Después de que a primeros de semana trascendiera que el Gobierno de Juan Manuel Moreno admitiera que está tramitando una norma para derivar a pacientes de atención primaria a clínicas privadas -fijando por primera vez un precio a las consultas al médico de familia-, este periódico ha tenido acceso a una información de la que se desprende un aumento de récord en cuanto a derivaciones de pacientes de centros sanitarios públicos a centros sanitarios privados. Durante todo el año pasado, un total de 905.625 personas fueron derivadas a la sanidad privada para ingresos hospitalarios de pacientes, pacientes derivados para intervención quirúrgica, y pacientes derivados para estudios diagnósticos y pruebas funcionales, según datos de la Consejería de Salud aportados al Portal de Transparencia de la Junta.
La cifra representa un récord absoluto y supone casi cinco veces más de lo previsto y presupuestado por la Junta para el ejercicio 2022 -195.745 pacientes-, según consta en la memoria del Presupuesto Andaluz para este año. Ese aumento en las derivaciones conduce a otra cuestión, esto es, el incremento en los conciertos sanitarios, es decir, los contratos entre administración autonómica y empresas privadas para la atención sanitaria. En ese sentido, el gasto anual del SAS en prestaciones desviadas a la privada se presupuestó en 524 millones para 2022, menos del 5% de su presupuesto, aunque la derivación de pacientes superó con mucho esas previsiones. La ejecución final fue de 652 millones de euros, según consta en el cierre provisional del pasado ejercicio, publicado en la web de la Consejería de Economía y Hacienda. En la memoria que acompaña a los presupuestos autonómicos de 2023 se recoge ese incremento en 2022 y la previsión de que irá a más. En el pasado ejercicio, las cifras oficiales de Salud hablaban de 195.745 pacientes derivados a hospitales concertados. Para 2023, el número previsto asciende a 245.000, un 25% más, una “estimación” que confirman fuentes de Salud.
Ya en 2021 se batió el récord en cuanto a derivaciones a la privada, tanto en gasto económico como en número de pacientes, con más de 200 millones de euros y 858.529 pacientes. Mientras Andalucía se mantiene a la cola del gasto sanitario público por habitante, y la demora en atención primaria destapa las carencias de la sanidad andaluza en pleno invierno, con continuas movilizaciones entre los profesionales sanitarios, las atenciones en la sanidad privada desde la sanidad pública andaluza no deja de crecer en los últimos años, la mayoría para estudios diagnósticos y pruebas funcionales (709.791 en 2002), al igual que ocurría cuando gobernaba el PSOE, si bien las cifras totales de derivaciones han ido creciendo progresivamente desde que a comienzos de 2019 el Partido Popular se hiciera con los mandos de la Consejería de Salud.
De acuerdo a los datos que ha ido recopilando elDiario.es Andalucía, en 2017 hubo 562.575 personas derivadas a la sanidad privada mientras que en 2018 se registraron 573.082. En los años 2019 y 2020, ya con PP y Ciudadanos en el Gobierno de la Junta, el número de derivaciones en un curso superó entonces por primera vez, en ambos casos, los 600.000 pacientes (627.202 y 618.651, respectivamente).
Pese a que este periódico había requerido al Portal de Transparencia, como en años anteriores, los presupuestos destinados a derivaciones en Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) explica que no puede aportar la información al tratarse de “cantidades anuales”, redirigiendo para ello a la web de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para ver la “rendición contable mensual” de cada departamento de la Junta, que no cuenta aún con datos definitivos. En respuestas anteriores, la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS aportaba el presupuesto público en la derivación de pacientes desde la sanidad pública, con más de 200 millones durante 2021 como último dato aportado antes de hayan empezado a derivar al presupuesto sanitario de la Junta “disponible para consulta de la ciudadanía”.
La Junta también informa de que el número de derivaciones de pacientes con la enfermedad COVID-19 durante el pasado 2022 fue de “0 pacientes”. Durante la primera y segunda ola, en el año 2020, fueron derivadas 70 personas con la enfermedad a clínicas privadas. La Junta, hace un par de años cerró con los hospitales privados un justiprecio por cama y UCI a la baja, en previsión de derivar a entre el 10 y el 15% de los pacientes con Covid-19 o pluripatológicos con diagnóstico favorable, para evitar el colapso de los hospitales públicos más saturados. El precio para las arcas públicas de cada derivación a la privada quedó fijado en 177,46 euros/día, coste de la estancia hospitalaria básica (sin prueba médica).
Andalucía, como informó este periódico, estaba acostumbrada a estar entre las comunidades más reacias a entregar a las compañías privadas los servicios sanitarios, pero ha escalado posiciones en los dos últimos informes de la Federación de Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) para colocarse dentro de los territorios con un grado “medio” de privatización. Está en el sexto lugar frente al octavo puesto que ocupaba en 2020. Hace ocho años, en 2014, se situaba a la cola en privatización con 13 comunidades por delante.
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