Andalucía rectifica y acepta los fondos europeos que obligan a crear 4.000 plazas de guardería públicas y gratis en 12 meses

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos rectifica y, finalmente, ha aceptado recibir los fondos europeos que el Ministerio de Educación ofrece a las comunidades para extender la escolarización en el primer ciclo de Infantil: de 0 a 3 años. En una carta remitida al secretario de Estado, fechada este lunes, la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, solicita “la recepción y gestión” de la primera partida del fondo, correspondiente al Presupuesto de 2021, que asciende a 37 millones de euros.

La admisión de ese dinero implica la aceptación íntegra de los criterios de reparto comprometidos en el acuerdo suscrito entre Bruselas y el Gobierno de España, es decir, obliga a la Junta a “crear y poner en funcionamiento” 4.023 plazas “públicas y gratuitas” en los próximos 12 meses (el plazo de ejecución expira el 31 de diciembre de 2022), según el cronograma del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

Esto va a provocar una enorme sacudida en el actual modelo andaluz de educación Infantil para menores de 3 años. La llegada de los fondos europeos hará convivir dos fórmulas de gestión de las guarderías, obligándolas a competir entre sí. Hay otras comunidades -Euskadi, Cataluña, Aragón- donde ya existen escuelas infantiles gratuitas, pero Andalucía tiene muy implantado un modelo de plazas de pago subvencionado para las familias más vulnerables.

Al aceptar los fondos europeos, la Consejería de Educación tendrá que ofertar las 4.000 nuevas plazas públicas y gratuitas junto a las 123.590 plazas de pago bonificadas que ya existen en las 2.143 escuelas infantiles de Andalucía. La mayoría de ellas son de titularidad privada, conveniadas por la Junta; y 770 son públicas: 170 de titularidad autonómica y 550 de otras administraciones (ayuntamientos, mancomunidades de municipios...). 

52% del alumnado sin escolarizar

El 50% del alumno escolarizado, unos 45.000 niños, no paga nada, porque su nivel de renta es tan bajo que reciben una bonificación total del precio de la plaza y el comedor: 320,71 euros al mes. La tasa de escolarización en el primer ciclo de Infantil ronda el 48% de la población de 0 a 3 años, pero “hay un 52% que no llega a escolarizarse porque no puede pagar un importe significativo para cualquier economía familiar”, dice la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, tras admitir que “esto está suponiendo un freno importante a la escolarización en esta etapa”.

El departamento que dirige Javier Imbroda reconoce que ha rectificado su posición inicial. Primero rechazó por carta “participar en el proyecto” de impulso a la gratuidad en Infantil por discrepar abiertamente de los criterios pactados con Bruselas, renunciando así a 123 millones de euros para los próximos tres años. La Consejería de Hacienda del Gobierno andaluz advirtió de que aceptar ese dinero europeo y sus condiciones implicaba “consolidar el gasto” en el Presupuesto andaluz con fondos propios a partir del cuarto año.

La renuncia al dinero de la Junta, ratificada por escrito en una carta, armó un revuelo político considerable cuando salió a la luz. Finalmente la Consejería de Educación ha aceptado los fondos del Ministerio, pero, consultada por este periódico no confirma por ahora que vaya a crear esas 4.000 plazas nuevas siguiendo los criterios estipulados por Bruselas. “No hemos firmado nada aún, tendrán que mandarnos un convenio con las condiciones, y todavía confiamos en que el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ”estudie la situación específica de Andalucía y cumpla con su compromiso de negociar con la Comisión Europea una flexibilidad de los criterios. Queremos ampliar la gratuidad, pero respetando nuestro modelo de subvenciones a familias para no poner en riesgo los 15.000 empleos en el sector de las escuelas infantiles“, aseguran desde la consejería.

Tanto la propuesta de distribución territorial de los fondos como los criterios de reparto del dinero constan en el acuerdo suscrito entre España y la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia para universalizar progresivamente la gratuidad de 0 a 3 años. También se votaron y aceptaron en una Conferencia Sectorial de Educación del mes pasado, por una mayoría de 13 comunidades [con abstención de Andalucía], y finalmente el Consejo de Ministros del 16 de noviembre aprobó la distribución a las comunidades de la primera partida de los fondos, que asciende a 200 de los 670 millones de inversión total prevista para los próximos tres años.

Esos primeros 37 millones de euros que le corresponden a Andalucía llegarán este mismo mes de diciembre. “Si transcurrido el plazo de ejecución, la Junta no justifica ante la UE y el Gobierno de España el uso de los fondos europeos de acuerdo a los criterios pactados con Bruselas, tendrá que devolver el dinero”, han advertido desde el Ministerio al Ejecutivo andaluz.

El lío epistolar Junta-Ministerio de Educación

Detrás de la negociación entre ambos gobiernos en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, hay un lío epistolar enorme entre el número dos del Ministerio y la número dos de la consejería. En las últimas tres semanas se han intercambiado mensajes por tres cartas, conscientes de que “todo lo acordado debe quedar por escrito”. La cuestión de fondo es que la Junta de Andalucía quiere el dinero, pero su propuesta pasa por extender la gratuidad ampliando las subvenciones a las familias. El Gobierno central, en cambio, insiste en que tiene comprometido con Bruselas un acuerdo para “crear y poner en marcha plazas públicas y gratuitas”.

El 9 de diciembre, la viceconsejera envió a Tiana una carta de tres folios incidiendo en su propuesta, y recordándole que en la última Conferencia Sectorial se trasladó a las comunidades la intención del Ministerio de solicitar a la Comisión Europea “la adaptación del programa” para que el objetivo compartido [la escolarización del alumnado menor de 3 años] se pueda alcanzar “sin que necesariamente haya de llevarse a cabo mediante la creación de nuevas plazas de titularidad pública”. Castillo terminaba la carta reiterando su voluntad de “participar en la recepción y gestión” de los fondos, pero remataba la frase con una coletilla ambigua: “una vez que sea posible su implementación, bien en este curso, bien en cursos posteriores, mediante acciones que permitan caminar hacia la progresiva gratuidad evitando los posibles efectos contraproducentes en el empleo” del sector de escuelas infantiles.

Tiana interpretó que la carta de la viceconsejera “decía una cosa y la contraria”, y la puso en manos de los servicios jurídicos del Ministerio, que recomendaron volver a preguntar más directamente a la Junta si garantizaba el cumplimiento de los criterios del acuerdo con Bruselas. El 10 de diciembre, envió a la viceconsejera una misiva de vuelta, de apenas tres párrafos, para “aclararle” que el crédito cuya distribución se acordó en la pasada Conferencia Sectorial debe gestionarse “en los términos recogidos en el documento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que fue en su día aprobado por el Gobierno de España y por la Comisión Europea, y que se plasman en el documento aprobado por el Consejo de Ministros y la Conferencia Sectorial”.

En la carta, a la que ha tenido acceso este periódico, el número dos de la ministra confirma que él mismo se comprometió ante los consejeros de Educación de las comunidades a renegociar con Bruselas la flexibilidad de los criterios de gasto. Pero advierte de que la primera partida de los fondos correspondiente a este año -esos 37 millones para Andalucía- ya están consignados y no se pueden alterar los requisitos con el plazo de ejecución en marcha. “Sería como cambiar las reglas del juego con el partido empezado”, advierten desde su departamento. La carta lo expresa así: “El destino del crédito distribuido en esta ocasión debe ser la creación de plazas públicas de 0 a 3 años. Cualquier modificación de estas condiciones, si fuera posible, tendría efectos únicamente para los créditos distribuidos con posterioridad”.

Según el cronograma de reparto de fondos, a Andalucía le corresponderán otros 61 millones de euros en 2022 y otros 24,8 millones en 2023 -123 millones en total- para alcanzar el objetivo de crear “12.069 plazas públicas y gratuitas antes del 15 de septiembre de 2024”, a un ritmo de 4.023 por curso. Es decir, se aumentaría un 10% la oferta actual, eso sí, desdoblando la oferta de plazas en guarderías: unas gratis y otras de pago subvencionado.

Tiana termina su carta con la contundencia que le han sugerido los letrados: “Te reitero la necesidad de confirmación de la voluntad de recibir el crédito ya distribuido”, y concluye: “Del contenido de la carta que nos has enviado [fechada el día anterior, 9 de diciembre] entenderemos, que, salvo que os manifestéis en sentido contrario, renunciáis a recibir los 37 millones asignados”. Con este mensaje, el Ministerio exigía a la Junta a responder sí o no, tanto al dinero como a las condiciones del programa.

Tres días después, el 13 de diciembre, la viceconsejera de Educación andaluza responde con una nueva misiva, muy breve, en la que apunta: “Siguiendo instrucciones del consejero, le reitero nuevamente nuestra voluntad de participar en la recepción de los fondos”, y añade: “No obstante, esperamos que por parte de ese Ministerio se solicite a la mayor brevedad posible a la Comisión Europea la adaptación del programa”, al objeto de que los créditos que recibamos “con posterioridad” los podamos utilizar para alcanzar la escolarización del alumnado menor de 3 años, “sin que necesariamente haya de llevarse a cabo mediante la creación de nuevas plazas públicas”. Concluye repitiendo sus argumentos: la dificultad de encaje en el modelo andaluz de red de guarderías y el riesgo para las 15.000 empleadas que trabajan en ellas.

De esta última carta, el Ministerio de Educación y sus servicios jurídicos entienden que la Junta se resigna a aceptar los requisitos de Bruselas, al menos, para el dinero correspondiente al primer ejercicio. Es decir, asume que debe usar los 37 millones en crear 4.023 plazas públicas durante 2022, y esperar a que Tiana se vuelva a reunir pronto con la Comisión Europea para renegociar los requisitos de gasto de “los créditos que reciban con posterioridad”. Con este convencimiento, el departamento de Pilar Alegría firmará este mes una orden ministerial con el libramiento del dinero para todas las comunidades, incluida Andalucía, que se abstuvo, pero también Madrid, Galicia y Euskadi, que inicialmente votaron en contra del acuerdo de reparto, y finalmente también han aceptado el dinero asignado.

Más embrollo

Aquí debería quedar resuelto el embrollo epistolar que ha tenido paralizados durante tres semanas 37 millones de euros para Andalucía. No obstante, el equipo de Imbroda sigue manteniendo que su intención es coger el dinero y esperar a que el Ministerio logre convencer a Bruselas para cambiar lo dispuesto en el documento del Plan de Recuperación y Resiliencia, también con efectos para el año 2022. “Aún no nos han mandado la documentación. El dinero se aceptará para destinarlo a la gratuidad, pero cuando nos lo permitan”, aseguran fuentes de la consejería.

La Junta recuerda que lo aprobado en Consejo de Ministros aún no tiene forma de Real Decreto ni está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Insiste en que el Ministerio aún debe remitir a las comunidades el convenio con los detalles del programa, y que hasta no ver dicho convenio, su posición será la misma. Además, recalcan que el acuerdo suscrito por el Gobierno de España y la Comisión Europea compromete a crear “plazas de titularidad pública”, pero no contiene la palabra “gratuita”. Ese término es el más importante en todo este lío, porque es el que abriría la puerta a una red paralela de escuelas infantiles no sujetas a los precios de la Junta. El Ministerio sí incluye la palabra “gratuita” en el acuerdo de distribución de fondos a las comunidades.

Andalucía tiene implantado desde hace una década -lo creó el anterior Gobierno del PSOE- un modelo de gratuidad en el primer ciclo de Infantil distinto al que pretende extender el Ejecutivo de Pedro Sánchez a través del Mecanismo de Resiliencia. Moncloa quiere que las escuelas infantiles sean mayoritariamente públicas y gratuitas, como lo es el segundo ciclo de Infantil, de 3 a 6 años.

La Junta, en cambio, gestiona una especie de cheque bebé, es decir, bonifica a las familias más vulnerables con hasta el 100% del precio público de la plaza en las guarderías. El 66,4% de estas escuelas en Andalucía son privadas conveniadas, el resto son de titularidad pública, pero en todas se paga un precio fijo, subvencionado en función del nivel de renta de las familias. La Consejería de Educación ha trasladado reiteradamente al Ministerio el “difícil encaje de las condiciones establecidas por el Gobierno de España con el modelo de escolarización en esta etapa educativa, consolidado desde hace más de una década”.