No podía imaginar Antonio Fernández (consejero de Empleo entre 2004 y 2010) que aquella larga madrugada en los juzgados de Sevilla el 24 de abril de 2012, tras cuatro días de declaraciones, iba a tener semejantes consecuencias. De allí a prisión preventiva acusado de seis delitos. Cuatro años y medio después, acumula peticiones de condena de la Fiscalía Anticorrución por 28 años de cárcel en sólo tres de las piezas de la causa. Es aún incalculable a cuántos años se enfrentará ya que se siguen formando piezas por las ayudas que se investigan, medio centenar hace escasamente un mes.
Las culpas le vienen hasta de su 'empresa', la Junta de Andalucía, que le pide seis años y medio de cárcel por la ayuda sociolaboral concedida a la empresa Acyco. La Administración, que actúa como acusación en la causa, le exculpa en cambio por el ERE de Surcolor pese a que fueron incluidos dos 'intrusos' (personas incluidas en el expediente sin haber trabajo nunca para la empresa). En la pieza política, la Fiscalía le achaca presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
Antonio Fernández es, sin duda, el exalto cargo más castigado por la instrucción del caso ERE. Ha sido el único exconsejero que fue enviado a prisión preventiva, de la que salió en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza. Ha llegado a pedir una pensión alimenticia de 1.840 euros al estar al borde de la “indigencia”.
Fernández también fue el primer imputado por la jueza Alaya en la causa de los cursos de formación, ya archivada, y en el caso ERE arrastra un gran número de gestores en Empleo como los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, o los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. En 2009, Griñán le renovó al frente de la Consejería, aunque un año después fue uno de los consejeros que salió de la etapa de Manuel Chaves heredada por Griñán. Un año después (2011) fue imputado en los ERE y otro año después (2012) dio con sus huesos en prisión por espacio de cuatro meses.
Una división perjudicial
La situación creada tras el despiece de la causa en piezas separadas, que conlleva un juicio para cada ayuda concedida de manera presuntamente irregular (más de 200), afecta de manera más importante a investigados como este exconsejero, cuyo cargo de viceconsejero (2000-2004) y consejero de Empleo (2004-2010) le hacen estar presente, de alguna manera, en la mayor parte de las ayudas.
Su abogado ha insistido en sus sucesivos escritos dirigidos al juzgado que aquella división se planteó para “examinar separadamente, de un lado y en primer lugar, el venido a denominarse como procedimiento específico y, de otro, las consecuencias dispositivas del mismo”. Fernández arguye “falta de intervención” en muchos casos en los que se ha visto inmerso y ha pedido incluso ser apartado de todas las piezas.
La jueza Núñez Bolaños, avalada por la Audiencia, acordó “la división de la causa en una primera pieza relativa al procedimiento específico (de concesión de las ayudas investigadas), una segunda relativa a las sobrecomisiones y un tercer bloque para el que habría que abrir un número no inferior a 200 piezas incoando una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas”. Y agregaba: “Todo ello sin perjuicio de las piezas que puedan abrirse con ocasión de las diligencias que se practiquen en cada una de las piezas que se resuelve dividir”. El pasado octubre impulsó la formación de 48 piezas separadas más.
En la pieza del procedimiento específico se acusa a 26 exaltos cargos, según qué caso, de eludir los controles establecidos y, a través de modificaciones ilegales de partidas presupuestarias, obtener fondos públicos y establecer el modo de gastarlos de manera arbitraria y discrecional. En las dos ayudas concretas que ya esperan fecha de juicio (de 2,3 millones a Surcolor y de 3,2 millones a Acyco), las acusaciones se las reparten, en el apartado 'político', entre Antonio Fernández y otros cinco exaltos cargos autonómicos.
Para Fernández, los ERE no acaban aquí. Núñez Bolaños le ha citado como investigado, por su intervención en una ayudas de 6,3 millones de euros concedida en 2001 a la empresa Yogures Andaluces S.A. (Yogan). En otro auto del pasado día 20, la misma magistrada le imputaba por 18 ayudas supuestamente irregulares concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, los exalcaldes socialistas de Guadalcanal y El Real de la Jara (Sevilla), Carmelo Montero y José Antonio Méndez, respectivamente. Y al caso ERE le restan muchas ayudas y muchas piezas por cerrar.
Hace apenas unos meses, la Audiencia de Sevilla destacaba en un auto las “altas responsabilidades” de Fernández en el caso ERE al confirmar una vieja resolución de Mercedes Alaya en la que le amplió su imputación por las ayudas a Cydeplast, Nazapet e Inverjaén.