Andalucía retira la obligación de priorizar la venta de genéricos en farmacias para evitar una denuncia del Gobierno

La Junta de Andalucía va a retirar la obligación de “promover” la venta de genéricos en las farmacias, introducida el pasado abril en un acuerdo con los representantes de los farmacéuticos. El objetivo de aquel acuerdo era reducir el impacto presupuestario del gasto farmacéutico, disparado en los últimos años: desde mayo, las farmacias promovían los genéricos y cedían al SAS el 5% de los ingresos atribuibles a estos medicamentos.

Sin embargo, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) había advertido a la Junta de que la denunciaría, porque este esquema alteraría la competencia. Ahora, la Consejería de Salud recoge el guante: retirará el artículo que obligaba a “promover” los genéricos, pero los farmacéuticos seguirán obligados a hacer una “aportación económica” del 5% de las ventas de esos medicamentos. Está por ver si la modificación satisface a la CNMC.

La CNMC había dado un plazo de un mes a la Junta para contestar a su requerimiento, fechado el 28 de mayo. Fuentes de la Consejería de Salud confirman que enviaron su respuesta el 27 de junio, y que allí se anuncia la retirada del artículo 2 de la adenda al convenio entre la Consejería y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), cuyo texto hasta ahora señala: “Las oficinas de farmacia (…) cuando se prescriban por principio activo medicamentos que dispongan de genéricos, promoverán la dispensación de los mismos”.

La supresión de ese inciso supone un viraje de la Consejería, cuya titular, Catalina García, aseguró que todo estaba atado y supervisado por el gabinete jurídico, y que existía un informe que avalaba que el mecanismo de “promoción” de genéricos no altera la competencia.

A efectos prácticos, su impacto está por ver, ya que se mantienen el artículo 1, que fija un marco de colaboración entre el SAS y el CACOF para divulgar el uso de genéricos, y el 3, que blinda la aportación económica de las farmacias al SAS por la venta de genéricos. Dicho de otro modo: la Junta sigue garantizándose el dinero, que proviene de la venta de genéricos.

Sin embargo, el requerimiento de la CNMC cuestionaba no solo la “promoción” de los genéricos, sino la obligatoriedad de la “aportación económica” por las ventas de genéricos. “Lo cuestionable no son las reducciones acordadas, sino que éstas se limiten a un determinado tipo de medicamentos (el que se trata de propiciar), con exclusión de otro”, decía la CNMC, que pidió a la gerencia del SAS que eliminase las condiciones “que implican condiciones diferentes para los medicamentos genéricos y ”de marca“”. 

Además, esta corrección del convenio es independiente de los procedimientos judiciales ya en marcha. Un grupo de farmacéuticos anunció recurso por entender que los convierte “de manera forzosa en cofinanciadores del gasto público sanitario andaluz”. Para estos farmacéuticos, la promoción de los genéricos es una “excusa” para obligarles a renunciar a una parte de sus ingresos. Hay casi 14.000 farmacéuticos y 4.000 farmacias en Andalucía, según el CACOF.

“Posibilidad” de que se malinterprete

La Consejería explica que elimina el artículo 2 de la adenda “ante la posibilidad” de que “pueda ser malinterpretado o dar lugar a confusión entendiendo que implica una obligación para las oficinas de farmacia de dispensación preferente de medicamentos genéricos respecto de los de marca”. E insiste en que la adenda no imponía la priorización de los genéricos, ya que su “promoción” no supone obligación, ni “compromiso” para las farmacias de dispensar el genérico sobre el original si estos tienen el mismo precio, y “ni siquiera establece ningún tipo de medida de vigilancia, coercitiva o punitiva” respecto a su cumplimiento.

La CNMC, dependiente del Gobierno central, había advertido de que llevaría a la Junta de Andalucía ante los tribunales si no anulaba el tratamiento diferenciado, que consiste no solo en la promoción o prioridad dada a los genéricos, sino también en la obligación de las farmacias de devolver al SAS el 5% de las ventas mensuales de esos medicamentos y el 10% del aumento extraordinario anual respecto a la media de ventas de estos productos.

Esta aportación se articula a través de los colegios farmacéuticos, que deben descontar esas cuantías de la factura que remiten al SAS. Ernesto Cervilla, vicepresidente del CACOF, estimó en un 20% el aumento de las ventas de genéricos desde que la adenda el convenio entró en vigor, y en un 65% el porcentaje medio de ventas de genéricos sobre el total.

La “necesidad” de controlar el aumento del gasto farmacéutico

Esta obligación se mantiene, de modo que la Junta podrá seguir contando, por ahora, con este “descuento” extra, con vistas a embridar el incremento sostenido del gasto farmacéutico en los últimos ocho años.

La propia adenda justificaba la preferencia por el consumo de genéricos en el incremento de esta partida presupuestaria. “El continuo crecimiento en el gasto farmacéutico y la actual situación económica hacen necesario que los principales agentes implicados colaboren para contribuir a garantizar la sostenibilidad de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en aras a cumplir el propósito de mejorar la protección de la salud de los ciudadanos”.

Desde 2015, cuando el SAS abonó 1.587 millones de euros en productos farmacéuticos y sanitarios, esta partida no ha hecho más que aumentar: 1.624 millones en 2016 (+2,3% de incremento interanual), 1.654 en 2017 (+1,85%), 1.715 en 2018 (+3,6%); y, ya con el Gobierno de Juan Manuel Moreno, 1.729 en 2019 (+0,08%), 1.894 en 2020 (+9,5%), 2.192 en 2021 (+15,7%), 2.321 en 2022 (+5,8%) y 2.379 en 2023 (+2,4%).

Los mayores incrementos se produjeron tras expirar los últimos convenios para las subastas farmacéuticas, un mecanismo puesto en marcha por el gobierno socialista, muy criticado por el sector y eliminado por el Gobierno de Moreno, en cumplimiento de su promesa electoral.  

En la negociación entre farmacéuticos y SAS siempre sobrevoló el temor a un retorno a este sistema, que la oposición de izquierdas sigue considerando necesario para reducir el gasto. Para algunos farmacéuticos, era la “espada de Damocles” que obligaba al CACOF a aceptar la entrega del 5% de su facturación de genéricos, aunque fuentes del CACOF negaron a este medio que la consejería esgrimiera la posibilidad de un retorno a las subastas como medida de presión durante las negociaciones.