La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes una fianza de responsabilidad civil de diez millones de euros para el exdirector de Administración y Finanzas de la agencia IDEA y exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García, imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
Fuentes del caso han informado a los periodistas de que el imputado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez Mercedes Alaya le haya imputado tres presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir delitos.
Durante la comparecencia de medidas cautelares, el Ministerio Público ha pedido para el imputado una fianza de responsabilidad civil de diez millones de euros, para lo que se ha basado en el informe entregado recientemente por la Intervención General del Estado, petición a la que se ha adherido la acusación ejercida por Manos Limpias.
Con anterioridad ha comparecido ante la instructora el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, a quien la juez ha imputado los tres mismos delitos y para quien la Fiscalía ha pedido una fianza civil algo menor, concretamente de ocho millones de euros.
Cañete, que también se ha negado a declarar, se ha limitado a ratificar tanto lo que dijo en la comisión de investigación sobre los ERE creada en 2012 en el Parlamento andaluz como un escrito presentado por su abogado, Juan Carlos Alférez, en el que defiende que la Cámara de Cuentas de Andalucía “bendecía, asentía y confirmaba las trazas esenciales del programa presupuestario 31.L, es decir, conceder ayudas en Empleo, transferir fondos a IDEA y encargar a ésta la materialización de los pagos”.
Asimismo, asegura que “es cierto” que la Intervención General de la Junta, “en un doble lenguaje, emitía informes especiales denunciando la inadecuación” del uso de las transferencias de financiación, “pero en la rendición de la cuenta general las bendecía, probablemente, porque sería conocedora de que su queja no era más que retórica habida cuenta de la existencia de la habilitación legal”.
“La Cámara de Cuentas con plena conciencia y conocimiento del sistema informaba el programa 31.L al Parlamento sin tacha de ilegalidad”, señala.
Destacar también que en su escrito, Alaya considera que la financiación “sin control, ágil y eficaz” que se desarrolló en relación a los ERE “presuntamente pasaría a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la política económica” de la Junta de Andalucía.