La primera huelga de abogados funcionarios de la Administración en España ha arrancado este lunes en Andalucía con un seguimiento del 85%, según coinciden fuentes del Servicio Andaluz de Salud y de los letrados de la Administración Sanitaria de la Junta, colectivo convocante. La semana pasada la administración autonómica “se descolgó con un acuerdo vacío de contenido que supone un claro retroceso en las negociaciones previas”, lamentan los abogados, que acordaron mantener la convocatoria de huelga ante la “falta de una propuesta concreta y significativa para resolver” las reivindicaciones planteadas.
Esas reivindicaciones pasan por que la Junta apruebe un reglamento que regule convenientemente la asistencia jurídica que los letrados prestan al SAS y que no termina de aprobarse porque no se ha previsto aún la partida necesaria para ello, tampoco en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2024 recientemente aprobado.
En un comunicado los letrados han afeado que “lo único que ofrece” la Junta para “resolver el conflicto” es “crear un grupo de trabajo en el que haya representantes de los órganos directivos implicados y de los letrados del SAS” para “empezar a negociar y trabajar en el texto del Decreto fuera de la presión de la convocatoria de huelga”.
“No podemos retroceder al principio y volver a confiar en palabras y compromisos que no se cumplen”, han señalado los letrados, que abundan en que la situación que les lleva a la huelga “se suma a la deficiente gestión de la sanidad andaluza y que perjudica al propio Servicio Andaluz de Salud y sus profesionales”.
“Resulta sorprendente --continúa el comunicado-- que lo que propone la Administración sea lo que ya se ha trabajado desde hace cinco años”, en referencia a que el texto del Decreto “ya ha sido elaborado y ha ido cumpliendo los trámites preceptivos para su aprobación, encontrándose en la fase final de la tramitación, a falta del informe de Hacienda”.
Los letrados han reprochado que “no es de recibo” que “cambios” acometidos en el SAS “perjudiquen y retrasen la aprobación de un reglamento que ya está avanzado y paralizado por la negativa del Gobierno andaluz a destinar una partida presupuestaria para solventar un problema que arrastra desde hace años”.
La plantilla sostiene que la Administración ha cumplido “formalmente” su “obligación de negociar, pero sin que exista una intención real de solucionar el conflicto”, en alusión a que “hasta ahora, ni la Consejería de Salud, ni el SAS, ni la Consejería de Administración Pública, ni la de Hacienda, ni el presidente de la Junta han asumido obligación real alguna que permita alcanzar una solución al conflicto”.
Fuentes del SAS citadas por Europa Press señalan que “el objetivo del Gobierno andaluz es ordenar y regularizar el funcionamiento, estructura, organización y funciones vía Decreto de este cuerpo recién creado por la Ley de Función Pública”. En cuanto a los servicios mínimos, ambas partes han acordado que “no puede considerarse un servicio esencial” el afectado por lo que “no se han fijado” dichos servicios mínimos.
No obstante, la Administración ha comunicado que, “en función del desarrollo de la huelga y de las necesidades que puedan darse con respecto a determinados servicios de este cuerpo de letrados, podría ser de nuevo convocado el comité de huelga para renegociar” posibles servicios mínimos, han apuntado las fuentes consultadas.
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