INVESTIGACIÓN

Andalucía retiró el control previo a los contratos a dedo apelando a la “madurez” de los gestores de Salud hoy imputados

El juez Javier Santamaría, que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024 por un supuesto delito de prevaricación, ha centrado sus primeras pesquisas en un acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020 que sustituyó la fiscalización previa por el control financiero permanente (a posteriori) específicamente para este tipo de contratos a dedo con clínicas privadas.

El magistrado y la Fiscalía Anticorrupción han pedido al Gobierno de Juan Manuel Moreno el expediente de aquel acuerdo, al que acompaña una “memoria justificativa” firmada por la entonces interventora general de la Junta, Amelia Martínez Sánchez, que ahora ocupa el cargo de viceconsejera de Hacienda. Martínez avaló la retirada del control previo a los contratos de emergencia en el SAS sin un argumento específico —ni siquiera lo relaciona con la pandemia— y se limitó a subrayar que “considera oportuno actualizar la relación de gastos, órganos y servicios” que cambian su sistema de fiscalización interna “de cara a una mayor agilidad y eficacia en la gestión”.

La memoria no recoge argumentos específicos a favor del control a posteriori sobre los contratos de emergencia del SAS, más allá de una consideración “de carácter general” para todos los gastos relacionados en el acuerdo, donde destaca la confianza de la exinterventora en el “grado de madurez o autodisciplina de los procesos de gestión”.

En este caso, la gestión de los contratos de emergencia del SAS con clínicas privadas quedó en manos de quien entonces era director gerente del órgano de contratación, Miguel Ángel Guzmán, hoy imputado por el juez en la causa que investiga un supuesto delito de prevaricación, junto a sus dos sucesores, Diego Vargas, y la actual gerente del SAS, Valle García. Los tres han sido citados en el juzgado de instrucción número 13 para conocer sus derechos y tendrán que declarar en los próximos días.

Siete meses después de la pandemia

El Ejecutivo andaluz aprobó el acuerdo que retira el control previo sobre los contratos de emergencia del SAS siete meses después de la declaración oficial de la pandemia de Covid-19. En ese momento, Andalucía contabilizaba 74.766 contagios acumulados y 1.956 muertos. Hasta entonces, los contratos a dedo del SAS con clínicas privadas -sin publicidad ni concurrencia competitiva- requerían de la supervisión previa de la Intervención de la Junta, que debía autorizarlos antes de que se librase el dinero.

El acuerdo de Gobierno cambió aquel sistema de control por uno más ágil: “una auditoría de cumplimiento de carácter anual”, es decir, los interventores pasarían a revisar a posteriori que los contratos de emergencia se habían hecho con arreglo a la legislación vigente, y lo plasmarían en un informe definitivo, dos años después de la contratación.

Esos informes posteriores de la Intervención Central del SAS y de sus ocho auditores provinciales son los que destapan las irregularidades en la contratación de emergencia en 2021, 2022 y 2023. Censuran el “abuso” de la adjudicación a dedo “cuando la pandemia ya estaba muy atemperada” y denuncian que carecían de anclaje legal, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

Esos informes del órgano de fiscalización son los que han amplificado la querella del PSOE, que da pie a la apertura de una investigación judicial por posible prevaricación administrativa. Los socialistas denuncian que el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020 es clave, porque retira la fiscalización previa como parte del “plan” para implantar un “sistema paralelo” de contratación a dedo con clínicas privadas.

Este documento es el que esgrimen los socialistas para extender su querella desde las oficinas del SAS hasta el mismo Consejo de Gobierno porque, dicen, “parece lo evidente que no sea posible mantener vivo durante dos años y medio un sistema paralelo de contratación pública a dedo, por más de 240 millones de euros, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de las más altas instancias del Gobierno de la Junta de Andalucía”.

De interventora a viceconsejera de Hacienda

Entre la documentación que el juez del caso y la Fiscalía Anticorrupción han reclamado a la Junta está el expediente de aquel acuerdo, suscrito por el entonces consejero de Hacienda —hoy vicesecretario general del PP—, Juan Bravo, y rubricado por el propio presidente Moreno. El acuerdo incluye una relación de gastos, órganos y servicios del Gobierno andaluz que pasan a fiscalizarse a posteriori por la Intervención, entre ellos específicamente los contratos de emergencia en el SAS, para acelerar las adjudicaciones a dedo.

Sin embargo, la memoria de la Intervención General de la Junta que acompaña al acuerdo no incluye una justificación específica para explicar por qué se retira el control previo sobre los contratos de emergencia del SAS. La interventora que firma la memoria -que sería nombrada viceconsejera dos años después- ni siquiera menciona la necesidad de agilizar los procedimientos ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia, el argumento que esgrimirá posteriormente la Junta para defenderse de los informes “desfavorables” de la Intervención de la Junta, ya con otra titular al frente.

Es el único supuesto en la relación de nuevos gastos, órganos y servicios de la Junta que sustituyen el control previo por la fiscalización permanente que carece de una justificación concreta en la memoria adjunta al expediente del acuerdo. Martínez suscribe la decisión de la Junta para todos los gastos relacionados en el anexo del acuerdo, siempre “en términos generales”.

“Con carácter general para todos ellos, hay que decir que el principio de universalidad o generalidad por el que se caracteriza la fiscalización previa, consistente en la revisión previa con carácter suspensivo de todos los actos sujetos a control, no resulta el más adecuado en aquellos casos donde, por los sistemas masivos de gestión, por el grado de madurez o autodisciplina de los procesos de gestión o, simplemente, por el momento de su actuación o por el limitado alcance de sus conclusiones, el sistema de control se torna en una actuación paralela de poco valor añadido que a veces tiene como único efecto ralentizar la gestión”, reza la memoria.

A partir de este argumento, el órgano de fiscalización concluye que es “más adecuado, de cara a optimizar los recursos de que dispone la Intervención General de la Junta de Andalucía, sin merma en las actuaciones de control y tomando como base los riesgos detectados en años anteriores, el control financiero permanente en determinados gastos de personal, en los gastos de carácter indemnizatorio así como en las líneas de subvenciones incluidas en el presente Acuerdo”. No se mencionan aquí los contratos de emergencia del SAS.

La inclusión de este tipo de contratos en la relación de gastos que pasan a ser fiscalizados a posteriori, bajo la premisa de que cualquier “salvedad de especial relevancia” será detectada a posteriori por la Intervención y corregida por la Administración, choca con los informes desfavorables que terminaría elevando el órgano de control interno a la Consejería de Hacienda.

“Sin justificación” ante una pandemia “muy atemperada”

En los informes definitivos de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia relativos a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, adelantados por este periódico, la Intervención Central del SAS censura a la Junta por el uso “indebido” de este tipo de contratos un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarca que tal decisión no tiene “justificación alguna” porque desde mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”.

Pero, sobre todo, porque a esas alturas la contratación de emergencia no tenía el mismo anclaje legal que en 2020, puesto que la legislación excepcional que habilitó el Gobierno central en lo peor de la pandemia para agilizar la respuesta de las administraciones a la crisis sanitaria había sido derogada en mayo de 2021.

El SAS siguió “abusando” de aquel sistema de adjudicación a dedo -con el que repartió 300 millones a clínicas privadas sólo en 2021- después, incluso, de recibir las instrucciones por escrito de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la propia Consejería de Hacienda andaluza, advirtiendo de que, a esas alturas, “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al COVID-19” debía tener “carácter excepcional y residual”.

El PSOE ha adjuntado a su querella todos estos informes de la Intervención, que obran en poder del juez y el fiscal, para tratar de demostrar que la premisa que usó el Consejo de Gobierno al sustituir la fiscalización previa por el control financiero permanente para los contratos de emergencia del SAS era “incierta”. “La autodisciplina” de los gestores del SAS ha brillado por su ausencia, como demuestra “su imputación en la causa y las reiteradas alertas de los interventores en sus informes”, advierten fuentes socialistas.

El equipo de Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, sostiene que aunque aquel cambio en el modelo de fiscalización tuviera razón de ser en octubre de 2020, al recibir el primer informe de la Intervención contrario al “abuso” de los contratos de emergencia en el SAS durante 2021, “debieron rectificar o, al menos, replantearse si aquellos controles estaban funcionando”.

Los socialistas denuncian prevaricación, malversación de fondos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. El Parlamento andaluz debatirá en el pleno de esta semana precisamente sobre los informes de la Intervención de la Junta sobre los contratos de emergencia del SAS entre 2020 y 2024, a partir de solicitudes de comparecencias del Consejo de Gobierno que han registrado PSOE, Vox y PP.

Los socialistas han exigido que comparezca la consejera de Hacienda, Carolina España, a cuyo departamento está adscrita la Intervención General de la Junta, pero el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha dejado en manos del Ejecutivo de Moreno la potestad de decidir qué consejero responde a las preguntas de la oposición.