El director de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Francisco José Vidal, ha tenido que remitir una nota aclaratoria a todas las entidades locales de la comunidad autónoma después de que el día anterior recomendara en una carta que se instara a la ciudadanía a solicitar el ingreso mínimo vital, supeditando las peticiones de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía solamente a supuestos en los que se hubiera denegado la nueva prestación del Gobierno de España.
Es más, en la carta se advertía de que las delegaciones territoriales de la Consejería de Igualdad, a partir de este próximo 15 de junio, en que se puede solicitar ya el ingreso mínimo vital, no iniciarían los trámites de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía en tanto que no se tuviera constancia de resolución del ingreso mínimo vital por parte de las personas integrantes de la unidad familiar, “existiendo riesgo de solapamiento en el percibo de prestaciones y posibles cobros indebidos que deberán ser reintegrados con posterioridad”.
“Las personas y/o unidades familiares que se encuentren en situación de vulnerabilidad quedan obligadas a solicitar el Ingreso Mínimo Vital antes de solicitar la Renta Mínima de Inserción Social, incluso, en el caso de ser ya solicitantes o beneficiarias de la misma”, zanjaba la misiva fechada el día 9 de junio, según ha comprobado este periódico. También advertía de que, si bien la Renta Mínima de Inserción Social no computa a la hora de valorar el acceso al ingreso mínimo vital, “a la inversa no se produce la misma situación, por lo que las unidades familiares que accedan a éste último, en la mayoría de los casos, no mantendrán el derecho a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía”.
“No se puede a través de una carta suspender un derecho, y negarse a tramitarlo es un delito”, indica a este periódico la portavoz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Grupo Parlamentario Socialista, Soledad Pérez, quien ha acusado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de “regatear con el dinero de quien más lo necesita”. Pérez también indica que, según su articulado, el ingreso mínimo vital respaldado por el Congreso este mismo miércoles forma parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social “sin perjuicio de las ayudas que puedan establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias”.
Como ya informó este medio, el ingreso mínimo vital será compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, de forma que fijará un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos y las comunidades podrán complementar estos ingresos, en la forma en que ellas lo consideren oportuno. El ministro Escrivá explicó que dependería de la soberanía de las comunidades decidir si a partir de ahora dejaban de dar su propia prestación.
Carácter subsidiario
La Consejería ha trasladado a este periódico una 'nota aclaratoria a los servicios sociales comunitarios', fechada el 10 de junio, un día después, donde se indica brevemente que la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía “no se suspende” sino que se debe “informar debidamente a la ciudadanía del actual carácter subsidiario de esta prestación” conforme al art.5.c del Decreto-ley
3/2017, de 19 de diciembre que, efectivamente, dice textualmente que dicha Renta “tiene carácter subsidiario con respecto a cualquier prestación de carácter contributivo o no contributivo, así como a cualquier régimen o sistema público o privado de protección social o de análoga naturaleza, que pudieran ser concedidas a la persona titular”.
“Actualmente desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación por medio de la Dirección General de Servicios Sociales se trabaja en la armonización de ambas prestaciones”, concluye dicha nota aclaratoria.
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, también ha tenido que salir al paso y ha dicho que es necesario llevar a cabo “un cambio en la normativa” puesto que en la actualidad resulta “incompatible” poder acceder al Ingreso Mínimo Vital y a la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, pero que es “un obstáculo que vamos a superar”, asegurando que la renta andaluza se va a seguir tramitando a partir del 15 de junio, al contrario de lo que sugería la misiva enviada a las entidades locales.
En todo caso, el presidente de la Junta había trasladado la semana pasada que preveía “problemas en la ejecución” del ingreso mínimo vital, lamentando que “no es razonable ni sensato no hablarlo con las comunidades”.
Retraso en la ejecución
Cabe recordar que, como informó recientemente este medio, la Junta concedió en 2019 menos de la mitad de las peticiones de acceso a la Renta Mínima de Inserción. Este periódico informó el año pasado de que la Junta tardaba en resolver estos expedientes cuatro veces más de lo exigido por ley. Fue entonces el Defensor del Pueblo Andaluz el que constataba “carencias estructurales” en su tramitación. Asimismo, desde la puesta en marcha de este medida ha habido voces que han criticado la excesiva burocracia para conseguir esta ayuda. Un solo vistazo a los 10.000 comentarios, muchos de estos días, a una antigua publicación en la web del Defensor del Pueblo Andaluz sobre los “atrasos del salario social” da una idea de que la Renta Mínima no llega en tiempo y forma a muchas familias andaluzas.