Andalucía usó un tercio de sus contratos a dedo en 2020 para necesidades previas a la pandemia, según la Cámara de Cuentas

La Junta de Andalucía aprovechó la relajación de las normas de contratación pública autorizadas por el Gobierno de España en 2020, en lo peor de la pandemia, para solucionar problemas que venían de atrás y, “en muchos casos”, nada tenían que ver con la crisis sanitaria.

Es una de las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas, que aprecia “una defectuosa planificación de la gestión contractual” por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno en casi un tercio de los contratos analizados aleatoriamente: el 32,34%, 65 de los 201 que se han examinado. La Junta, como el resto de administraciones, se acogió al procedimiento extraordinario que permitía contratar obras y servicios sin publicidad ni concurrencia competetitiva ni fiscalización previa, una vía más ágil y con menos controles para encarar la crisis sobrevenida de la Covid-19.

La conclusión del informe del órgano fiscalizador descansa sobre el hecho de que en ese tercio de contrataciones “obedecen a una necesidad que pudo ser previsible, programable y no sobrevenida por causa de la pandemia” por cuanto argumenta que “en muchos casos” se trataba de situaciones “que se retrotraían y eran conocidas con antelación a la crisis sanitaria”. La Cámara de Cuentas ha trabajado con una muestra de 201 contratos que sumaban un importe de 79,69 millones de euros, informa Europa Press.

El documento concluye en su recomendación que “una adecuada planificación de la gestión contractual hubiera permitido ejecutarlas con anterioridad, a través de procedimientos menos restrictivos de los principios de publicidad y concurrencia”.

De manera que en ese caso “no queda justificado que la finalidad perseguida por el correspondiente contrato no pudo ser lograda utilizando otros procedimientos”, entre los que enumera la tramitación abreviada o urgente prevista en el artículo 119 de la Ley de Contratos del Sector Público, o el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia.

“Necesidad y proporcionalidad” en los contratos de emergencia

Entre las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas, que califica como “una prioridad alta”, figura “emplear la tramitación de emergencia de acuerdo con criterios de necesidad y proporcionalidad, limitándola, tanto en el ámbito objetivo como en el temporal, a lo estrictamente indispensable para hacer desaparecer la situación de emergencia”.

El informe sólo analiza los primeros contratos exprés de la pandemia, en 2020, aunque el Gobierno de Moreno siguió estirando este tipo de contratación a dedo hasta finales de 2023, cuando el Real Decreto del Gobierno que habilitaba para hacerlo llevaba ya dos años derogado. eldiario.es/andalucía reveló la permanencia de estos contratos a dedo con clínicas privadas, que la Junta mantuvo para afrontar las descontroladas listas de espera de pacientes para operarse, y la Junta anunció la interrupción de dichas contrataciones 24 horas después de la publicación.

El organismo fiscalizador avisa a la Junta de Andalucía de la necesidad de que reflexione si la aspiración perseguida con la contratación de emergencia “no podía ser lograda si se acudía a procedimientos alternativos menos restrictivos de la concurrencia”. Esta conclusión forma parte de una decena de recomendaciones con la calificación de prioridad alta.

Entre ellas aparece también una propuesta para que el Servicio Andaluz de Salud, “habida cuenta del volumen de contratación y de su organización logística (centrales provinciales de compras)” ponga en marcha “protocolos, procedimientos normalizados y coordinados, que den uniformidad en la tramitación de la contratación de emergencia llevada a cabo por cada centro gestor”.

“Se recomienda la adquisición centralizada de productos de similares características evitando la dispersión y facilitando con ello los mejores precios”, indica el documento.

Antes de esa advertencia el primer reproche que de entrada hace la Cámara de Cuentas a la Junta de Andalucía es sobre la información que el Gobierno andaluz incluye en el Registro de Contratos, por lo que apunta que en la información remitida por la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea “se han detectado incidencias que conducen a confusiones y errores en la explotación, en el tratamiento y en la calidad de los datos”.

Sin listado definitivo de contratos

Con ese handicap de partida, el organismo fiscalizador precisa que “se ha dificultado la elaboración de un listado definitivo de contratos de emergencia Covid-19 formalizados en 2020 por las entidades que conforman el sector público andaluz”, por lo que reprocha en ese caso a la Dirección General de Contratación que “no tiene implantados todos los sistemas necesarios que permitan controlar o verificar de forma previa la calidad de la información publicada, de manera que ésta sea veraz, exacta y completa”.

“Debe significarse además que los errores y las incoherencias contenidos en el Registro de Contratos de la Junta de Andalucía, se han trasladado a la Memoria anual sobre la contratación pública, aprobada por la Comisión Consultiva de Contratación Pública y cuya publicidad se realizó el 30 de julio de 2021 en el Portal Junta de Andalucía, ya que para la elaboración de esta memoria se utilizan los datos contenidos en el citado Registro”, continúa advirtiendo la Cámara de Cuentas.

Otros reproches que hace el organismo fiscalizador hacia el Gobierno andaluz se dirige a poner de manifiesto que sólo se publicaron un 23,8% de los contratos formalizados o que en un 57,2% de éstos no se identificaba a un responsable del contrato.

Este conjunto de observaciones críticas se enmarcan dentro de lo que la Cámara de Cuentas denomina “Opinión con salvedades”, aun cuando concluye que la actividad contractual de la Junta de Andalucía y el conjunto del sector público durante la pandemia “resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa aplicable”.

La Cámara de Cuentas aprobó por unanimidad el citado informe la semana pasada. En el Pleno del órgano fiscalizador participan tres consejeros a propuesta del PP, dos del PSOE, uno de Vox y otro de la coalición Por Andalucía, marca de Sumar en esta comunidad.