El juzgado de instrucción de instrucción número 4 de Jaén ha acordado archivar la investigación sobre los cursos de formación en la provincia que se seguía contra la exdirectora provincial del SAE Irene Sabalete y otras 14 personas más, entre técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento, al no haber encontrado “irregularidad alguna en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones”.
Según el auto, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, “no existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta destina al pago de tales subvenciones” fueran “malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia administración, a no probarse lo contrario ni aun indiciariamente, ni que la propia administración a través de sus responsables, ordenaran, indicaran o indujeran a realizar actuaciones u omitirlas que permitieran que terceros, sin relación probada con la administración más allá de lo que policialmente se expone y no se acredita, se beneficiaran torticeramente de tales fondos”.
De hecho, a juicio del juez, “resulta manifiestamente absurdo, salvo que se aleguen y no se prueben, finalidades espúreas por los responsables de la administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral”.
El auto asegura que “la actuación de los técnicos examinada no aparece irregular en absoluto”, recuerda que existían “auditorías” de los expedientes y tampoco observa “actuación ilícita” ni en los jefes de servicio o de departamento y “menos aún” de la directora provincial, Inés Sabalete, “cuya actuación solo rubrica la labor previa de examen, control y fiscalización”.
“Evitar una pena de banquillo innecesaria”
“Si el fraude investigado no alcanza el 15 por ciento de la totalidad de la cuantía destinada al pago de subvenciones, si tras el examen de los expedientes y sus requisitos la propia administración incoa expedientes de reintegro y ha conseguido la restitución de lo indebidamente abonado o está en trance de hacerlo, incluso en vía de apremio, parece cuando menos innecesario realizar mayores apreciaciones sobre la inexistencia de fraude generalizado, por lo que a la provincia de Jaén respecta”, destaca el juez en su auto, donde defiende el archivo de las actuaciones “en evitación de la pena de banquillo innecesaria por lo expuesto”.
El auto afecta a los 15 técnicos y exresponsables provinciales del SAE en Jaén “sin perjuicio de la incoación de tantas piezas separadas como empresas, personas o centros beneficiarios de subvenciones e investigados en estas actuaciones existan y el dictado de las resoluciones oportunas de archivo de las mismas o bien su continuación en algunas de ellas, por economía procesal y orden del procedimiento”.
Mediados de 2014
El juez relata que las actuaciones comenzaron el 20 de junio de 2014 a raíz de un informe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal que exponía “la existencia de posibles irregularidades en la concesión de subvenciones por parte del Servicio Andaluz de Empleo en la Provincia de Málaga que se extiende, a juicio de los investigadores, a todas las provincias andaluzas con vulneración sistemática” del decreto de ordenación de formación profesional para el empleo.
El magistrado recuerda que la Policía señalaba en ese informe haber observado conductas que podrían constituir “delitos de fraude en la obtención de subvenciones, estafa, falsedad documental y probables delitos de malversación y/o prevaricación”. En su auto, el titular del juzgado asegura desconocer “los criterios de selección” por los que la Policía seleccionó a las empresas investigadas, ya que se investigaron 25 de las 195 compañías que obtuvieron ayudas en virtud de la orden del 1 de marzo de 2011. Según el juez, aunque el fraude se cifraba inicialmente en 2.726.913,75 euros, la Fiscalía solicitó el pasado 28 de abril el archivo respecto de seis de dichas empresas, alcanzando “el total de lo que policialmente se entendía defraudado” a 598.237 euros.
Discrepancias con la tesis policial
Frente a la tesis policial de que la “cúpula de cargos y técnicos del servicio (andaluz de empleo), prevarican, falsean o malversan caudales públicos en sus diferentes intervenciones para el otorgamiento de las subvenciones referidas o su control”, el juez considera que no puede imputarse “irregularidad alguna en el control que la administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones”.
El juez asegura que, en este caso, por parte de la Administración, “se establecen fases de control, documental y con las oportunas visitas de técnicos sin que se detecten irregularidades relevantes” y advierte de que “no existe la posibilidad de control absoluto de todas las actuaciones que realicen los particulares regladas por la administración”, citando como ejemplo “los posibles fraudes que se cometen por particulares en relación a sus respectivas obligaciones tributarias, algunos de ellos también integrantes de otras administraciones a las que saquean, para lo que basta examinar la prensa diaria”.
El auto concluye que “las irregularidades detectables en todos los casos fueron puestas de manifiesto y ninguna de ellas con entidad para solicitar la paralización o finalización del curso, más allá de las consecuencias que las mismas o el examen de la documentación revelara y que provocara la incoación y tramitación de los oportunos expedientes de reintegro”.
Investigaciones en 18 juzgados
El de Jaén es un auto de archivo como el que ya se ha decretado en otros juzgados andaluces respecto a los cursos de formación que aborda el fondo del asunto y con personal de la Junta implicado. En total, son 18 juzgados de instrucción, aunque algunos pidieron en su momento su inhibición a favor del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que llevaba la jueza Mercedes Alaya y que fue quien dio el giro de la investigación hacia la Administración.
Ese juzgado está ahora en manos de María Núñez Bolaños. Como hizo con el caso ERE el pasado verano, también acordó dividir en piezas la 'macrocausa' sobre los presuntos fraudes en la gestión de fondos públicos dirigidos a cursos de formación en Andalucía. En concreto, optó por separar nueve piezas, amén de las que puedan ir surgiendo. Las investigaciones judiciales son producto de cinco grandes operaciones policiales, más de 300 detenidos y decenas de empresas bajo sospecha son los datos de unas pesquisas que comenzaron en 2012.
Auto Archivo de la investigación de Fondos de Formación