La reforma judicial que limita el tiempo para las macrocausas juega en contra de Alaya
El consejero andaluz de Justicia, fiscal en excedencia que desde hace tiempo se propuso, o le propusieron, no hablar más acerca de las decisiones de Alaya, volvía a hacerlo este viernes diciendo que “a ver de dónde saca tiempo” la jueza para leer la nueva documentación que acaba de pedir a la Junta. Más allá de las consideraciones del consejero, “como profesional del derecho” según defiende, el tiempo juega en contra de Alaya si hacemos un análisis de la nueva normativa que prepara el Gobierno central, los tiempos que viene usando la jueza y, ahora, un posible traslado a la Audiencia.
Mercedes Alaya no ha debido de coger con especial agrado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre. Una de las novedades que contiene es limitar a seis meses la instrucción de los sumarios judiciales más simples y a 18 meses los más complejos. El objetivo es agilizar la Justicia, según el Gobierno. Esa es la “regla general” anunciada por el nuevo ministro, Rafael Catalá. Con base a esa norma, y extrapolando estrictamente los tiempos, Alaya estaría ya incumpliendo plazos en cuatro de los seis macroprocesos judiciales que investiga.
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla instruye actualmente el presunto delito societario por la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Real Betis (con diligencias previas iniciadas en 2008), las supuestas irregularidades en la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla (2009), el delito societario relacionado también con el mercado de abastos de Sevilla (2009), el caso de los ERE fraudulentos (que empezó en 2011), las adjudicaciones de contratos públicos a cambio de sobornos en Fitonovo (caso Madeja o Enredadera) y la causa abierta para investigar los cursos de formación gestionados por la Junta de Andalucía.
Para estos dos últimos casos se abrieron diligencias previas en 2013, no hace demasiado tiempo realmente. Pero es que ahora la jueza ha pedido su traslado a la Audiencia Provincial de Sevilla. Será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que decida si accede a una de las cuatro plazas convocadas y, aunque la jueza podría pedir alguna prórroga para su incorporación o para cerrar convenientemente alguna de las causas abiertas, el caso es que este posible ascenso en su carrera profesional siembra nuevas dudas sobre el devenir de sus investigaciones
Alaya se comprometía en mayo de 2013 ante su 'superior' directo, el presidente del TSJA, a “agilizar” sus macrocausas para intentar concluir alguna en 2013. El TSJA accedió a atribuirle la instrucción de las cuatro macrocausas que ya investigaba un par de meses antes. Lejos de concluir la instrucción de alguna investigación, ha venido a sumar las dos anteriormente citadas (Fitonovo y cursos). Es más, en el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla, la Audiencia de Sevilla hace poco dejó sin efecto el auto de Alaya que procesó a 16 de los imputados, entre ellos el exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos. ¿Qué significa? Que las actuaciones, en esta macrocausa concreta, vuelven al trámite previo a aquel auto de la jueza, que ha tenido que dictar una nueva resolución.
El único macroproceso terminado por Alaya fue cuando instruyó procedimiento de tribunal de jurado por delito de cohecho contra Antonio Rivas (exdelegado de la Junta), Fernando Mellet y Daniel Ponce (exresponsables de Mercasevilla), a quienes la Audiencia Provincial condenó en 2012. El TSJA confirmó la sentencia en 2013 pero en junio de 2014 el Tribunal Supremo anuló la condena al ex alto cargo de la Junta y mantuvo las de Mellet y Ponce.
“No depende de la sola voluntad del instructor”
Los tres años de límite que plantea el anteproyecto ya se han sobrepasado en cuatro de las seis macrocausas que investiga la jueza. Lógicamente, ni la reforma está aún aprobada definitivamente ni tendrá efectos retroactivos. “Esas reglas podrán ampliarse cuando así lo considere el órgano instructor y también la fiscalía informe favorablemente”, ha explicado el ministro de Justicia.
Jueces y fiscales no han acogido en general el anteproyecto. Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales estiman que algunos aspectos demuestran un desconocimiento del Ministerio de Justicia sobre la organización y el trabajo de fiscalías y juzgados, y que la limitación de la duración de las investigaciones sumariales o de las diligencias previas “es uno de los puntos peor resueltos por la reforma”.
Los operadores argumentan que “el anteproyecto parte de una premisa falsa pues la duración de un procedimiento no depende de la sola voluntad del instructor sino fundamentalmente de la complejidad del delito, de los medios puestos a disposición de juzgados y fiscalías y de la actuación de todos los órganos al servicio de la Administración de Justicia”. En la misma línea se mostraba en Twitter el Foro Judicial Independiente:
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, pedía recientemente al 2015 “mayor agilidad y eficacia” de la Justicia y “mejores medios y leyes”. A pesar de la época navideña en que nos encontramos, se mostraba pesimista y señalaba que, “cuando se abren los regalos” que se desean cada año, se quedaban en eso, en deseo, y no son los que se esperaban.
