El “agujero negro” de las personas sordas y sordociegas en las cárceles españolas sigue siendo oscuro a tenor de la denuncia que ha difundido este jueves la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) con motivo del Día internacional de la Lengua Materna. La asociación ha publicado una guía que analiza las “devastadoras” condiciones en las que se encuentran estas personas, debido a la “discriminación, incomunicación y aislamiento a los que sistemáticamente se las condena”.
La APDHA reconoce tímidos avances en la materia, como fue en mayo de 2018 la firma del 'Protocolo de actuación para personas con discapacidad en el medio penitenciario' que, a su juicio, “resulta insuficiente e ineficaz” y no salva el hecho de que “actualmente el derecho a la accesibilidad universal y el derecho a vivir de forma independiente, como prevé la normativa nacional e internacional, no están garantizados en las prisiones”.
Por ello, según ha indicado en rueda de prensa la coordinadora del área de cárceles de la APDHA, Ana Castaño, consideran urgente y necesaria la firma de un convenio de colaboración entre Instituciones Penitenciarias y las entidades que trabajan con las diversas discapacidades para que se forme al personal, se creen materiales de lectura fácil y se incorporen sistemas de interpretación de lenguas en las cárceles. El compromiso del Gobierno era firmar dicho convenio antes de mayo de 2019 y, según ha lamentado Castaño, ese plazo no parece que vaya a cumplirse.
La guía, que pretende facilitar el conocimiento, la denuncia y la defensa de estas situaciones, es fruto del acompañamiento realizado a personas presas que ha permitido constatar la “vulneración sistemática” de los derechos de la población con discapacidad sensorial en las cárceles.
“Los centros penitenciarios no están adaptados. Estas personas viven en su día a día numerosas situaciones de trato inhumano y degradante en nuestras prisiones, excluidas de un sistema que no contempla sus necesidades comunicativas, por ejemplo, incapaces con frecuencia de comprender instrucciones ni de transmitir posibles abusos o amenazas, no pueden ejercer sus derechos de defensa, información, tratamiento penitenciario, asistencia médica, participación en cursos, beneficios penitenciarios, formulación de peticiones, quejas y recursos, comunicación con familiares. Además, son sancionadas por hechos que tienen su origen en su discapacidad, como no atender órdenes o no responder a directrices transmitidas por megafonía o avisos, como la sirena para el recuento en celda, entre otras muchas cuestiones”.
“Dejación de responsabilidades”
Son claves la ausencia de sistemas de interpretación de lengua de signos, intérpretes, así como el desconocimiento de medidas de apoyo a la comunicación oral por parte del personal funcionario de prisiones –como hablar claro, sin taparse la boca, garantizando la visibilidad facial, utilizando vocabulario comprensible, etc.-.
Además, se vulneran sistemáticamente los derechos de las personas sordas y sordociegas ante la imposibilidad en la práctica de revisar y realizar mantenimiento de las prótesis auditivas e implantes cocleares por parte de audioprotesistas y programadores de implantes, que dejan inservibles estos mecanismos y, por tanto, impide la comunicación de estas personas. A esta dificultad se le añade la imposibilidad de comprar en el economato pilas, cables y antenas, entre otros elementos, para que funcionen las prótesis auditivas e implantes.
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno, el número de personas sordas e prisión es de 110 (99 varones y 11 mujeres), el 2% de la población penitenciaria.
La asociación denuncia que la situación es consecuencia de la dejación de responsabilidades por parte de las administraciones en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional. A ese respecto, recuerda que el 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo legal para que las administraciones públicas incorporen la lengua de signos y las tecnologías que facilitan su uso en todos los entornos en los ciudadanos tengan la necesidad de interactuar.
También es necesario respetar, aseguran, los compromisos internacionales suscritos por España a través de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y sus Protocolos. Por ello, la organización exige a Instituciones Penitenciarias el cumplimiento de los derechos de las personas establecidos en la legislación.