El Gobierno andaluz ha dado su visto bueno al recurso que presentará ante el Tribunal Supremo para que el Estado “dé marcha atrás” en el aumento del caudal ecológico del Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo, ya que considera que el “recorte” del trasvase es “un disparate” que llevará “a la ruina” a los agricultores.
La Junta de Andalucía denuncia que la medida no cuenta con informes técnicos ni jurídicos que la respalden y que se ha tomado “de forma unilateral” por parte Gobierno, modificando el acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua, donde se consensuó un aumento hasta los 6 m³/seg.
Andalucía se suma así a las medidas judiciales de los ejecutivos de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia en contra de “una decisión injustificada del Estado que conlleva un gran perjuicio para el Levante español en general y para el almeriense en particular”.
El portavoz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, ha dicho en rueda de prensa que se trata de “una sinrazón” del Gobierno “que va a abocar a la ruina a un inmenso porcentaje del sector productivo” del norte y levante de la provincia de Almería.
Ha manifestado que la Junta no va a permitir el “atropello” y que serán los tribunales los que tendrán que pronunciarse: “Con el agua no se juega”, ha agregado.
La Junta considera la decisión del Gobierno central pone en riesgo la supervivencia de 23.000 hectáreas de cultivo y los aportes que diversos municipios del levante de Almería reciben del trasvase Tajo-Segura para abastecer a alrededor de 150.000 personas.
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