El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha archivado cuatro de las piezas relativas a empresas investigadas en el caso por las presuntas irregularidades en dos de las convocatorias de subvenciones para cursos de formación para desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado como caso 'Edu'.
Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que en los autos dictados se indica que el sobreseimiento es provisional y han señalado que se está pendiente de que las resoluciones sean firmes.
Estos sobreseimientos se producen después de que la Fiscalía de Málaga, tras analizar uno por uno cada caso, y una vez de que declaró la mayoría de los responsables de las empresas investigados, instara el archivo de 18 piezas relativas a otras tantas sociedades, al considerar que no había delito de fraude de subvenciones, ya que el dinero recibido no superaba en ningún caso los 120.000 euros que requiere la ley.
Las pesquisas se han centrado en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se investigaron diez sociedades. El Juzgado de Instrucción número 8 abrió 27 piezas --al margen de la principal--, una por cada firma; aunque luego se quedaron en 26 al acumularse dos de ellas por haber una relación entre las sociedades.
Las actuaciones se iniciaron a raíz de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que en sus primeros informes apuntaban a una supuesta falta de justificación de los cursos, que a veces no se llegaron a dar y al incumplimiento del compromiso de contratación, así como a la falta de control posterior por parte de la administración regional.
Tras analizar cada pieza, el fiscal no solicitó el archivo de otras ocho piezas relativas a empresas, al verse en algunas indicios de delito de falsedad o irregularidades que, aún sin superar ese dinero, “son patentes”, tal y como se requiere para que se enmarque en el ámbito penal.
Asimismo, tampoco pidió el sobreseimiento de la pieza principal, donde se investiga la actuación de políticos y funcionarios. De hecho, el exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía Juan Carlos Lomeña fue a declarar en el juzgado y defendió la legalidad de los cursos, señalando que “no hay menoscabo de fondos públicos”. También fue la exjefa de servicio.
Dentro de esta pieza principal, el juzgado tiene previsto retomar esta semana las declaraciones. En concreto, el próximo viernes día 23 de septiembre está previsto que comparezcan en el juzgado dos funcionarios.