La Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte (en adelante, Turismo y Deporte), ha dado un volantazo a la gestión de los patrocinios publicitarios de eventos contratados a dedo, tras las denuncias de la oposición ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
Por 200.000 euros (más IVA), subcontratará a un “experto independiente” para que analice a priori si cada uno de esos contratos es rentable para Andalucía, y para que elabore informes periciales de cara a posibles litigios en los tribunales.
En las últimas semanas, la consejería que pilota Arturo Bernal se ha visto salpicada por sospechas respecto algunos de esos patrocinios. Es el caso de los 12,9 millones que abonó a la Federación Española de Fútbol (RFEF) por patrocinar varios partidos de la selección disputados en el estadio de La Cartuja, en Sevilla, cuyas obras de reforma están en el punto de mira de la Guardia Civil y de la jueza que investiga el entramado societario en torno a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF.
También ha sido cuestionado el contrato de 350.000 euros concedidos a los Giants, un equipo de E-Sports del que fue directivo Lisardo Morán justo antes de convertirse en director gerente de Turismo y Deportes, cargo desde el que firmó el patrocinio a su antigua empresa. Este caso ha sido denunciado por los socialistas ante la Oficina Antifraude.
Desde la llegada de Bernal (bregado en Turismo Costa del Sol) al Gobierno de Juan Manuel Moreno, Turismo y Deporte ha ido asumiendo un peso creciente en la asignación de fondos públicos a eventos internacionales y nacionales con amplia repercusión mediática.
Andalucía ha pagado 22 millones de euros por estar presente en los Grammy Latinos, celebrados en Sevilla, y por patrocinar dos partidos de la NBA (3,6 millones). También por dejar su sello en festivales de música o literarios, una senda iniciada en 2022 con el Andalucía Big Festival, aún con el ex líder de Ciudadanos, Juan Marín, como consejero de Turismo (4,2 millones), y que ha continuado bajo el mandato de Bernal con el Paco de Lucía Legacy en Nueva York (1,7 millones). Otro de los patrocinios de la consejería fue la inauguración del Espacio Sohrlin de Antonio Banderas en Nueva York (1,6 millones), además del lanzamiento de campañas de puro marketing, como el spot publicitario Andalusian Crush (38 millones).
Estas acciones de patrocinio se pagan al 75% con fondos europeos FEDER. Para todos los contratos, la justificación es idéntica: contribuyen a promocionar la marca Andalucía en destinos turísticos de interés para la comunidad, lo que tendría un retorno económico al aumentar el número de turistas e “inversiones empresariales”. Otro de los criterios que se tienen en cuenta es su “potencial desestacionalizador”, o que el evento actúe sobre nichos de público o en zonas con menor actividad turística, según la Consejería.
Fuentes de Turismo enmarcan ahora el nuevo sistema de supervisión económica en una voluntad de dotar de “mayor estudio y seguimiento a las contraprestaciones, coste, repercusión e impacto de estas alianzas”. Se trata, dicen, de añadir “una capa más de control” y de disponer de un “argumento de peso”, y niegan que tenga relación con patrocinios bajo sospecha o litigios pendientes. “Se pasa a un modo de trabajar más exhaustivo, estructurado y que basa la toma de decisiones en la relación entre la inversión económica y el retorno de las contraprestaciones”, defienden.
La licitación de un contrato para externalizar la supervisión de los patrocinios de Turismo es también una novedad que podría servir a la Junta para blindarse ante las sospechas que vierte la oposición, aunque también puede acrecentarlas. Turismo y Deporte ya había ensayado con un contrato similar para conocer el impacto de la marca Andalucía en los Grammy Latinos. Por 29.000 euros, la consejería contrató un asesoramiento técnico y la aportación de “estudios cuantitativos y cualitativos” que pusieran cifras a su “retorno mediático y económico”.
Ahora, Turismo y Deporte justifica la externalización generalizada del control económico al menos durante siete meses (hasta que termine 2024) en que está “en fase de mejora e implementación” de sus contratos de patrocinio publicitario, y en que no dispone de medios propios para hacerlo por sí misma, según los documentos con los que justifica el nuevo contrato.
Bernal compareció en el último Pleno del Parlamento para responder a las preguntas de los grupos sobre los patrocinios a dedo, defendió la gestión de todos los contratos, pero no explicó que estaba en ciernes una licitación para dejar en manos privadas parte de esa gestión.
Fuentes de la consejería aseguran que ha aplicado más medidas en esta línea, como la constitución de un “comité de patrocinios” (integrado por el viceconsejero, el secretario general técnico, el director gerente de Turismo y Deporte y el director de Patrocinios) para evaluar los posibles acuerdos y la exigencia a las licitadoras de un informe externo que contemple “los impactos económicos alcanzados” [mediante el patrocinio].
La oferta de licitación, fechada la semana pasada, tiene por objeto contratar a un “experto independiente” para que analice la “adecuación del presupuesto” de cada uno de los contratos de patrocinio “que contemplen un elevado número de contraprestaciones”, y se divide en dos lotes.
Por un lado, la Junta quiere que alguien externo a ella analice la “sustancia económica” de los patrocinios antes de adjudicarlos. Para eso, Turismo y Deporte le entregará la documentación del contrato proyectado, el presupuesto inicial y las “contraprestaciones publicitarias” que prevé obtener, y el experto deberá entregar en diez un informe razonado sobre el equilibrio económico – financiero del contrato.
A posteriori, la consejería quiere también que elabore un dictamen pericial que pueda ser ratificado ante un juzgado en caso necesario. Aquí, en 30 días (no se dice a partir de cuándo) el experto deberá entregar un informe que funcione como una suerte de liquidación. El departamento de Bernal se anticipa así a un escenario en el que algunos de estos contratos acaben siendo impugnados en los tribunales, al exigir que el dictamen pueda ser ratificado en un procedimiento judicial.
Entre tanto, y en un contexto de cuestionamiento creciente por las externalidades del turismo masivo (con el hito de las movilizaciones en Canarias esta semana), el propio Bernal ha desdeñado la posibilidad de implantar una tasa turística que canalice una parte de ese retorno hacia las arcas públicas cuando el turismo, que representa el 13% del PIB andaluz, bate récords absolutos, según la Encuesta de Coyuntura Turística: de turistas (34 millones en 2023, un 5,2% más respecto a 2019; de gasto medio diario (77,83 euros, un 7,2% más); de tráfico aeroportuario en Málaga (22.344.000 pasajeros, un 21,1% más); o de ingresos procedentes de turistas internacionales (15.314 millones de euros, el 27,74% más, según la Encuesta de Gasto Turístico del INE).
Las dudas en torno a estos patrocinios discrecionales pensados para realzar internacionalmente la marca Andalucía han crecido en los últimos meses, al amparo de las presiones y denuncias de los grupos de la oposición. En su última comparecencia en el Parlamento, el pasado 10 de abril, el consejero se enfrentó a las preguntas de Rafael Recio, diputado socialista, quien criticó la “supeditación” de la política cultural a la “estrategia de escaparate turístico” y denunció la contratación preferente con un “entramado de empresas con vínculos comunes”.
Recio también apuntó a la sorpresiva dimisión de Salomón Castiel, hasta febrero número 2 de Cultura, al que señaló como factótum del proceso de “mercantilización” de las ayudas públicas al sector, en detrimento, dijo, de otras iniciativas más modestas, como el festival Escribidores, en Málaga, organizado por la cátedra Vargas Llosa (a cuyo Consejo de Honor pertenece Castiel).
En esa comparecencia, el parlamentario del PSOE advirtió a Bernal de que tendrá que “dar explicaciones sobre ciertos patrocinios”, y le acusó de estar “obsesionado” por las grandes cifras: “Toda la estrategia la supedita a dar grandes cuantías de dinero para evitar concursos públicos”.
El consejero Bernal defendió la legalidad de los contratos y exigió al PSOE que pidiera perdón por implicar a altos cargos de la Junta en sus “ideas de corruptelas”, acusando a los socialistas de “dialéctica perversa”.
Bernal también ofreció cifras que dan idea de la inflación acelerada de los fondos destinados por Turismo y Deporte a los patrocinios discrecionales: una inversión de 174,8 millones de euros en 2023 (casi el doble de los 88,7 millones de 2022) para 1.059 acciones, de las que el 47% fueron patrocinios. “Nunca antes se habían llevado a cabo tantas actuaciones”, reivindicó el consejero, asegurando que así se han alcanzado “niveles de proyección” de Andalucía nunca vistos, “con el mayor número de impactos generados en la historia de la comunicación turística de nuestro país”.
Según dijo entonces Bernal, la elección de estos patrocinios se hace con criterios “objetivos y predefinidos”, como el ámbito del acontecimiento, el retorno mediático y económico, el componente geográfico y las contraprestaciones“. La Junta defiende que estos contratos se liciten sin abrirse a pública concurrencia ”por razones de exclusividad“.
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