades autónomas que han tardado también un poco en sacar su normativa” en ese sentido.
El caso de Andalucía es paradigmático porque, con la Ley de Muerte Digna de 2010, fue la primera comunidad autónoma en contar con una ley de derechos y garantías para las personas ante los últimos días de su vida. A su juicio, no es una ley que haya funcionado especialmente bien “porque se pueden sacar buenas leyes pero no tener el propósito de llevarlas a cabo porque te encuentras con muchos inconvenientes”. En ese sentido, con la ley de la eutanasia “habrá que ver cómo se regula la objeción de conciencia” y prevé que sea “un inconveniente también importante en esta comunidad”. “Es una ley muy restrictiva que deja fuera a muchísimos casos, por ejemplo, una enfermedad degenerativa que todavía no haya llegado al punto de dependencia pese a que se sabe su evolución”.
La Comisión de Garantía, según el proyecto de decreto, será “un órgano colegiado asesor, de carácter multidisciplinar, decisorio y de control, que actuará con autonomía funcional e independencia en el ejercicio de sus funciones”, quedando adscrita orgánicamente a la Viceconsejería de Salud y Familias. A este organismo le corresponderán las “actuaciones de verificación previa relacionadas con la prestación de ayuda para morir”, así como otras funciones relativas a “la resolución de las reclamaciones presentadas y de las solicitudes pendientes de verificación por disparidad de criterios que impidan la formulación de informe favorable o desfavorable”, además de las funciones de “verificación de cumplimiento del procedimiento previsto para la prestación de ayuda para morir”.
Asimismo, le corresponderá “la detección de problemas en el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, las propuestas de mejora para su incorporación a los manuales de buenas prácticas y protocolos, las funciones propias de un órgano consultivo en Andalucía en esta materia y las correspondientes a la elaboración del informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en Andalucía”.
A expensas de los nombramientos, dicha comisión estará integrada por trece personas designadas y nombradas por la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, y se garantizará que cuente, al menos, con “la mitad de sus miembros con formación y experiencia en bioética”, una cuestión exigida para aquellos que ostenten la presidencia y la vicepresidencia de este órgano. En ese sentido, habrá once vocalías de las que cuatro serán personas tituladas en Medicina, con “formación y experiencia específica en bioética de al menos dos años”, otras cuatro tituladas en Derecho con “experiencia mínima de cuatro años en materia de derecho sanitario”, y otras tres serán personas tituladas en Enfermería con formación y experiencia específica en bioética de al menos dos años“. Habrá ”representación equilibrada de hombres y mujeres“, nombrados para un periodo de cuatro años renovables.
Para Torres, esa comisión “será un filtro muy importante” y entiende que cada comunidad pondrá “a gente de su ideología”. “Será una traba más en un proceso que es larguísimo desde que se solicita”, augura. Mientras, hay gente que estaba muy esperanzada y se está dando de bruces con la realidad. “Hay gente que está sufriendo mucho y no tiene respuesta, y es algo que da mucha impotencia”, resume la representante de Derecho a Morir Dignamente.
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