La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que impute al exministro de Trabajo con el PP Manuel Pimentel por las ayudas de la Junta a Graficromo S.A. y Taller de Libros S.L., de cuyo consejo de administración fue presidente el propio Pimentel.
En un escrito elevado al Juzgado el pasado día 10 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide la imputación de Pimentel como “empresario promotor de la nueva sociedad” Taller de Libros, que surgió del plan de liquidación de la empresa cordobesa Graficromo, y de otras 24 personas por presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y fraude.
En su declaración como testigo ante la Guardia Civil, prestada el 22 de junio de 2015 y consultada por Europa Press, Pimentel dijo que fue presidente del consejo de administración durante los tres años en que estuvo trabajando en la empresa y explicó que el 19 de septiembre de 2008 presentaron un ERE porque la empresa “no lograba resultados económicos favorables”.
Según declaró, fueron los trabajadores y el comité de empresa quienes decidieron pedir una ayuda a la Junta, añadiendo que la ayuda “fue a una cuenta creada por los trabajadores”, por lo que “cree que fue gestionada por ellos y repartido en función de criterios laborales”.
La Fiscalía relata que, después de que los administradores concursales de Graficromo presentaran el plan de liquidación, que contemplaba la enajenación unitaria a favor de Taller de Libros --constituida el 19 de diciembre de 2005--, se mantuvieron reuniones entre la representación de los trabajadores de la firma, el “empresario promotor de la nueva sociedad”, Manuel Pimentel, y la administración autonómica --el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez--, “con el objeto de incorporar de forma escalonada y según necesidades a la nueva compañía los que fueron trabajadores” de Graficromo.
Taller de Libros, a su vez, presentó concurso mediante solicitud de fecha 28 de julio de 2008, tras lo que la administración concursal pidió al Juzgado, “con acuerdo con los trabajadores, la suspensión temporal de los contratos de trabajo de la plantilla por seis meses prorrogables automáticamente hasta 24 y por tres días semanales”, siendo el 16 de diciembre de 2009 cuando el Juzgado de lo Mercantil, “previo acuerdo con la representación de los trabajadores salvo en lo relativo a las indemnizaciones, autorizó la solicitud de la administración concursal de extinción de los contratos de trabajo de la plantilla desde el 3 de diciembre”.
Una ayuda de 300.000 euros
“Ante el impago de las nóminas de los trabajadores”, el comité de empresa de la firma, “asesorado” por el propio Pimentel, mantuvo reuniones con el exdelegado de Empleo en Córdoba y con Juan Márquez “para obtener ayudas, bien para la empresa bien para los trabajadores, llegándose a tener dos reuniones” con el entonces director de Trabajo en diciembre de 2008 y enero de 2009, “el cual de forma verbal les dijo que daba una ayuda de 300.000 euros”.
Tras ello, fue el 15 de enero de 2009 cuando se suscribió un convenio entre el exdirector de Trabajo, Juan Márquez, y el exdirector de IDEA, Jacinto Cañete, en virtud del cual la Consejería de Empleo “encomienda a IDEA el abono de una ayuda sociolaboral a los trabajadores de Taller de Libros hasta la cantidad de 300.000 euros”.
“Para el cobro de dicha cantidad y estando la sociedad en concurso, el comité de empresa aperturó cuenta corriente en la cual se domicilió su abono en dos transferencias por importe de 150.000 realizadas por Antonio Diz-Lois como director de Administración de IDEA tras recibir la petición de Juan Márquez de su pago con el conocimiento y consentimiento” del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, asevera Anticorrupción.
Por ello, la Fiscalía solicita a la instructora que, conforme a la división acordada el 30 de julio, “se proceda por el Juzgado a la formación de pieza separada para instrucción y enjuiciamientos comprensiva de los pagos realizados por la Junta en los expedientes de Graficromo --incluida la asociación de extrabajadores-- y Taller de Libros”, y cite a declarar como imputadas a un total de 25 personas, entre las cuales hay varias ya imputadas en la causa.
Así, Anticorrupción solicita la imputación en esta pieza separada de los exviceconsejeros Agustín Barberá y Juan Francisco Sánchez, del exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez, de los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, del exdirector de la agencia IDEA Jacinto Cañete, de seis miembros del comité de empresa de Graficromo, de una persona que actuó como asesor de CCOO, y de tres responsables de Vitalia.
Graficromo, desde 1966
La Fiscalía relata que Graficromo se constituyó en 1966 y tenía por objeto social la realización de actividades correspondientes al sector y comercio de las artes gráficas, así como la producción y comercialización de toda clase de productos pertenecientes al sector y comercio del papel, declarándose su concurso voluntario el 14 de febrero de 2005.
Tras una suspensión colectiva de los contratos de trabajo, la administración concursal presentó el 22 de diciembre de 2005 un plan de liquidación de bienes y derechos que contemplaba la enajenación de la empresa a favor de Taller de Libros y una extinción parcial colectiva de contratos de trabajo, siendo por auto de 7 de febrero de 2006 del Juzgado de lo Mercantil cuando se autorizó la extinción de las relaciones laborales que mantenía la concursada con 23 trabajadores.
Así, se establecieron las indemnizaciones a favor de los mismos en una cuantía total de 300.000 euros, extinción e indemnizaciones “que habían sido acordadas entre la administración concursal y los representantes de los trabajadores”, señala la Fiscalía.
El papel de Guerrero
El 31 de marzo de 2006, Guerrero dirigió un escrito a la compañía de seguros Personal Life para que realizara una transferencia a favor de Apra Leven para formalizar la póliza de diez trabajadores de la empresa, mismo día en que le remitió otro escrito a Apra Leven mostrando su conformidad a que se suscribiera una póliza para diez trabajadores de Graficromo, comprometiéndose a abonarles en dos vencimientos 100.000 y 957.263,29 euros.
Según la Fiscalía, “las indemnizaciones percibidas como consecuencia de la extinción de los contratos de trabajo de los asegurados en la póliza no consta que se hayan destinado al pago de las primas de las pólizas, habiendo manifestado algunas de estas personas que fueron entregadas, total o parcialmente, a los miembros del comité de empresa sin que se haya acreditado hasta la fecha la aplicación dada a estas cantidades”.
La Fiscalía dice que, aunque no consta un informe específico de la Intervención General del Estado sobre los pagos realizados por la Junta a Apra Leven, “le son extensibles las conclusiones” reseñadas en otros informes, como que “en la concesión de esta subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, lo que “pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho”, mientras que “no consta solicitud formal de las ayudas” ni la aplicación “de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad”.
En su escrito, Anticorrupción pide a la juez que, “conforme a lo acordado en el auto de fecha de 30 de julio”, por el que se ordenó la división del caso en piezas, “se proceda por el Juzgado a la formación de las piezas singulares para iniciar/concluir la instrucción y posterior enjuiciamiento en términos análogos a los que se interesan en este escrito”.