La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha propuesto archivar la denuncia contra el coordinador del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, Benedicto Crespo-Facorro, desde hace año y medio hombre fuerte de la salud mental en la comunidad autónoma y mano derecha de la consejera de Salud y Consumo en la materia. Pese a que la denuncia había sido admitida por la OAAF al existir “indicios de posibles irregularidades”, como informó este periódico en otoño, parece que quedará en nada el presunto trato de favor por parte de la administración autonómica a la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, dirigida por el propio Crespo-Facorro.
Un informe de la Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la Junta de Andalucía fechado el pasado 25 de enero ha sido “un punto importante” para que la OAAF proponga dar carpetazo a una denuncia presentada contra el reparto de 7,1 millones de euros por parte de la Junta procedentes del Plan de Mejora de las Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria aprobado en abril por el Gobierno de España.
Según la propuesta, de la que la Consejería ha tenido conocimiento el 9 de febrero, “en los informes aportados al expediente se determina que la selección de los proyectos se efectuó siguiendo las premisas marcadas, la capacidad de ejecución de los proyectos presentados por la Plataforma Provinciales de Compras, la importancia e impacto del proyecto en la zona, la población y la cuantía que habían recibido en el plan anterior del año 2022”.
Fuentes de la Consejería ya dieron a este periódico en octubre la versión oficial, muy similar a la conclusión a la que llega la OAAF, casi textualmente. Dijo entonces la Junta que “los proyectos seleccionados se llevaron a cabo siguiendo las premisas marcadas desde la Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, órgano directivo con competencia en la materia, teniendo en cuenta la capacidad de ejecución de los proyectos presentados, la importancia e impacto del proyecto en la zona, la población y la cuantía que habían recibido en el plan anterior (año 2022), sin que haya habido ningún otro factor ajeno o de interés particular o espurio que haya podido influir en las decisiones tomadas”.
En cualquier caso, fuentes conocedoras del proceso comentan a este medio que el informe de la Junta es “un punto importante” para concluir la petición de archivo pero argumentan que desde su departamento de Investigación “se ha requerido muchísima información” y “la decisión no ha sido exclusivamente en base a ese informe”.
La citada Dirección General dependía hasta finales de 2020 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como cualquier servicio asistencial pero pasó entonces a depender del organigrama de la Consejería donde, por otra parte, no aparece en ningún caso Crespo-Facorro. El coordinador no tiene lugar específico en la estructura de la Consejería, siendo encargado oficial del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía y de estar detrás del nuevo Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones (PESMAA) en Andalucía, actualmente en elaboración.
Acerca de la denunciada participación de Crespo-Facorro en la asignación de los fondos investigados a los distintos proyectos presentados, la OAAF expone que “de la documentación obrante en el expediente se deduce que no entra en el ámbito de su competencia dicha función”, dice el documento, que no es recurrible en vía administrativa ni contenciosa. Desde la persona afectada por la denuncia se presentaron alegaciones a la denuncia el 3 de octubre, y desde la Secretaría General de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo se presentó escrito el 5 de octubre, teniendo que enviar más documentación al respecto, a petición de la OAAF, el pasado 3 de noviembre, añaden fuentes de la Consejería. Por entonces, esa Secretaría General estaba en manos de María Luisa del Moral, que firmó el nombramiento de Crespo-Facorro en octubre de 2022 y que ascendió a viceconsejera el pasado 27 de diciembre tras la dimisión del entonces número 2 de la consejera.
La OAAF cita textualmente el citado informe de la Dirección General de Atención Sociosanitaria donde se especifica que “el coordinador no participó en el procedimiento de selección de proyectos (...) la necesidad de presentar proyectos para el Plan de Acción fue transmitida a las direcciones de las unidades, tanto por correo electrónico como en las visitas que se llevó a cabo por centros, y el coordinador no ha tenido participación en ningún otro acto del procedimiento”.
La OAAF concluye además que “de los fondos destinados a proyectos de salud mental derivados del Plan Integral de Salud Mental en Andalucía para 2023, el montante asignado a proyectos de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla representa un 26,6 % del total, de modo que la afirmación de la denuncia de que la mayoría de los fondos han sido destinados a dicho hospital carece de verosimilitud”.
Crespo-Facorro, en 2020, cuando era jefe de servicio de la UGC del Virgen del Rocío que ahora dirige, fue acusado por el Sindicato Médico de crear una plaza de subdirección médica para salud mental a petición de él mismo para la designación de su esposa. Aquel nombramiento causó “sorpresa” y “extrañeza” en la propia área de salud mental del Virgen del Rocío, si bien desde el centro sanitario se defendieron por aquel entonces los cambios en la cúpula directiva del hospital pese a las tres “irregularidades” advertidas por el Sindicato Médico de Sevilla.
Tras el nombramiento de la consejera Catalina García en julio de 2022, Crespo-Facorro fue nombrado coordinador del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía apenas cuatro meses después del ascenso de la entonces viceconsejera, en noviembre de 2022, en sustitución de Javier Romero, director de la UGC de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga (Hospital Clínico). “Dada la necesidad de seguir desarrollando el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, se estima conveniente nombrar a la persona que coordine su implementación, agrupe todos los proyectos e impulse su desarrollo”, se decía en la resolución de la Consejería que nombraba a Crespo-Facorro y cesaba al tiempo a Romero.
Diversas fuentes apuntan precisamente a Javier Romero como la persona que ha denunciado ante la OAAF el reparto de las ayudas estatales por parte de la Junta, si bien no ha querido pronunciarse al respecto, pese a la insistencia de este medio, porque “nosotros solo somos un centro y tenemos que asumir los recursos que nos den, no somos los que repartimos”, explican ahora fuentes del hospital donde trabaja, instando a que este medio se dirija “a los que controlan este programa de reparto en Sevilla”, esto es, la Dirección General dirigida por Trinidad Rus, que depende de la citada Secretaría General, la Viceconsejería y la consejera en última instancia.
En el reparto final de los citados fondos estatales del Plan de Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria le correspondieron a Andalucía 7,09 millones del total de 38,5 millones, siendo la comunidad autónoma más beneficiada, según acordaron el 17 de abril el entonces ministro de Sanidad, José Miñones. Según fuentes consultadas, las dos unidades de salud mental de Málaga no vieron ni uno de los siete millones de euros repartidos por la Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, pese a que Málaga tiene similar envergadura que Sevilla en ese sentido. Otras fuentes comentan que Crespo-Facorro y Romero representan modelos radicalmente enfrentados en la psiquiatría, más allá de que el primero sustituyera al segundo hace algo más de un año en la coordinación de la salud mental andaluza.
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