El Gobierno de Susana Díaz acude este miércoles a la Comisión Migratoria con la misma propuesta que presentó, y fue desatendida, hace tres semanas en el último encuentro entre el Gobierno central y las comunidades. Andalucía reclamó entonces una “redistribución solidaria” de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a las costas españolas, argumentando que ella sola acoge al 36% de los jóvenes migrantes tutelados en todo el país. Pero las comunidades vecinas dieron la espalda a esta medida y el Ejecutivo central no articuló ninguna fórmula para obligarlas a compartir la presión migratoria que este verano ha desbordado la capacidad de Andalucía, Ceuta, Melilla y, en menor medida, Comunidad Valenciana.
El Ejecutivo andaluz, que un mes antes había presenciado con estupor “la ola de solidaridad” de todas las comunidades con el buque de salvamento Aquarius y sus 600 inmigrantes a bordo, salió “decepcionado” de aquel encuentro. “Nosotros recibimos dos Aquarius cada semana”, masculló Díaz. Desde entonces, el número de pateras rescatadas en las costas andaluzas no ha dejado de aumentar. Al encuentro de este miércoles, Andalucía acude más beligerante, con un informe pormenorizado del impacto que supone la acogida masiva de menores inmigrantes para sus servicios públicos, y con un llamamiento para que el Gobierno de Pedro Sánchez impulse “una reforma legislativa o un pacto de Estado” que aborde este problema e implique, por fuerza, al conjunto de las comunidades. “Esto no es solo cosa de Andalucía”, musitan desde el Ejecutivo autonómico, que reclama una fórmula solidaria ad hoc como la que recibió Canarias en el año 2005 con la crisis de los cayucos.
Convenio España-Marruecos
En los últimos días, la presidenta andaluza ha verbalizado varios planteamientos que su Ejecutivo piensa trasladar hoy al Gobierno central: uno de ellos es exigirle que cumpla y haga cumplir el acuerdo bilateral entre España y Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, suscrito en marzo de 2007. La otra propuesta, menos específica y más controvertida, es pedirle a Sánchez una reforma legal que permita devolver a los menores marroquíes -que son mayoría- a su país, con sus familias, siempre que se den todas las garantías de protección del menor. Este punto ha llenado de incertidumbre a las principales ONG que trabajan en las costas andaluzas, porque no comparten ni la propuesta ni su argumentación.
La presidenta sostiene que la mayoría de los niños extranjeros llegan “engañados por las mafias”, y que “muchos de esos menores quieren estar con sus familias, con sus padres, con sus tíos”. “El Gobierno tiene que articular la fórmula para devolverlos con las autoridades marroquíes”, aseguró en una entrevista en la Cadena Ser. Sin embargo, la Junta no ha proporcionado ningún informe que avale estas tesis. Tanto Save the Children como Unicef, en conversaciones con este periódico, sostienen que “la gran mayoría de menores migrantes cruzan el Estrecho porque buscan un proyecto de vida mejor, no siempre en Andalucía. A veces con el consentimiento de sus familias y otras sin él”, dice Javier Cuenta, de Save the Children.
Unicef reconoce que la normativa apuesta, como mejor solución, por el “reagrupamiento familiar” del menor, pero rechaza equiparar la situación de un niño autóctono con uno inmigrante. En el primer caso, la Junta puede disponer de informes psicosociales del centro de acogida y un plan educativo y laboral; en el segundo, es difícil que Marruecos aporte esos informes y contar con la información fiable suficiente como para devolver a un joven con su familia. “Para valorar un retorno a sus países deben darse todas las garantías jurídicas, evaluar el interés superior del niño, evaluando para ello la posibilidad de reunificación familiar. Las autoridades españolas competentes deben realizar adecuadamente esta evaluación”, explican fuentes de Unicef.
Menores andaluces y extranjeros, dos políticas
La sugerencia de la Junta tiene una cierta dosis de controversia, porque plantea un trato diferenciado al menor extranjero que al menor andaluz, algo que la legislación actual no permite. “La política con menores tutelados de la Junta no es la misma que para menores extranjeros. Esto último es un asunto de Estado, de Europa, no de Andalucía”, advierte el número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo. Los socialistas andaluces abogan por la devolución de los menores magrebíes a su país y que sea Marruecos quien preste los servicios de protección y acogida que ahora proporciona Andalucía. Cornejo recuerda que en el país vecino existen 15 centros de protección de menores financiados con fondos de cooperación europeos, en parte también con dinero de la Junta, y critica a los partidos de la oposición por hacer “juego sucio” con este asunto. “Cuando los menores migrantes llegan a las costas españolas, es muy cómodo pensar que la norma que se les aplica es la misma que para los menores andaluces”, sentencia Cornejo.
Este planteamiento tiene su razón de ser: la presión migratoria ha desbordado los recursos y el presupuesto de la Junta para la atención a menores, que no estaban diseñados para afrontar la llegada imprevista de 3.000 niños extranjeros más en los últimos tres años. “Los recursos no son ilimitados”, dice la presidenta andaluza. Pero no deja de ser una tesis controvertida, a juicio de las ONGs.
El Gobierno autonómico está obligado a tutelar y proteger a un menor no acompañado en cuanto pise suelo andaluz, previa observación de la Fiscalía. La reforma legislativa que plantea Susana Díaz se antoja difícil, porque los derechos del menor no está agrupados en una única norma. Aunque se modificase la Ley de Extranjería española, existen leyes y convenios internacionales (incluidos aquellos suscritos en el marco de Naciones Unidas) que reconocen los derechos del menor y plantean serias dudas respecto a la devolución de los niños a su país de origen. Sobre todo, como es el caso, si el país de destino no cuenta con recursos suficientes para garantizar que el crío tendrá sus necesidades básicas atendidas. La Junta dice que es necesario que haya “un trato personalizado” de cada menor extranjero, pero las ONG aseguran que en este momento “Andalucía no está atendiendo de manera individualizada a estos chicos, porque la presión migratoria ha desbordado sus recursos”. “Si los servicios públicos andaluces no son suficientes, los marroquíes menos”, advierte Cuenca.
Las principales ONG que trabajan en los MENA comparten el cabreo de Susana Díaz por la “falta de solidaridad” del resto de regiones y la “falta de iniciativa” del Gobierno de Sánchez para buscar una solución integral. En los últimos tres años, la presión migratoria ha obligado a la Junta a aumentar un 40% el gasto destinado a la acogida y protección de menores, puesto que el 70% de los niños tutelados por el Ejecutivo autonómico en Andalucía son extranjeros, y de ellos, la práctica mayoría proviene de Marruecos y otras partes del Magreb.
Presupuesto insuficiente
En 2015, Andalucía acogía a 895 menores inmigrantes llegados a las costas en pateras, en lo que va de año suman ya 4.098. En 2015, el presupuesto para protección de menores de la Consejería de Igualdad era de 17,7 millones, de los cuales el 33% lo acaparaban los MENA. En lo que va de año, el gasto asciende a 45,4 millones de euros, y hasta un 70% es para los menores extranjeros no acompañados (2.400 plazas de las 3.443 que existen en los 208 centros de acogida de Andalucía están ocupadas por jóvenes inmigrantes).
En los meses de verano, la atención ha desbordado la ratio de muchos centros, obligando a redistribuir a los chicos por provincias. La Junta ha tenido que recurrir varias veces al Fondo de Contingencia del Presupuesto de 2018, una partida para gastos de emergencia con la que se han creado 451 plazas nuevas en centros de protección. La tutela de menores inmigrantes requiere una intervención multidisciplinar que implica gasto de los departamentos de Educación, Salud, Bienestar Social, Justicia...