Un grupo de juristas lleva a la Fiscalía las “manifestaciones de odio” contra un centro de menores migrantes en Sevilla
La asociación Grupo 17 de Marzo (sociedad andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos) ha interpuesto denuncia este martes ante la Fiscalía de Menores y la Fiscalía de Delitos de Odio por “los graves incidentes” que se están produciendo durante las últimas semanas en el barrio de la Macarena, en Sevilla, con motivo de la apertura de un centro para menores extranjeros no acompañados acogidos por la Junta de Andalucía a través de la Fundación SAMU.
La denuncia, que repasa los hechos ocurridos desde que el 3 de junio se produjo una concentración ilegal contra dicho centro, pide al Ministerio Público “que tome las medidas que correspondan” e “impida nuevas manifestaciones de odio contra los menores”, a quienes se les podrían estar “vulnerando” sus derechos. El último de los hechos tuvo lugar este mismo lunes, cuando la Policía evitó un escrache a las mismas puertas del centro. Los responsables del centro se llevaron de 'excursión' a los jóvenes para que no contemplaran directamente contra su presencia. La convocatoria sólo se vio respaldada por unas cincuenta personas, entre ellas los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla.
Entre los hechos referidos en la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, se recuerda que “se realiza una campaña por algunas asociaciones para impedir la instalación del centro de acogida” y “se señala el centro donde residirán los menores y se publicita su ubicación exacta mediante pasquines repartidos por muchos domicilios y bloques de la zona cercana, incluido el propio domicilio de los menores”. La denuncia se dirige contra “autores cuya identidad se desconocen pero perfectamente identificables” al haber sido identificados por la Policía.
“Los organizadores han esgrimido como motivo la existencia de abundantes centros de acogida social en el distrito. Sin embargo son muchas las indicaciones que apuntan a estimar el rechazo a los menores migrantes como el auténtico motivo”, considera el escrito, que añade que “ninguna valoración positiva se ha reconocido a los menores, el trabajo de acogida o reinserción laboral que se realizará con ellos, y ninguna reivindicación se ha hecho en orden a evitar los abundantes problemas de convivencia social que dicen sufrir los barrios que mencionan”.
“Objetivo de amedrentar o coaccionar”
El grupo de juristas, representado por el abogado Luis de los Santos, dice haber tenido también constancia de “diversos actos vandálicos que se han producido en la puerta del domicilio de los menores (pegada de carteles, destrozo de cerraduras, etc) suponemos que con el objetivo de amedrentar o coaccionar a dichos menores, o a los trabajadores del centro, y que se vayan de allí”. En la denuncia también se alude, por otra parte, a “numerosos vecinos que han mostrado la necesidad de acogida y además de ofrecer su solidaridad con los menores migrantes, les han propuesto como merecedores del reconocimiento de todos los derechos que ampara la tutela de la Junta”, como también informó este diario.
La denuncia entiende que “el único motivo que por parte de determinados sectores quieren expulsar a estos menores del barrio es por un motivo racial, es decir, que podrían alentarse en la ciudadanía hechos y acciones que promueven delitos de odio contra estos menores”. “Estos menores podrían ser víctimas de delitos de odio contemplados en el Código Penal”, señala.
Por todo ello se solicita que por parte de la Fiscalía se den las órdenes oportunas para la protección de los menores residentes en el centro “al objeto de evitar que se produzcan situaciones que atenten contra su intimidad e incluso integridad física y moral”. “Que se tomen las medidas necesarias para el cese de las acciones que violentan la seguridad de los menores referidos, investigue y denuncie, derivando a los órganos policiales especializados y judiciales competentes si corresponde, a los instigadores y participantes de las mismas, así como se ponga todas las medidas a su alcance para que cesen y no se repitan los hechos denunciados”, concluye el escrito.
Cabe recordar que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ya solicitó al Defensor del Pueblo Andaluz que investigara “la incitación al odio y al racismo” en esta zona de Sevilla. En su denuncia apuntan a declaraciones vertidas por militantes de Vox y recogidas por este diario, que sin conocer a los posibles acogidos “se les ha despreciado como 'manojo de inmigrantes', se ha advertido sobre su peligrosidad, reconociéndoles como delincuentes y se han difundido en todos los tonos las socorridas expresiones cargadas de racismo y xenofobia. Incluyendo la afirmación de llevar más delincuencia la barrio, o que el centro de acogida se pueda convertir en 'un nido de prostitución o delincuencia, ocupas y trata de blancas'.
